Leonora Rojas

Leonora Rojas

Entrevista a Rolando Astarita

La entrevista a Rolando Astarita forma parte de una serie de entrevistas realizadas a investigadores sociales, las cuales buscan reflexionar en torno a las tareas del movimiento popular hoy en Chile. Se pretende ir construyendo un espacio de debate y reflexión que permita un desarrollo teórico sistemático dentro del proceso de acumulación de fuerzas del movimiento popular, ya que el desarrollo teórico y la disputa ideológica son esferas de la lucha de clases y, a la vez, necesarias en el proceso de construcción de la sociedad socialista. 

 

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Seguridad ciudadana como demanda sociopolítica: desde la ciudadanía a la sociedad de clases

“Este anuncio es, como siempre, más farándula de seguridad que medidas reales”, fue la réplica de una parlamentaria UDI frente a los $440 millones que el gobierno de la Nueva Mayoría está invirtiendo en una campaña comunicacional de seguridad ciudadana. Y es que esta problemática se ha vuelto una preocupación central para los gobiernos de turno desde finales de los años ’90, siendo un debate no exento de controversias entre los diferentes sectores políticos, y cuya importancia ha ido permeándose a la sociedad civil llegando a transformarse en una “demanda ciudadana”. Frente a un tema que ha sido monopolizado y hegemonizado por la derecha y que se nos aparece como una demanda universal- ciudadana- de la sociedad hacia el Estado chileno, la izquierda revolucionaria poco ha dicho (o no ha querido decir) sobre tan controversial problema que parece afectar la cotidianidad de las personas y, en específico, a las clases populares. No debería sorprendernos que mientras las tasas de victimización son más altas en los sectores populares, la percepción de inseguridad ha aumentado en sectores de clases medias y altas   Es importante, entonces, escapar a los sentidos y lugares comunes del discurso de derecha y del discurso progresista y observar cómo y quiénes articulan y configuran esta demanda, y de qué forma las clases populares se insertan en esta retórica de la seguridad ciudadana.

 

A finales del año pasado, un estudio realizado por Paz Ciudadana-Adimark lanzó las cifras de las tasas de victimización a nivel nacional y por regiones, las cuales alcanzaron los niveles más altos desde el año 2000 (43,5%). A esto, se suma la salida a la luz de los  resultados oficiales de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), abriéndose aún más las puertas a un debate que tiene como centralidad definir políticas públicas para abordar una problemática que se ha constituido en la primera prioridad a nivel nacional según la encuesta CEP  de agosto 2015 (60% de los encuestados): la seguridad (delincuencia, asaltos y robos). El aumento en el indicador de temor, según el índice de seguridad ciudadana, se concentró en los sectores de clases altas y medias,  malestar que no se hizo esperar, y en julio de este año dos cacerolazos en comunas del sector oriente se transformaron en la “voz” de las clases más atemorizadas, cumpliéndose el sueño ciudadanista de la democratización de las expresiones de “protesta social”.

 

Una de las principales controversias dentro del debate tiene que ver con las diferencias o el “desfase” entre las tasas de victimización (los delitos de los que las personas son objeto)- lo que comúnmente se denominan los “datos duros” u objetivos- y la percepción de inseguridad de la población (lo “subjetivo”). Ello, porque las tasas o índices de victimización según ambas encuestas (aunque difieren significativamente) son menores al porcentaje de personas que dice sentirse insegura, no siendo clara la relación entre el alza en la victimización y el alto temor que las personas sienten de ser víctimas u objeto de algún tipo de actividad delictual. Así, un 72% de la población encuentra muy probable el ser víctima de algún delito violento (Encuesta CEP 2015), especialmente en los sectores medios y bajos. Este último punto que  torna relevante considerando que las políticas públicas que abordan la problemática están focalizadas justamente a disminuir la percepción de inseguridad en la población más que a la prevención misma del delito. Estas alternativas se plantean frente a un escenario en que las políticas de control y represión son una constante en el capitalismo, especialmente en aquellos regímenes de acumulación que tienden a disminuir el costo de mano de obra, y cuya desigualdad afecta, incluso, los cursos de acción formales dentro del capitalismo.

 

Y es que la demanda de mayor seguridad y protección- tanto “civil” como social- en las formaciones sociales capitalistas recae en el Estado, como principal garante del bienestar de una “sociedad civil” cada vez más atemorizada no sólo por agentes externos sino que, principalmente, por agentes internos. Así, frente a los efectos perversos del capitalismo es el Estado quien absorbe las demandas de solución a las problemáticas que el mismo sistema produce y reproduce, en formaciones sociales en las cuales la individualización y el repliegue a la unidad doméstica exacerba la sensación de inseguridad y de pérdida de control de la propia vida en un contexto altamente cambiante e incierto, en relación a los puntos de referencia de pertenencia y a la continuidad contextual.

