Marcela Quero

Marcela Quero

El fracaso de la articulación entre Ciencia y Política en la Izquierda Posdictatorial

En los últimos cinco años, han emergido una serie de nuevos centros de pensamiento que se reconocen de derecha, centro o izquierda. A su vez, se ha publicado diversos libros y columnas de opinión que se proponen producir ideas nuevas que aporten a la posición política que dicen defender. Aparecen, de esta manera, nuevos actores y figuras en la esfera del discurso político, con la intención de influir en el curso de las propuestas partidarias y del sistema político en general. Se observaría, entonces, la necesidad de oxigenar y actualizar la construcción de la política implementada en los últimos 25 años, la cual hoy se encontraría, según ellos, en una fase terminal.

 

En la derecha política, durante el 2015, una serie de columnistas alzan la voz ante lo que perciben como una “crisis intelectual” del sector. A ello agregan comentarios y citas de libros recientemente producidos en torno a esta tesis, dando cuenta de la emergencia de nuevas ideas que pudieran abrir el paso a superar la crisis. Cristóbal Bellolio, como exponente de columnistas de una nueva derecha, argumenta que esta situación se debe a la desvinculación de los políticos profesionales (ensimismados en la lógica parlamentaria y electoral) con los nuevos intelectuales que tienen los poderes de dar un sustento doctrinario y de articular un relato en torno al proyecto derechista. Sin embargo, el miembro de Red Liberal ve una luz al final del camino tras un escenario que observa como dinamizado ante las nuevas y jóvenes apuestas que emergen fuera de los think tanks tradicionales como el CEP y el Instituto Libertad, fundando instituciones propias y dando oxígeno a las existentes.

 

Por su parte, los autodenominados de izquierda también se han embarcado en la empresa de construir nuevas organizaciones productoras de ideas y comunicaciones. Quizás de una manera menos defensiva, en las columnas de opinión de este sector se expone visiones de corte más optimista, señalando que a medida que han pasado los últimos años se han multiplicado las organizaciones que están abocadas a dicha función. Además de los ya clásicos Fernando Atria o Alberto Mayol, estarían generándose un mayor número de organizaciones de este tipo, vale decir, organizaciones abocadas a abrir los límites de “la política de los consensos”, denunciando la corrupción en la política.

 

No obstante, el problema no estriba en la construcción de nuevos relatos, en la actualización de los análisis o en la denuncia de la corrupción en la política; sino en la vinculación real entre política y ciencia, y entre política y transformación social, apuesta que hoy no es relevada en ningún centro de pensamiento de izquierda. Por un lado, no se cuestiona la actividad de investigación, dado que “los investigadores parecerían estar fuera de la explotación capitalista”, y por tanto no se sabe cómo ser parte de un proyecto político subsumiendo su praxis investigativa a las demandas inmediatas de grupos movilizados que se enfrentan al statu quo (si es que populares, generalmente de las clases medias en el Chile actual). De esta forma, hoy día no se reconoce el rol estratégico que tiene la investigación científica como praxis dentro de la construcción de un proyecto político revolucionario, y se reduce a una simple herramienta que otros grupos tienen a su disposición. Y, por otro lado, estos centros de investigación no se la juegan por una revolución en el país. Y es que después de los 70’, una de las bases del potencial del proyecto emancipador no se volvió a articular: la vinculación entre ciencia y política.

 

No toda praxis investigativa y no todo conocimiento son estratégicos para avanzar hacia el horizonte revolucionario, por lo que necesitamos una revolución científica y política que ofrezca un programa de investigación que dialogue con el pueblo, con aportes sustantivos sobre la realidad.

El comportamiento del Estado en las elecciones municipales 4 de abril de 1971

El objetivo de esta columna es revisar los sucesos anteriores y posteriores a las elecciones municipales del 4 de abril de 1971, donde es posible identificar decisiones  de sujetos que ejercieron roles políticos de importancia en el proceso de la Unidad Popular. El interés radica en saber por qué estos sujetos tomaron las decisiones que tomaron en el contexto de la lucha de clases concreta durante aquel momento histórico, y cuáles fueron las consecuencias sociales de dichas decisiones.

