Esteban Nazal

Esteban Nazal

Del derrotismo al análisis concreto: El movimiento popular frente al proceso constituyente

El reciente anuncio de la Presidenta sobre el proceso constituyente vino a dar una claridad relativa sobre una de las promesas de campañas que más expectativas y sospechas han generado desde su elección en 2011. El anuncio presidencial permitió conocer la forma en que este proceso se llevaría a cabo, despejando una de las mayores inquietudes en los distintos sectores políticos. El panorama parece ser recibido con conformidad en la DC, con recelo en el sector del empresariado y con disgusto en los sectores más progresistas al interior de la Nueva Mayoría (PC y PS), quienes apostaban a la creación del plebiscito. Sin embargo, ¿cómo se encuentra el movimiento popular ante este proceso?

 

Debemos reconocer ante todo las condiciones actuales en que se ha estado dando el proceso. La necesidad de una nueva Constitución fue una demanda levantada desde algunos sectores de los movimientos sociales desde el año 2011. Si bien el movimiento “Marca AC” , fue uno de los más emblemáticos y que tuvo mayor relevancia en el año 2013 en las elecciones presidenciales, este no era el único. La promesa de transformar la Carta Magna que ata al país desde 1980 a una política autoritaria y una economía “libertaria” fue un llamado al cual atendieron no sólo distintas organizaciones de izquierda, sino que también a sectores del progresismo e incluso la derecha. Como es de suponer, la multiplicidad de proyectos e intereses de grupos y clases en una transformación constitucional incluía también una propuesta difusa sobre el cómo y el para qué. En la actualidad, la demanda no ha acumulado la suficiente fuerza ni repercutido en la población de forma tal que llame a la movilización masiva : Ya sea en el propio ejercicio de la movilización, ya sea en el interés. Si consideramos la última encuesta CEP de Agosto 2015, Sólo el 5% declara que una Reforma Constitucional es uno los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar.

 

Por otro lado, como era de esperarse, la Nueva Mayoría debió reconocer y rendir cuentas ante el sector del empresariado más cercano. Así se entiende la reunión entre el ejecutivo y el CEP, la cual sirvió para aclarar algunos puntos bases sobre el alcance de la mismo proceso. Entre los objetivos de la reunión se encontraba el dejar en claro que la “propiedad privada” no sería trastocada, evitando cualquier similitud con los procesos de nacionalización o estatización de los países de la región que también han pasado por un proceso constituyente.

 

Algo está claro: el sector del empresariado, al menos el que se encuentra más cercano a la Nueva Mayoría y representado en el CEP (Luksic, Matte y Saieh), ya ha comenzado a establecer cuáles son los puntos de disputa a los que apuestan, contando, entre ellas, el desplazar la responsabilidad del Estado sobre lo que se han llamado derechos sociales (educación, salud, vivienda, etc.) hacia fines, modalidad en la que el Estado puede adoptar distintas políticas que no implique un peligro fiscal, ni entorpecer el emprendimiento personal. El proceso constituyente no solo es una oportunidad para los sectores dominados para mejorar sus condiciones y establecer posibilidades de transformación, sino que también significa una posibilidad para los sectores dominantes para intervenir y para perfeccionar los mecanismos de dominación y explotación. Y con esto no nos referimos solo a formas de “oxigenar” o reemplazar de políticas específicas (como algunos derechos sociales), sino que también mecanismos estructurales.

 

Considerando a los sectores que tienen hoy la capacidad para intervenir en el proceso, el panorama parece gris y derrotista, pues la lucha se centraría entre los sectores de la clase dominante del empresariado y los sectores de clases medias. Estos últimos, apuntan principalmente a la cristalización de control político en el aparato estatal y al mejoramiento de determinadas condiciones de vida a través del fortalecimiento de lo público en los derechos sociales o con un capitalismo de “rostro humano”.

 

Sin embargo, es preciso reconocer que el proceso no está del todo cerrado. La propuesta no es representativa de los bloques dominantes y menos lo es dentro de la misma Nueva Mayoría (pueden identificarse las diferencias entre la molestia de los bloques progresistas del PC y el PS frente a la conformidad de la DC). Por lo tanto, es probable que los mecanismos de cómo se definirá la nueva Constitución estén más abiertos a la transformación y que sean un resultado de la negociación de estos grupos en el poder (incluyendo a los sectores de las clases medias altos y profesionales).