 

El discurso político en relación a la seguridad ciudadana, en la derecha y la izquierda más progresista, se nos presenta de diferente forma. En el caso de la primera, la retórica  apunta a la defensa de la propiedad privada como valor, acusando que la delincuencia sería un problema de voluntad y que no respondería a las desigualdades estructurales del sistema capitalista, sino que a un discurso igualitarista que de alguna forma funcionaría como un promotor o sustento para creer que “los bienes materiales distribuidos en nuestra sociedad tienen un origen inmoral e injusto” ; con ello, la premisa fundamental es que quienes roban lo hacen porque este discurso legitimaría el “arrebatar” bienes materiales que no se poseen.  Mientras que en los sectores de la izquierda más progresista, la premisa que más se baraja como explicación a la problemática del temor radica en el manejo mediático que se ha hecho del tema, y a las intenciones políticas detrás de la “instalación” del miedo e inseguridad en la sociedad chilena a través de la vía comunicacional. Así, no sólo se potencia el argumento de la importancia de los medios de comunicación en la formación de opinión pública, sino que también la tesis de la paranoia colectiva creada intencionalmente por una elite nacional que tiene el monopolio de la información y cuyo caballo de batalla de control de la sociedad estaría en el poder comunicacional. Esto, de la mano del discurso del carácter estructural de la delincuencia y de la necesidad de reformas preventivas y de reinserción que apacigüen la problemática al alero de las posibilidades democráticas.

 

Sin embargo, ¿qué es lo que se escapa en ambos análisis?, ¿dónde podemos aportar mayor especificidad y desde una perspectiva que sitúe a las diferentes clases y sectores sociales en esta problemática enceguecida por el aparente universalismo ciudadanista? Es en la experiencia de la “inseguridad” y en la consiguiente construcción de la demanda donde encontramos una posible salida a los sentidos comunes que analizan la temática.

 

Dentro de las clases altas y segmentos medios, la percepción de inseguridad y temor ha aumentado en el último tiempo, a la par del aumento de sus tasas de victimización. Si analizamos el discurso de la “seguridad ciudadana” dentro de estas clases, vemos que sectores de las clases medias y altas demandan al gobierno de la Nueva Mayoría más seguridad; demanda que se articula en torno a la “mano dura”, es decir, el reclamo por agentes y políticas más represivas y de control de la criminalidad, que van desde crear más cárceles, aumentar contingentes policiales y aumentar las penas, hacia cambiar la reforma procesal penal para hacerla más efectiva. Este discurso, que suena altamente represivo en términos institucionales, se contradice con una retórica que eleva por sobre todos los valores estructurales de la sociedad capitalista las libertades individuales y la existencia de la propiedad privada como una de ellas: la libertad negativa, ganada naturalmente, que no puede ser impedida de su ejercicio por nadie.  Así, la defensa a la propiedad privada se vuelve fundamental, en tanto esta se constituye en la condición misma para su existencia y reproducción como clase. Con ello, se observa que a medida que sus condiciones de existencia y calidad de vida se ven perjudicadas, logran transformar a la seguridad en una demanda “ciudadana”.

 

Asimismo, se visibiliza el argumento meritocrático asociado a la criminalidad, donde si bien se reconoce la existencia de un contexto desigual, la defensa a la propiedad emerge como la protección de bienes cuya tenencia ha requerido esfuerzo,  frente a una “otredad” haragana y apática frente al deseo de la propiedad: la dualidad del “buen pobre” frente al “mal pobre”. Así, existe una crítica moral a esta otredad que debería ser abordada desde la institucionalidad: el Estado, la escuela y la familia.

 

Por su parte, otros sectores de clase media apelan a discursos más preventivos, resaltando la importancia de la reinserción social de los “delincuentes” y de la mejora de condiciones de vida de la población- en general-y de los sectores populares o empobrecidos-en particular-como una forma de evitar una problemática que se considera estructural: la falta de oportunidades y la delincuencia como última salida. Tareas que, nuevamente, son relegadas a la institucionalidad estatal.

 

Ahora bien, en las clases más bajas, la problemática adquiere un cariz diferente, pese a que el relevamiento de la “mano dura” sea igualmente o, me atrevo a decir, más importante que en el resto de las clases cuando se trata de resolver la problemática de la seguridad y la criminalidad. No es de sorprenderse, entonces, que comiencen a emerger también desde estos sectores de la sociedad discursos autoritarios y represivos (el castigo). Por el contrario, parece ser algo completamente esperable si se tiene en consideración que el “elemento hostil” convive cotidianamente con ellos, aun cuando discursivamente también aparezca como una “otredad” ¿A quiénes se demanda seguridad? Sorpresivamente, no existe una demanda articulada en torno a la problemática, siendo que: son la clase social con mayor temor (según las encuestas) y las que se ven más afectadas por ella (altas tasas de victimización); y, que la solución no es derogada al Estado, ni al gobierno de turno, pues no se visibiliza como posibilidad. Esto, porque la sensación de abandono por parte de las instituciones estatales es bastante alta, razón por la cual no se confía en la capacidad resolutiva por parte de ninguna de las instancias existentes.