 

Se entenderá que toda explicación coyuntural es multifactorial, es decir que múltiples mecanismos entran en juego en la formación de tal coyuntura, siendo los mecanismos de la esfera de la producción los que determinan en última instancia las interacciones sociales y la lucha de clases, contexto en donde los sujetos toman decisiones. Esto no implica que la producción sea el primer ni el último campo de acción humano, sino que es el más importante desde un punto de vista del éxito de las acciones y en torno a los aspectos mecánicos del devenir estructural de las sociedades, es decir, las personas tienden a él. Otros elementos relevantes son el salario, la productividad y unidades domésticas, aspectos militares, cantidad de armas y organización militar, entre otros.

 

Dejando de lado las acusaciones de culpabilidad y trabajando con la premisa de que la derrota que vivió la clase trabajadora sufrida hace más de cuatro décadas no era inevitable, es que se analizan los sucesos anteriores y posteriores a las elecciones municipales de abril de 1971. El objetivo último es obtener referencias para las decisiones políticas en la actualidad a partir de este proceso, el más álgido de la lucha de clases en el siglo XX chileno.

 

 

Elecciones municipales 4 de abril de 1971: libertad política e institucionalidad

 

Luego del triunfo de Salvador Allende y de la coalición de partidos que lo apoyaba –Partido Comunista, Partido Socialista y Radicales, entre otros- en 1970, las fuerzas allendistas obtienen el 48,6% de los votos en las primeras elecciones municipales del 4 de abril de 1971. Ello se enmarca en una serie de eventos relevantes para la lucha de clases del periodo, entre los cuales se puede nombrar: (1) los primeros días de 1971, el Ministerio de Agricultura, con Jacques Chonchol a su cabeza, se traslada a Cautín durante 45 días para acelerar la Reforma Agraria en la región, ello en respuesta a las presiones de mapuches y campesinos a través de las corridas de cercos y la toma de fundos, donde la toma del fundo Rucalán por la comunidad Nicolás Ailío resulta un hito fundamental. (2) El 28 de abril del mismo año, los trabajadores se toman la empresa Yarur y la declaran “Territorio libre de explotación”, haciendo valer el programa de gobierno y el compromiso de Salvador Allende de su expropiación en el marco de la política de nacionalización de empresas y bancos y la creación de las áreas social y mixta de la producción. El gobierno, por su parte, logra llevar a cabo esta política a través de los resquicios legales instituidos en la junta de gobierno de 1932, pues el intento de promulgación de una ley fracasa. Además, debe reducir de 253, como decía el programa, a 90 empresas las a expropiar, bajo el criterio de tener un activo neto superior al millón de dólares. (3) El 12 de mayo de 1971, estudiantes de derecha anuncian una manifestación en la ciudad de Concepción, frente a lo cual es convocada una contramanifestación por organizaciones de izquierda. El portavoz de gobierno condena todo tipo de violencia y el alcalde de la ciudad, ambos del Partido Comunista, prohíbe cualquier manifestación y llama a carabineros a reprimir a uno y otro bando, lo que da por resultado un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria muerto. (4) Este tipo de actitud del gobierno se repite en los casos antes citados. Frente a la toma de Yarur, Allende responde “los procesos (revolucionarios) exitosos se hacen con una dirección férrea, consciente, no al lote”; y frente a las ocupaciones de tierra, el presidente llama a tener paciencia y esperar el proceso legal. (5) El 16 de julio de 1971 ocurre uno de los hitos más recordados del proceso, pues se publica la ley n°17.450 de estatización de la gran minería del cobre con el apoyo unánime del Congreso Nacional, lo que daba luces de un proceso que se veía prometedor.

 

En definitiva, se observa un complejo proceso de movilización social anclado en la agudización de la lucha de clases. En este contexto, ¿por qué no es cristalizado el proceso con la disolución del Congreso y la convocatoria a una Asamblea del Pueblo, tal como el programa de gobierno lo establecía y tal como fracciones del Partido Socialista y sectores de la clase obrera solicitaban? ¿Qué alternativas y referentes se manejaban en aquel momento y qué herramientas se tenían? Para responder estas preguntas, podemos identificar al menos dos elementos fundamentales de la acción de la Unidad Popular como gobierno, (1) la legalidad y las libertades políticas, y (2) la institucionalidad.