 

La lucha de intereses en los grupos de poder genera una apertura que ofrece posibilidades de distintas índoles (principalmente en el mejoramiento de las condiciones de vida en la superación de un Estado subsidiario), pero también algunas trampas. El movimiento popular tiene el riesgo de agruparse bajo el alero hegemónico de los sectores progresistas y de clases medias, las mismas que se atribuye la representación del movimiento. En este sentido, la política revolucionaria que apunte a aprovechar el espacio del proceso constituyente debe reconocer que las fuerzas sociales de las clases populares se encuentran hoy poco desarrolladas y sin una plataforma clara que pueda tensionar el proceso y contrarrestar los mecanismos de ambigüedad legal que permitirían perfeccionar el modelo a futuro y mejorar las condiciones de vida y dignidad, buscando tensionar las estructuras de explotación más allá de su oxigenación.

 

No podemos negar el potencial del proceso constituyente, pues sus posibilidades recaen no solo en aminorar los daños que produce el Estado subsidiario, sino que también el mismo proceso ofrece la oportunidad de avanzar en la organización y conciencia de las clases trabajadoras y populares. Pero tampoco es prudente confundir. Una cosa es aprovechar las ventanas de oportunidad, esta vez de la discusión constitucional, para fortalecer al pueblo en la construcción de organizaciones que estén en función de sus intereses; y otra distinta es construir organizaciones populares cuya finalidad sea la participación del proceso constituyente, en el cual dada la correlación de fuerzas actual, se ve poco promisoria. No es banal el cómo aprovechar esto (asumiendo que fuera posible) y que no toda demanda que se instale en la esfera pública expresa un fortalecimiento popular.

 

El cómo aprovechar esta instancia requiere de un ejercicio político de reconocer qué tipo de demanda instalada en la esfera pública puede presentar una oportunidad para el fortalecimiento popular y, a la vez de cuáles son las capacidades para ello.

 

El potencial para la construcción del movimiento popular en una fuerza de peso se encuentra en varios espacios. Las movilizaciones populares tienen la opción y posibilidad de atrasar el proceso y boicotear las instancias de elite, dando un sustento para crecer como movimiento, en (auto)organización y conciencia en los distintos territorios, distinguiéndose las alternativas progresistas liberales y aquellas provenientes de matrices neodesarrollista que buscan perpetuar un capitalismo, pero esta vez con rostro humano.

 

En el caso de los investigadores sociales, estamos llamados a reconocer los temas contingentes y desarrollar un análisis desde lo político y científico que aporte a que el movimiento pueda aunar las fuerzas populares, y que estas mismas fuerzas puedan movilizar más agentes dentro de un proyecto revolucionario para la disputa contra el Bloque Histórico de poder.

 

Hoy las banderas de la democracia liberal se defienden como la única opción frente a la corrupción de las viejas guardias y la desigualdad económica y política. Como izquierda revolucionaria necesitamos denunciar la falta de participación real en los procesos y la falta de equilibrio en cada uno de sus momentos. Es necesario que como movimiento popular se desarrollen las capacidades el arte del repliegue y despliegue estratégico pues debemos reconocer las capacidades propias para embarcarse en disputas donde puede peligrar lo poco construido al día de hoy.

 

La derrota de la Clase trabajadora y los proyectos políticos en pugna tras la Unidad Popular

A partir de los trágicos hechos del 11 de septiembre de 1973, los distintos partidos, organizaciones e intelectuales de izquierda dieron paso a la revisión crítica de la coyuntura, la táctica y la estrategia, preguntándose ¿a quién atribuir las responsabilidades políticas del Golpe de Estado? En este sentido, el comprender y establecer las causas de la incapacidad tanto de llevar a cabo el proyecto político, así como también de responder o evitar el levantamiento de las Fuerzas Armadas al alero de los intereses de la clase capitalista; se ha transformado en uno de los debates de la izquierda chilena más importantes de las últimas 4 décadas.. Las interpretaciones suelen considerar a los distintos partidos políticos como los protagonistas de la acción política, dándole a la táctica y a la estrategia de éstos el mayor peso explicativo del Golpe de Estado cívico militar.