 

Así, y a diferencia de importantes sectores de las clases medias y altas, las clases bajas ya no ven que la inseguridad y la criminalidad dependan de voluntades políticas ni de reformas posibles en la institucionalidad vigente, transformándose con ello en una problemática que escapa a todo control: se vuelve, así, en un problema y  en una demanda de orden. Y es que el temor ya no es la pérdida a la propiedad ni de las libertades, sino que a la posibilidad de “vivir en paz” en un contexto considerado peligroso, caótico, sin ley, sin moral y “sin respeto a la autoridad”. El exterminio o el castigo de esta “otredad” dentro de la propia clase emergen, entonces, como un discurso frecuente, donde la responsabilidad recae no sólo en las “manos propias” (ajusticiamiento “ciudadano”) sino que principalmente en las única “entidades” consideradas independientes de la sociedad y de la política capaz de resolver conflictos: carabineros y las fuerzas armadas; es decir, que los carabineros tengan mayor atribuciones al momento de ejercer violencia, y/o que los militares vengan a resolver un problema que ya pareciera tener vida propia y estar fuera de control.  No es de sorprender, entonces, que las instituciones con mayor aprobación y legitimidad en Chile sigan siendo carabineros, policía de investigaciones y las fuerzas armadas.

 

Frente al “problema” de la inseguridad y la criminalidad, entonces, no hay que olvidar que la demanda emerge principalmente desde las clases altas y grupos medios; mientras que las clases bajas, lejos de articular una demanda, construyen un discurso desde la experiencia cotidiana de la criminalidad, donde la “funcionalidad ideológica” del mismo hacia el dominio de las elites políticas y la clase capitalista parece perderse ante una institucionalidad que no gana ni en legitimidad ni en posicionamiento como instancia política resolutiva de problemáticas sociales dentro de estas mismas clases. Es difícil considerarse ciudadano cuando no se forma parte de la sociedad civil, aun siendo el sector social más afectado por una problemática  cuya solución conlleva la generación de una demanda que implica la negación de la propia clase. Así,  la hegemonización discursiva recae en aquellas clases que sí pueden transformar un problema en demanda, y generar la posibilidad de solución a través de su posicionamiento en la agenda pública.

 

Frente a la problemática misma de la criminalidad y la “delincuencia”, no hay que olvidar que ambas son inherentes al capitalismo, asociadas a la falta de acceso a demanda de bienes y servicios y la consiguiente resolución por medio de la generación de mercados negros y apropiación ilegal. El Estado, en el capitalismo, remueve la necesidad de apropiación ilegal, transformándose en el redistribuidor por excelencia de la propiedad, a la vez que monopoliza y reproduce la estructura delito-carcelaria que el mismo sistema forma y produce. Este carácter estructural de la criminalidad, si bien se vislumbra en el discurso de algunos sentidos comunes de algunos sectores sociales (aunque no con los mismos matices que presentamos en esta columna), las soluciones no se ven en la erradicación del capitalismo, sino que en las reformas y “correcciones” dentro del marco democrático que el Estado debe garantizar dentro de las formaciones sociales capitalistas. La demanda de seguridad ciudadana está impregnada de la retórica de las libertades y derechos característica de la eterna promesa de las democracias liberales, pero que pasa por alto las diferencias de clase y la forma en la cual la “inseguridad” y la criminalidad afectan distintamente la vida cotidiana de personas cuya posición en las relaciones sociales no es la misma, y donde ni la “cercanía” con la “otredad peligrosa” ni los efectos de las medidas tomadas afectan ni afectarán de igual forma a las diferentes clases sociales. Ante a este escenario es importante no pasar por alto estas diferencias y considerar la relevancia de abordar una demanda y un discurso hegemonizado por un componente autoritario y populista frente al “retorno de las clases peligrosas”; que, por una parte, excluye a las clases populares de los beneficios posibles de ganar ante una demanda que la considera el foco del problema, y que, por otra, potencia peligrosamente la auto-negación de las clases populares.

La Unidad Popular en el contexto regional: viabilidad histórica y dificultades de un proceso

Uno de los peligros que existe al analizar cualquier proceso histórico a nivel nacional, es caer en una suerte de nacionalismo metodológico, donde no se toma en cuenta la interacción de distintas formaciones económico-sociales; donde se reduce las tendencias globales a su expresión en el proceso local o viceversa; o bien, donde se radicaliza la distinción entre tendencias globales y tendencias internas, no pudiendo abordar su co-constitución. Con la intención de no caer en este peligro, se sostiene que el proceso de la Unidad Popular en Chile debe ser comprendido a la luz de las tendencias globales y las experiencias de otras formaciones económico-sociales del continente latinoamericano.