 

(1) Con respecto a lo primero, ¿qué significa para Allende y sectores de la Unidad Popular el haber conquistado la legalidad y las libertades políticas? En el discurso del 1º de mayo de 1971 Allende destaca que por primera vez en la historia, dentro de los cauces legales y de las leyes de la democracia burguesa, se había alcanzado el gobierno y las libertades políticas. Se habla principalmente de las características procedimentales mínimas de un régimen democrático, entre ellas, las reglas que regulan el paso del poder político de manera pacífica por medio de elecciones regulares; la existencia de un sistema de partidos de amplio espectro; la negociación para solucionar los conflictos políticos y sociales; y la participación política a través del sufragio. A diferencia de otros periodos históricos en Chile, estos elementos se hacían efectivos sobre todo con la participación política de la ciudadanía a través del sufragio. Allende le confiere aquello un gran valor, pues compara la realidad con las décadas anteriores. Antes de 1958 se mantenía excluidos del voto, por ejemplo, a campesinos, y existía los “cotos vedados” controlados social y políticamente por terratenientes, lo que les aseguraba una base electoral que los dotó de un gran poder político. Así, se consideraba los recientes avances de la clase trabajadora como cristalizaciones del proceso de lucha de clases que debían ser resguardados y defendidos como fines en sí mismos, y no asumirlo como medios del proceso revolucionario que excedía al aparato estatal y su institucionalidad.

 

Pero, ¿era dicha libertad política parte de la libertad revolucionaria del horizonte estratégico de construcción del socialismo? Respondemos que no. Primero, aquellos elementos no vuelven democrático un régimen de por sí, pues la libertad revolucionaria en un contexto de democracia de los trabajadores y para los trabajadores significa algo distinto. La libertad revolucionaria supone definir necesidades concretas en la realidad concreta, poniendo énfasis en el qué se produce, quién produce, para quién, cómo, cuánto, etc. La libertad se realiza “por” y “en” referencia a otros, así uno solo se puede desarrollar plenamente si todos los demás también pueden hacerlo. Este desarrollarse plenamente significa una superabundancia creativa sobre lo que es materialmente esencial, rebasa aquello y se convierte en su propia referencia. Con ello, los avances democráticos, consideramos, no resultan un fin en sí mismo de democratización, sino más bien un medio, una herramienta, que la clase cristaliza para avanzar y vencer a la clase capitalista.

 

(2) Ahora entrando al segundo punto en torno a la institución estatal, ¿qué significa para Allende y la coalición de la UP el haber ocupado una parte del Estado? También en el discurso del primero de mayo de 1971, se señala, “una parte del Estado está en manos de los trabajadores a través de los partidos populares y de la Central Única, que representa todos los niveles de la organización sindical. Y si digo una parte del Estado es porque hay otros poderes independientes, como el Judicial o como el Legislativo, donde no tenemos mayoría. (…) Hoy, tienen que entenderlo, los trabajadores son Gobierno; el pueblo es Gobierno. El sector público no está financiando a una minoría. Está poniendo los excedentes económicos al servicio de ustedes, al servicio del pueblo y de Chile. Por eso es necesario mirar desde otro lado de la barricada, para asumir la responsabilidad, la enorme, la trascendente responsabilidad que implica ser Gobierno”.

 