 

Las discusiones al respecto que se dieron al interior de la izquierda pueden ser clasificadas en dos conceptos clave dependiendo de a quién o a qué se le atribuye la culpabilidad del Golpe: fracaso o derrota. Tomás Moulian plantea en 1976, en el texto “La Crisis de la Izquierda”, que el concepto de derrota está asociado a dos errores de interpretación: el primero en tanto suele desligarse de la culpabilidad que le compete a los actores clave del proceso en sus definiciones estratégicas y tácticas; y el segundo en tanto se asume un carácter inevitable del proceso, donde los derrotados se posicionan como víctimas y no responsables. Así, esta lectura tiende a explicar el proceso a través de la búsqueda de culpables, los que van desde las hipótesis del mal manejo del gobierno hasta las trabas producto de la radicalidad de grupos de izquierda tanto fuera como dentro de la UP.

 

Además del peligro de caer en discusiones identitarias donde se busca defender uno u otro agente antes que sus decisiones, esta dimensión del debate suele reducirse al nivel político formal, donde solo las instituciones, los partidos y los movimientos políticos pueden desarrollar acciones relevantes para el proceso. Asemejado a un tablero de ajedrez que contiene en sí mismo la avalancha de la historia y en donde quienes se baten a duelo son dos proyectos socialistas en pugna, uno reformista y otro radical, el resto de los jugadores es puesto a la espera de las acciones del Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unidad Popular o el MIR. Desde nuestro punto de vista, para comprender el fenómeno cristalizado en el Golpe de Estado de 1973, es necesario un análisis que sobrepase este campo; es decir, que no reduzca las causas solo a las acciones de tal o cual partido, y de si éstas fueron suficientes o no para avanzar en el proyecto socialista. Derrota y fracaso son parte de una misma historia, mas deben observarse en distintos niveles de análisis y se debe reconocer la primacía de la primera. Con esto, no queremos dejar de considerar las responsabilidades tales como los errores de lectura, estratégicos o tácticos de las fuerzas de izquierda, sino que buscamos integrar estos elementos dentro del fenómeno global de la lucha de clases: nuestra perspectiva considera la derrota como el despliegue de la lucha entre las dos clases estructurales del capitalismo, la clase capitalista y la clase trabajadora. En este sentido, a continuación se desarrolla el debate fracaso-derrota considerando este marco analítico, a partir del cual se sostiene que la UP es un proceso de agudización de lucha de clases en el cual se tienden a ordenar los distintos sectores sociales en términos de las dos fuerzas centrales contradictorias del capitalismo.

 

Como se desarrolla en la última columna, para ese entonces la clase trabajadora ha alcanzado una acumulación de fuerza y un avance sustantivo en sus claridades políticas, ideológicas y organizativas desde mediados de los sesentas. Reflejo de esto, destaca la creciente capacidad orgánica de los partidos y organizaciones de orientación socialista que marcaron la época y fueron capaces de decantar los intereses de la clase trabajadora. Es más, en las discusiones posteriores al Golpe se ha tendido a plantear la decantación no de uno, sino de dos proyectos por el lado de las fuerzas de la clase trabajadora, los que, si bien, consideramos no lograron constituirse como dos proyectos políticos propiamente tales (aunque sí existiera una tendencia a que se constituyeran), sí nos hablan de una discusión política que iba mucho más allá de la situación chilena.

 

Al respecto se ha planteado, por un lado, la estrategia antiimperialista, apoyada por amplios sectores dentro del gobierno de la Unidad Popular, con el Partido Comunista como gran gestor. Por otro lado, la estrategia anticapitalista, seguida por ciertos sectores de la UP y en cierta forma, por facciones del Partidos Socialista y el MIR. La primera, confiaba en que la crisis en la burguesía podía ser radicalizada mediante alianzas de clase particulares con ciertos sectores del capital nacional y la nacionalización y estatización parcial de ciertas áreas productivas. La segunda, buscaba la estatización y el control del proceso por parte de los trabajadores, con el fin de construir una experiencia popular de producción y distribución. En consonancia con ello, se proponía una política de alianzas enfocada en las clases medias empobrecidas o semiproletarias.

 

Por otro lado, en contraposición a la acumulación de poder y organización de la clase trabajadora y los partidos de izquierda, existía al menos dos sectores provenientes de la burguesía que para ese entonces constituían la oposición al gobierno. El primero articulaba el proyecto político del desarrollismo democrático y era impulsado principalmente por las clases profesionales, el pequeño capital y funcionarios del Estado, y tenía como fuerza orgánica principal a la Democracia Cristiana. Su organicidad y capacidad política permiten considerarle como una de las fuerzas políticas capaces de hacerle frente al proyecto socialista. Además, suele hipotetizarse que una salida democrática y que introdujera cierta estabilidad a la tensión política del país involucraría el ascenso de este partido al poder. El segundo sector corresponde a los partidos de derecha y ultra-derecha, los que representaban los intereses del gran capital y el latifundio. El avance del movimiento popular, en este contexto, debe ser comprendido a la luz de esta crisis en ciernes de la burguesía, situación dada por los conflictos de interés (representados en proyectos políticos distintos) y la forma de acumulación que cada fracción de la clase capitalista perseguía.