 

En la presente columna se describe el contexto regional latinoamericano, considerando el estado de la lucha de clases de otras experiencias en la región; así como también las estrategias adoptadas en materia de política exterior por el gobierno de la Unidad Popular. Con ello, se busca evaluar la viabilidad del proyecto popular en Chile al alero de lo que sucedía en el mundo, y en los países latinoamericanos en específico, así como de las posibles dificultades que en ese marco debían ser enfrentadas por el gobierno de Allende.

 

Este texto tiene un carácter descriptivo, bajo el argumento de que es posible y necesario identificar tendencias generales del modo de producción capitalista y tendencias regionales, entre las que se enmarcan la crisis del proyecto de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y la creciente inflación; así como también se debe dar cuenta de las especificidades de cada formación en el marco de tales tendencias. A su vez, ello requiere abordar cómo la política exterior chilena nos habla de la lectura que se realizó en aquel entonces de la situación internacional, predominando la preocupación por evitar cualquier intento de ofensiva e intervención externa directa que pudiera afectar y cambiar el rumbo del proyecto popular.

 

 

El contexto Latinoamericano: diferentes estados de la lucha de clases

 

El modo de producción capitalista, a mediados de los años 60’ del siglo pasado, comienza a sufrir una crisis estructural a nivel mundial, que en América Latina se expresa en un “atolladero económico”-en palabras de Anderson. Este atolladero es visto como el producto del agotamiento del proyecto ISI y de la creciente inflación, los que comenzaban a generar presiones distributivas crecientes sobre los modelos de acumulación de capital local.

 

Ya al finalizar la década del 60, el proceso de industrialización se había estancado producto de la “estructura dependiente” de la economía latinoamericana, con el excesivo traspaso de plusvalía hacia las economías metropolitanas y la sobre-explotación del trabajo, los que funcionaron como barreras para el desarrollo industrial local. A su vez, se desata la crisis de acumulación capitalista local, agudizándose junto a ella las contradicciones entre capital y trabajo. Con ello, América Latina entra en un proceso de crisis no solo económica sino que también del sistema de dominación, el que es puesto en crisis mediante la irrupción del movimiento de masas en la escena política.

 

Lo que nos interesa argumentar es que esta crisis vino acompañada de una agudización de la lucha de clases en la región latinoamericana, respondiendo a las especificidades propias de cada formación social. Además es importante tener presente que las coyunturas bajo las cuales se desencadenaron procesos de avance de la clase trabajadora (procesos revolucionarios) o de retroceso de la misma (procesos contrarrevolucionarios), no coexisten temporalmente en todos los casos. Así, entonces, si bien es posible identificar la existencia de etapas históricas asociadas a los modos de producción, también es posible observar una especificidad propia de cada una de las formaciones sociales insertas en la coyuntura regional. La lucha de clases y el desarrollo capitalista se dan de manera diferenciada en la región latinoamericana, estando, no obstante ello, articuladas entre sí. Algunos países en los cuales es posible observar coyunturas de agudización de la lucha de clases con clases trabajadoras fuertes son Bolivia, Perú y Argentina.

 

El caso de Bolivia merece especial atención, pues para 1970-1971 la coyuntura revolucionaria desemboca en que el general Juan José Torres asuma la presidencia con el apoyo de “los 4 pilares de la revolución” (organizaciones obreras, organizaciones de campesinos, movimiento estudiantil y un sector de los militares). Dicha coyuntura tenía como antecedente la experiencia revolucionaria de 1952, protagonizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Partido Obrero Revolucionario (POR) que luego adquiriría un rumbo más moderado. No obstante ello, para 1972 la dictadura militar de Bánzer marcaría un hito importante, en tanto interrumpirá y “detendrá” el proceso revolucionario que se venía gestando en este país.

 

En Perú, la dictadura militar reformista y de carácter nacionalista del general Velasco Alvarado termina con el gobierno de Belaúnde en el año 1968, impulsando procesos como la reforma agraria y ciertas nacionalizaciones económicas estratégicas con el apoyo expreso de la clase trabajadora. Su derrocamiento en el año 1975 por otra dictadura que intentó revertir las reformas realizadas en la llamada “Revolución de las Fuerzas Armadas”, marcará el fin de este proceso, pero el comienzo de levantamientos populares encabezados por los grupos más radicales de la izquierda peruana.

 

Mientras tanto, en Argentina la clase trabajadora y sus aliados luchaban por el fin de la dictadura militar que asolaba al país desde 1966, encarnándose en hitos como el Cordobazo en 1969 y el Viborazo- o segundo Cordobazo- en 1971. La radicalización y el protagonismo de la CGT y de los sindicatos, en conjunto con el nacimiento de fuerzas de izquierda revolucionaria como los montoneros, las FAR, las FAP y el ERP, lograron la renuncia del dictador Onganía en 1970, y la posterior y breve llegada a la democracia en 1973 con el gobierno de Perón, la que solo durará hasta 1976.