Como se puede observar, Allende y la coalición de la UP sostienen que el poder popular del pueblo ya estaba presente en uno de los puestos del Estado –en el ejecutivo-, mientras en otros no –en el legislativo y judicial-. Se puede observar que se entendía que el carácter de clase lo daba la pertenencia de los puestos claves del Estado por una u otra clase. Se comprendía al Estado – a primera vista- como una cosa a ser tomada, como un instrumento neutro y pasivo , de ahí que para revertir las relaciones de fuerza frente al capital, los trabajadores debían apropiarse del aparato estatal y conducirlo a su favor. Es decir, se entendía que las clases mantenían una relación de exterioridad con el Estado, no confiriéndole autonomía y dejando entonces oscurecida la decisión política-táctica de llamar a una Asamblea del Pueblo, pues observaban como alternativa real el conducir el proceso a su favor dada la apropiación del y desde el ejecutivo. Sin embargo, se observa que el Estado se comportó como una relación en donde se condensaron materialmente las clases y fracciones de clases y donde se manifestaron sus contradicciones, en este caso entre aparatos y ramas del Estado y dentro de cada una de ellas. Ello derivó en la dominación compleja de un aparato o rama del Estado sobre otro. Esto no quiere decir que el Estado no haya funcionado también como instrumento-máquina de la clase dominante, pero dicho comportamiento al parecer es más evidente en periodos históricos menos álgidos en la lucha de clases. Ello se condecía con la dirección que el movimiento obrero se había dado a sí mismo durante la Unidad Popular y luego de décadas de constitución como fuerza social, lo que se observa en las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores de mayo de 1972 donde el Partido Comunista obtiene un 31,8%, el Partido Socialista un 27,1% y la Democracia Cristiana un 26,6% de los votos, mientras organizaciones más radicales (el Frente de Trabajadores Revolucionarios, la Unión Socialista Popular, el Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento Sindical Libertario) obtienen un magro 3,5%. Así, los aparatos de conducción de la clase trabajadora, tanto en el gobierno como fuera de éste, estaban hegemonizados por lo que hemos llamados fracciones reformistas de la misma clase trabajadora, quienes compartían las apreciaciones aquí expuestas.

 

 

La Reconstrucción del Horizonte Revolucionario en la Actualidad

 

En definitiva, ¿por qué no se convoca a una Asamblea del Pueblo luego de las elecciones municipales de 1971? En esta columna se defiende que son dos lecturas erradas de las condiciones de aquel momento las que sostuvieron tales decisiones. Primero, se observaba como alternativa real la conducción del proceso revolucionario desde el Estado, el cual se comprendía como un instrumento neutral a ser utilizado por la clase trabajadora. Y, segundo, en el proceso de agudización de la lucha de clases, Allende y sectores de la Unidad Popular observan el peligro de perder los avances democráticos del movimiento popular cristalizados en el aparato estatal, lo que los lleva a legitimarse en el aparato existente con la pretensión de reducir dicho peligro. En este contexto, la disolución del Congreso y convocatoria a una Asamblea del Pueblo no era la alternativa más correcta a sus ojos, dado que podía hacer peligrar las posiciones ocupadas en el Estado y los mecanismos democráticos que hicieron ello posible.

 

Estas dos lecturas persisten en la actualidad, ya sea por un ansia de ciertos sectores políticos de izquierda por ocupar puestos del Estado; como por la valoración ensimismada de avances democráticos, sin preguntarse por las posibilidades de que estos avances sean instrumentalizados por la clase trabajadora a su favor. Así, este tipo de análisis y de crítica adquieren actualidad en la necesidad de abrir las posibilidades tácticas que aporten a la reconstrucción del horizonte revolucionario en la actualidad mediante la investigación social y el aporte de elementos que permitan leer correctamente los avances democráticos del movimiento popular en el capitalismo, así como también el comportamiento del aparato estatal.

 

 


Es preciso señalar que sólo a partir de los años setenta el debate sobre el Estado capitalista en la teoría marxista muestra un crecimiento exponencial, lo cual, evidencia una multiplicidad de enfoques y perspectivas que toman como base la teoría desarrollada por Marx, para explicar la naturaleza del Estado a la luz del desarrollo capitalista y las transformaciones en los planos económico, político y cultural.

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La doble estrategia: confusiones de los límites del Estado y la sociedad civil en la vía institucionalista

Continuando con nuestra Serie Izquierda Chilena y Construcción Poder, habíamos dejado pendiente, luego de las columnas “las trampas de la estrategia institucionalista”, el desarrollo de algunos errores teóricos que fundamentaban esta estrategia y su aplicación a la realidad nacional concreta.

Al hacer la revisión de las estrategias de las distintas apuestas políticas actuales, veíamos específicamente que algunas no tenían UNA estrategia sino una DOBLE estrategia: por un lado, trabajan para la obtención de poder en los espacios del Estado y, por otro lado, se trabaja en la construcción de “poder popular” en el pueblo. En esta columna nos abocamos a discutir dicha estrategia.