 

Sin embargo, y a pesar de las diferencias, sus acciones coordinadas en contra del gobierno de la UP demostraron en la práctica que ante cualquier eventualidad, su acción política estaría orientada a defender el modo de producción capitalista cuando éste se ponía en cuestión. Es más, la clase capitalista no partió unida en el proceso de la UP, sino que se fue uniendo en el proceso. Hitos que lo demuestran son el paro patronal de octubre de 1972 y la conformación de la Confederación de la Democracia (alianza electoral que en 1973 albergaba a gran parte de la oposición y era encabezada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional). De esta forma, desde el primer momento en que asumió Salvador Allende, los capitalistas llevaron a cabo distintas estrategias para desestabilizar al gobierno, las que fueron confluyendo en respuesta al avance popular. Entre éstas se puede nombrar el aparataje de contra-información y de montaje de los medios de comunicación masivos en manos de la derecha, las operaciones económicas que iban desde el desabastecimiento hasta la no inversión; y el desarrollo de una política para con las Fuerzas Armadas.

 

A pesar de esto, la notable respuesta de los trabajadores a favor de la UP (tanto en las elecciones de 1971 como en el boicot del paro patronal del año siguiente) demostró que el compromiso por las transformaciones y la organización popular hacía que éstos solidarizaran con el gobierno, e incluso que se hicieran parte de él. El Golpe y la Dictadura militar cobran sentido en su brutalidad, terror y eficacia solo cuando somos capaces de analizar esta dimensión. Frente a la estrategia de desestabilización por parte de la clase capitalista y los sectores de la Democracia Cristiana, el movimiento popular había logrado constituir como nunca antes una organización y un avance en las conciencias; como nunca antes tenía la capacidad de enfrentarse a la patronal. Este álgido momento de la lucha de clases, con condiciones que mostraban un tremendo potencial para lograr transformaciones de orientación socialista y formar parte de una suerte de colchón latinoamericano, fue lo que llevó a la clase capitalista a recurrir a la violencia con tal magnitud. Como señala Mike Gonzales en el libro “Cordones Industriales” (2001), “el golpe ocurrió porque el creciente nivel de la lucha de clases en Chile llegó a amenazar la existencia misma de la sociedad burguesa”. Aquello lo demuestran la decisión de terminar el gobierno por las armas, cuando la posibilidad de derrocarlo plebiscitariamente se hacía cada vez más plausible; la espectacularidad del golpe, con el bombardeo de la Moneda mientras dentro de ésta resistía un puñado de personas; y los 17 años de dictadura y política del terror a través de la militarización de las poblaciones y la tortura y el asesinato sistemáticamente implementados.

 

En este marco general es que decimos que en la experiencia de la Unidad Popular, la clase trabajadora fue derrotada por la clase capitalista en su conjunto. Pero, el Golpe de Estado no solo significó la derrota de los proyectos políticos socialistas, sino que también del proyecto político del desarrollismo democrático, impulsado principalmente por la Democracia Cristiana. Así, a diferencia de Moulián, observamos la definición de derrota como más correcta, en tanto permite situar las debilidades y responsabilidades de las fuerzas de la clase trabajadora a la luz de su lucha con la clase capitalista, y no como responsabilidades en sí mismas sobre las cuales rasgar vestiduras. Dicho con otras palabras, sí hubo una serie de errores y responsabilidades por parte de las fuerzas de izquierda, de los cuales debemos aprender, sin embargo estos errores y responsabilidades no pueden ser analizados fuera de la lucha de clases, es decir como mero fracaso, pues el acento de la discusión debe estar puesto en la dinámica que ésta adquirió en el periodo y de cómo las distintas fuerzas dieron la batalla.

 

 


Esta distinción no supone que la estrategia antiimperialista no estuviera inserta en el horizonte socialista, sino que más bien buscaba desarrollar conflictividad entre dos sectores burgueses, mientras que la otra estrategia no perseguía el desarrollo de una burguesía nacional que se enfrentara a la transnacional, sino que el desarrollo del control y administración obrero de las empresas y de la vida.