 

Dentro de los países que presentaban cierto retroceso de la clase trabajadora frente a ofensivas contrarrevolucionarias, podemos mencionar dos ejemplos claves: Brasil, y Paraguay. El caso de Brasil se instala como la dictadura militar que da inicio a la ola de ofensivas contrarrevolucionarias en la región. El golpe militar de 1964 derrocó al régimen populista y reformista de Goulart, miembro del Partido Laborista Brasileño, cuyo gobierno había comenzado reformas que se inclinaban hacia la clase trabajadora. La dictadura de Castelo Branco fue especialmente represiva hacia los partidos y organizaciones de izquierda, y hacia ciertas fracciones activas del movimiento obrero. Ante este retroceso, hubo una migración masiva de intelectuales brasileños de izquierda hacia Chile, entre los que se cuenta a teóricos dependentistas cercanos al marximo, hacia el Chile de la Unidad Popular.

 

El caso de Paraguay resulta excepcional en cuanto a la temprana emergencia de la dictadura de Alfredo Stroessner en el año 1954. Sustentándose en las fuerzas armadas de Paraguay y en el hegemónico Partido Colorado, contando con el apoyo de Estados Unidos, y dadas las débiles organizaciones y partidos proletarios, Stroessner logra gobernar el país por más de 30 años, hasta 1989.

 

Así, en la década del 60, la heterogeneidad del estado de la lucha de clases en las distintas formaciones económico-sociales latinoamericanas, se encuentra atravesada por el agotamiento del proyecto desarrollista ISI; así como por la agudización y profundización de la lucha de clases. Con ello, el proyecto socialista se encontraba instalado y las fuerzas sociales que lo sostenían avanzaban o retrocedían según las condiciones específicas de cada país. Dado esto último, la política revolucionaria también resultó heterogénea. Al respecto, resalta el apoyo dado por Fidel Castro a la vía chilena al socialismo, la que si bien contrastaba con el proceso revolucionario en Cuba, se justificaba por las condiciones específicas chilenas y su trayectoria fuertemente legalista.

 

 

La política exterior del gobierno de la Unidad Popular.

 

Este contexto regional heterogéneo, atravesado, además, por la presencia de la URSS y de Estados Unidos, abría tanto posibilidades como dificultades al proyecto de la vía chilena al socialismo. Entre las posibilidades, en primer lugar, se observa el carácter regional y epocal de la agudización de la lucha de clases, dentro de la cual uno de los casos resulta ser la experiencia de la Unidad Popular en Chile. En segundo lugar, el proceso chileno contó con un colchón internacional sobre el cual apoyarse para llevar adelante sus políticas: despertaba simpatía entre los países de Europa Occidental, a la vez que recibía el apoyo no sólo de Cuba, sino que también de la Unión Soviética en tanto la nueva estrategia promovida desde allí apuntaba justamente a una vía pacífica al socialismo. Entre las dificultades, se observa la relevancia adquirida por Estados Unidos en el continente como garante de las fuerzas contrarrevolucionarias; así como también el cambio en su estrategia de intervención desde la acción militar directa a medios indirectos de intromisión, los que se sustentan en las fuerzas locales defensoras de los intereses de la clase capitalista.

 

Teniendo en cuenta esta situación, el gobierno de la Unidad Popular debía prepararse a la desestabilización apoyada por Estados Unidos, la que podía expresarse en el aislamiento político y el bloqueo económico; así como en la estimulación de los países vecinos como potenciales adversarios, de tal forma de desencadenar conflictos militares. A este respecto, hay que mencionar que si bien había ciertos gobiernos de los países vecinos que podrían haber simpatizado con el proceso chileno, había relaciones diplomáticas que no venían bien desde administraciones anteriores, a lo que se suma la inestabilidad de la permanencia de dichos gobiernos. Es el caso del ya mencionado ejemplo de Bolivia, donde el gobierno izquierdista de Torres fue depuesto por el régimen reaccionario de Bánzer en el año 1972. Además, potenciales fuentes de conflictividad se arraigaban en antiguas sensibilidades, en especial en los casos de Bolivia, Perú y Argentina. En el caso de los primeros, pese a la presencia de gobiernos de izquierda, existía la posible emergencia de sentimientos chauvinistas producto de la aún fresca “herida” de la Guerra del Pacífico y de acuerdos políticos que no habían sido zanjados de la mejor forma. Mientras que en el caso de Argentina, así como en los de Brasil y Paraguay, la dictadura de Onganía era abiertamente contraria al gobierno de la Unidad Popular.