Esa doble estrategia…

La pregunta que nos hacemos es, ¿qué errores sustentan esa doble estrategia? Lo que vemos en términos generales es que se invisibiliza las diferencias que existen entre el Estado y la sociedad civil, entendiendo a ambas estructuras como un continuo sin mayores diferenciaciones entre ellas. Dadas las características particulares de la sociedad chilena actual, las apuestas politicas de la doble estrategia ven al Estado como un Estado
neoliberal “total”, es decir, que todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, ya sean públicas o privadas, son parte de este Estado que funciona como una totalidad, aunque no sean estrictamente parte de él. Esta casi nula diferenciación entre ambas estructuras se transforma más bien en la preponderancia de la estructura de la sociedad civil por sobre las características particulares del Estado. Es decir, hoy viviríamos bajo una “sociedad civil total”.

Dado dicho análisis, resulta lógico, por lo tanto, que la “guerra de posiciones” sea la estrategia correcta para efectuar la lucha revolucionaria, es decir, ir ocupando espacios ya sea en el Estado o en la sociedad civil sin diferenciaciones. El concepto claramente relacionado con esta estrategia es el de hegemonía y consenso, y así lo fundamental y decisivo sería convertir ideológicamente a esta “sociedad civil total” para ir realizando de a poco los cambios estructurales pertinentes.

Resulta lógico también el entender que la acumulación de poder en la sociedad civil pueda ser transferida inmediatamente al Estado. Lo hemos visto con las candidaturas parlamentarias estudiantiles del Partido Comunista y del Autonomismo recientemente. Hoy día, particularmente, nos encontraríamos con posibilidades reales de confiar en nuestra democracia actual para ir transformando procesualmente el Estado, con el horizonte estratégico, en algunos casos, de su desaparición como aparato estatal burgués y de la construcción del socialismo.

Sin embargo, si nos aproximamos a un análisis específico del Estado chileno y a su sociedad civil, vemos que se le está confiriendo demasiado poder para generar hegemonía. Ambas estructuras no tienen capacidad de movilizar al pueblo y de producir política, dadas sus características típicamente clientelistas. Hoy día, dichas instituciones ya no ocupan el lugar estratégico que tenían en el Estado de compromiso, están vacíos de proyecto y representatividad, al contrario de cómo funcionaban antes de 19801. Vivimos bajo un Estado y sociedad civil distinta, y no vemos indicios de que éstas cambien. Por otro lado, lo que nos dice la cultura política chilena es todo lo contrario, las posiciones del Estado y la sociedad civil solo sirven después que la clase trabajadora se organiza.

Hubo un momento en la historia de Chile en donde se intentó utilizar al Estado con esos fines, pero, como sabemos, llegó el golpe de Estado cívico-militar y la represión. Es en este punto en donde vemos que un nuevo elemento de error en la visión que no distingue propiedades entre Estado y sociedad civil en la sociedad chilena actual, pues se tiende a olvidar que el Estado también tiene el componente coercitivo. Pareciera ser que para esta concepción, el Estado no es una máquina violenta de represión y que no estaríamos combatiendo con un Estado armado. Sin embargo, la experiencia histórica chilena y latinoamericana nos ha demostrado lo contrario. Las Fuerzas Armadas han sido y son una columna vertebral fundamental en los procesos latinoamericanos. La integración de este componente en el análisis, nos obliga a introducir dentro del proyecto revolucionario la dimensión militar, no necesariamente en términos de lucha armada, sino que de seguridad, contrainteligencia, política hacia las Fuerzas Armadas, etc. Pareciéramos olvidar, así, cómo conduce la burguesía los procesos cuando la lucha de clases se vuelve más álgida.

No puede ser indiferente para la práctica revolucionaria el estudio sobre los límites del Estado y sobre las características de la democracia actual. La estrategia institucionalista y los análisis que sustentan dicha estrategia parecieran tener un dejo de ingenuidad teórica, de ese momento reflexivo que debemos tener sobre nuestra misma historia reciente y de la derrota no solo del reformismo, sino también de la estrategia revolucionaria. La estrategia institucionalista, nos está llevando a la cooptación del movimiento popular y hoy día viene solo a participar del rearme del bloque dominante en el Estado.


1 Ver: Rafael Agacino “Hegemonía y contrahegemonía en una contrarrevolución neoliberal madura. La izquierda desconfiada en el Chile Postpinochet”. Capítulo III, acápite 4: “La izquierda confiada y el regreso de la política institucional”.