 

Frente a esta lectura, el gobierno de la Unidad Popular pretendió generar, públicamente, buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de tal forma de eliminar cualquier pretexto que pudiera legitimar o facilitar acciones contra el proceso chileno. Con ello, la cancillería del gobierno se abocó a la suscripción de tratados internacionales con Estados Unidos, pero también a ampliar las relaciones exteriores chilenas a través de tratados con países latinoamericanos y con países como Rusia y China. En cuanto a los posibles conflictos con los países vecinos, el gobierno avanzó en buscar soluciones a conflictos anteriores, así como también en una mayor integración del continente. Respecto a lo primero, destacan los acuerdos por las islas del Canal Beagle con Argentina, y las conversaciones diplomáticas con Bolivia respecto a la salida al mar. Respecto a lo segundo, la cancillería fomentó instancias y procesos de integración económica como el Acuerdo de Cartagena con países andinos. La doctrina que sustentó tal política fue la del pluralismo ideológico, fundada en el principio de la autodeterminación y de la no intervención extranjera, cuestión que resultaba eficaz en términos prácticos para evitar la “ideologización” de los conflictos en el continente.

 

 

Un balance final: la real importancia de los factores externos en la derrota del proyecto de la Unidad Popular.

 

El proceso de la Unidad Popular en Chile debe ser comprendido más allá de los límites nacionales, pues es expresión de una época cuyas tendencias estaban marcadas por el agotamiento del proyecto desarrollista ISI y la agudización de la lucha de clases. Pero también porque lo que estaba sucediendo en los diferentes países de la región, obligaba al gobierno a implementar una política exterior que viabilizara el proyecto socialista, tanto apoyándose en las posibilidades del entorno como haciendo frente a sus dificultades. Así, evidenciar la heterogeneidad del estado de la lucha de clases en las diferentes formaciones económico-sociales de América Latina se vuelve relevante, primero, en términos estratégicos al momento de evaluar las relaciones diplomáticas con otras formaciones sociales; y, segundo, por la influencia que otras experiencias tienen sobre los procesos vividos dentro de cada país.

 

La viabilidad inicial que los factores externos proporcionaban a la vía chilena al socialismo y al desarrollo obrero subsecuente era objetiva, y frente a las dificultades presentes las estrategias adoptadas fueron efectivas en relación a lo que el gobierno de la Unidad Popular se propuso en materia internacional. Sin embargo, ninguna política externa podría haber impedido la intervención de Estados Unidos y, más importante aún, ninguna política exterior podría haber evitado la derrota del proyecto etapista. La intervención externa del imperialismo estadounidense operó sobre factores internos desestabilizadores pre-existentes, profundizando y favoreciendo el golpe cívico-militar, pero no siendo el responsable del mismo. Una mirada hacia los factores internos y a las estrategias y tácticas adoptadas tanto por el gobierno de la Unidad Popular como por la clase trabajadora y el movimiento popular, pueden dar algunas luces de la derrota.

 

 


Su crisis definitiva se tiende a ubicar, para América Latina, con la crisis de la deuda de 1982.

Trampas de la estrategia institucionalista

Nos encontramos a pocos meses de las elecciones y, dentro de la amplia gama de partidos de izquierda, pareciera ser que las opciones son múltiples. Solo es cosa de escoger la que creemos tiene la apuesta más acertada y más acorde a nuestros intereses. De ahí que, para muchos, estemos frente al surgimiento de nuevos partidos de izquierda, una izquierda aparentemente nueva, renovada, con estrategias (y candidatos) novedosas (os) y dotadas de un componente pluralista y ciudadano, en tanto invitan a la participación “ciudadana” en sus diferentes apuestas programáticas. Por su parte, existen otras apuestas que ya se encuentran hace algún tiempo en el campo político, aunque con pretensiones de diferenciarse de la apuesta de la Concertación. Pero, ¿qué es realmente lo nuevo o, en el caso de estas últimas, lo diferente de estas apuestas? ¿Existe, efectivamente, una apuesta novedosa, diferente, con posibilidades reales de construcción de poder?

En ésta y en una segunda columna, abordamos críticamente 3 apuestas políticas pertenecientes a esta nueva oleada de actores de izquierda y la propuesta del Partido Comunista, argumentando que no se caracterizan tanto por su diversidad sino que por su convergencia en una apuesta que, para nosotros, resulta equivocada considerando tanto el contexto político nacional como la coyuntura actual de la lucha de clases en Chile: la construcción de poder mediante la vía institucional.

El Partido Comunista y el Gobierno de Nuevo Tipo1

La propuesta del Partido Comunista (PC) se resume en el término “Gobierno de Nuevo Tipo” (desde ahora GNT) que, en sus palabras, explicita “la vocación de poder de nueva mayoría de chilenos y chilenas que se proponen avanzar decididamente en la ruptura del neoliberalismo, e impulsar desde el Estado y la sociedad civil, las transformaciones democráticas que las anteriores administraciones concertacionistas nunca quisieron emprender. En otras palabras, los comunistas aspiramos a instalar un gobierno democrático y de justicia social que marque el fin del actual ciclo de dominio del neoliberalismo”.Este GNT tendría su fundamento en una alianza interclasista cuyo objetivo principal es la instalación de lo que el PC denomina un “gobierno posneoliberal”, el cual asienta la necesidad de democratización del Estado, el cambio en la política social y la redefinición de la explotación de los recursos naturales.

Se plantea que la derrota del “neoliberalismo” será producto de una convergencia y articulación entre diferentes actores sociales y políticos, entre los que se encuentran desde la burguesía nacional, que supuestamente estaría dispuesta a ser parte de las políticas democratizadoras, hasta la clase trabajadora. Dentro de esta pluralidad de actores, en el que identificamos diversos intereses de clase, el PC propone que es posible una hegemonía de los sectores ‘progresistas’ debido a una correlación de fuerzas favorable inaugurada por el movimiento social por la educación desde el 2011.

Ahora bien, ¿cuál es el problema de la alianza con sectores, supuestamente, progresistas de la burguesía chilena? Creemos que este tipo de apuestas basa su premisa en una lectura errónea del capitalismo neoliberal, la cual tiene como elemento central la suposición de que el conflicto entre capital financiero y capital nacional se configura como el conflicto fundamental dadas las condiciones actuales, y que esto deviene en que las fracciones de la burguesía nacional sean de carácter progresista2. Más allá de los problemas teóricos que conlleva esta afirmación, considerar que la Concertación ya alberga en su seno ciertas fracciones de la burguesía nacional desde hace varios gobiernos, sin por ello haber devenido en un gobierno de carácter progresista, resulta un elemento clave para afirmar lo errado del supuesto. Esta lectura también se demuestra errada cada vez que la Democracia Cristiana, partido insigne de la burguesía nacional, se muestra más reacia a conformar una alianza con el PC.

La superación del capitalismo requiere la construcción de una fuerza social que permita y sirva de base a este proceso.La pregunta que queremos plantemos es si, efectivamente, solo y privilegiando los espacios desde la política formal es posible generar una acumulación de fuerzas para realizar los cambios radicales que permitan la erradicación del capitalismo. En primer lugar, las limitantes del sistema formal son conocidas, por lo tanto los cambios que puedan realizarse dentro de él resultan poco relevantes sin la existencia de una organicidad fuerte del movimiento popular y, justamente, limitados. Podemos recordar como ejemplo la existencia de tres parlamentarios del PC, quienes más que llevar a cabo los objetivos programáticos del partido, han servido de fuerza de maniobra de la Concertación, a la vez que mantienen la fe en un posible giro de ésta hacia propuestas más acordes a “la izquierda”. Considerando las características del sistema político chileno, este tipo de apuestas pueden entramparse más que generar frutos y avances desde la perspectiva de “cambiar el Estado desde adentro”. En este sentido, cabe cuestionarse por lo que implica por sí mismo el hecho de ocupar posiciones en el Estado, con o sin alianzas interclasistas (aunque éstas sean meramente estratégicas), además de problemas que pueden llegar a desencadenarse, como la cooptación del avance de las bases por los sectores dominantes. En otras palabras, ¿cómo se asegura que el ocupar posiciones en el Estado ayude a la construcción de poder popular en el contexto actual?

Al mismo tiempo, la idea de que el GNT va a proveer de “gobernabilidad” al país solo resulta en una relegitimación y recomposición de la hegemonía de la clase dominante. Este tipo de eufemismos son reflejo de una propuesta que más que hablar de la erradicación del capitalismo, se enfoca al fin del “neoliberalismo” y a una conducción vanguardista de la clase trabajadora.

En segundo lugar, ¿es la construcción social del PC mera acumulación de electorado, o existen perspectivas de construcción de poder popular? Creemos que por el momento el Partido Comunista ha definido su línea de construcción privilegiando su inserción en el aparato estatal, lo que tiene como consecuencia una concentración en su trabajo electoral. Podemos tomar como ejemplo el resultado del último trabajo de base del PC: el movimiento estudiantil, que terminó pasando rápidamente al ámbito de la política formal, encarnándose en figuras como Camilo Ballesteros y Camila Vallejo.

En un contexto en donde las orgánicas de la clase trabajadora aún son incipientes y debido a lo acotado que resulta una política transformadora o crítica en un marco institucional y bajo la hegemonía de actores neoliberales (Alianza, Concertación), se produce una escisión entre los intereses inmediatos del PC y la de los organizaciones de base. Ésta se expresa en el distanciamiento entre las demandas de los movimientos sociales y las oportunidades concretas de luchas en la arena institucional.
El Partido Igualdad: la Constitución de la Igualdad

El Partido Igualdad nace en el año 2009 con un programa ambicioso que incluía no solo la lucha por ganar espacios municipales, sino que también constituirse en una “Herramienta de los Pueblos”, un “instrumento político que organice, apoye y conduzca la lucha de los pueblos de Chile por sus derechos y lleve a la clase trabajadora al gobierno”. Pregonan un proceso constitucional que refunde el Estado, pero no ya desde una alianza interclasista, ni privilegiando únicamente las mayorías electorales.

Igualdad logra consolidarse como una organización política cuyas orientaciones estratégicas están dirigidas hacia dos vías aparentemente no excluyentes: por un lado, la vía electoral/institucional, y por el otro, la vía de la construcción de poder desde las organizaciones sociales. La conjunción de ambas estrategias se consolidarán en lo que denominan “La Constitución de la Igualdad” caracterizada por un, nuevamente, “nuevo tipo de gobierno” y una nueva Constitución Política para Chile, impulsada desde el pueblo a través de un proceso que pondrá en las manos de éste el diseño e instauración de aquélla: la Constituyente Social. El propósito de ésta es terminar con las desigualdades y reformular los fundamentos de la sociedad así como redistribuir la riqueza y el poder. De esta forma, los cambios reales pretenden ser impulsados desde una nueva institucionalidad y un gobierno dirigido por la clase trabajadora, guiada y respaldada por Igualdad.

Si bien se diferencian del PC en términos del marco de alianzas estratégicas que proponen, descartándose radicalmente de una unión y/o apoyo a las iniciativas que provengan de los partidos existentes, y por ende de la clase dominante, las posibilidades reales de incidencia en los espacios institucionales que pretenden disputar parecen ser escasas. Si bien Igualdad es relativamente nuevo e incipiente, pudiendo justificarse así la irrelevancia de sus porcentajes en las pasadas elecciones, no se le puede restar importancia a este hecho. Una apuesta que pretende insertarse institucionalmente sin reconocer la centralidad, e incluso necesidad, de la alianza interclasista para lograr mayoría electoral y, por lo tanto, una real posibilidad de inserción en este espacio, puede resultar ingenua. Poseer poco “recurso humano” en el ámbito institucional (un solo concejal en todo el país), margina las posibilidades de transformación y demarca estrechos márgenes de acción para un proyecto que ambiciona “guiar” a la clase trabajadora al Estado por esta vía. Las limitantes del ámbito político formal ya son conocidas y las posibilidades de acción dentro de este marco se acrecientan aún más al descartar las alianzas interclasistas que, por lo menos para concretar acciones en ese espacio, parecen ser necesarias. Este ha sido el caso, por ejemplo, de Venezuela, en el proceso de la Revolución Bolivariana ha debido aliarse con sectores de la burguesía nacional, privilegiando en un primer momento la expulsión de los grandes capitales internacionales. Asimismo, esta deriva le ha hecho perder ciertos componentes populares y socialistas, lo cual habla en cierta forma de los peligros que este tipo de alianzas puede conllevar para el proceso revolucionario.

Por su parte, la lucha que pretende llevarse a cabo en los espacios institucionales sienta sus bases en la idea de una mayoría electoral que resulta ficticia, falsa, espuria, en tanto conlleva una acumulación de fuerzas que por sí misma da cuenta de una “participación” en el ámbito electoral, pero que no se condice en ningún momento con una organización real y permanente desde las bases.

Aunque es innegable que Igualdad tiene presencia orgánica en diferentes partes de Chile, intentando desarrollar en paralelo un trabajo con las organizaciones de base, la vía institucional y la lucha por instalar candidatos en espacios locales sigue siendo el objetivo principal de este partido, de ahí que se hagan llamar un instrumento político para apoyar, organizar y conducir a la clase trabajadora, siempre con la disputa a los otros partidos con el gobierno en la mira. Las dificultades aparecen cuando se apuesta por ambas vías, ya que existe una escisión entre las demandas del movimiento popular al que se quiere organizar y conducir, y las escasas oportunidades concretas de lucha que existen en el ámbito político institucional.

Como tercer punto, es importante señalar las implicancias que tiene enfatizar fuertemente la “presencia”, ficticia, de un momento constituyente. Más allá de lo errada que resulta esta afirmación, puesto que aún queda una ardua tarea en la construcción orgánica de las organizaciones de base, una nueva Constitución solo sirve como herramienta relegitimadora de la clase dominante. No olvidemos que la Concertación ha adherido a esta propuesta, tomándola como suya, ¿por qué? ¿Porque el “movimiento ciudadano” ha sido escuchado, o porque desde esta propuesta existe una nueva relegitimación y re-fundación de su posición de clase dominante? Hablar de una Constitución, sea Nueva, sea de la Igualdad, solo “constituye” una relegitimación de la democracia burguesa y de sus instituciones, un “barniz” de recomposición de un sistema que por sí mismo no asegura las transformaciones reales de la sociedad. Proponer una Asamblea Constituyente actualmente, en este contexto político y en la actual coyuntura de la lucha de clases, es seguir jugando el juego de la clase dominante.


1 En los próximos días realizaremos una crítica más detallada de los fundamentos teórico-políticos de la estrategia actual del PC y su aplicación en la realidad nacional concreta

2 Ver columna “La tesis del 1%: antecedentes históricos”.