Sebastián Link

Sebastián Link

Entrevista a Franck Gaudichaud

El segundo entrevistado de la serie de entrevistas a investigadores sociales sobre "Las tareas del movimiento popular", es Franck Gaudichaud. Es miembro del equipo editorial de Rebelión.org, doctor en Ciencias Políticas y actualmente forma parte del Nuevo Partido Anticapitalista en Francia. En 2005 concluyó su doctorado sobre el movimiento popular chileno en la Universidad París 8, bajo la dirección de Michael Löwy. Es actualmente profesor titular en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Grenoble, Francia.

Es autor de Poder Popular y Cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano en Chile; de Operación cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur y de Chili 1970-1073.  También fue editor y coordinador de El volcán latino-americano. Izquierdas, movimientos social y neoliberalismo en América latina, y de América latina: Emancipaciones en construcción, Instituto de altos estudios nacionales – IEAN, Quito, 2013. También es miembro del Comité de redacción de la revista Dissidences y de la revista ContreTemps, así como colaborador de Le Monde Diplomatique (París).

 

Para leerla, descarga el pdf adjunto.

Las PYMEs: entre la guerra de capitales y la lucha de clases

La Reforma Laboral (RL) ha dado que hablar. Dirigentes gremiales, columnistas, políticos, sindicalistas, abogados, etc. discuten la estrechez / radicalidad de la reforma, hablan de sus consecuencias y pretenden hacer ver los “reales intereses” que se encuentran tras las distintas posiciones. El último round fue dado en función de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tras el acuerdo que el pasado 15 de Septiembre sellaron senadores “pro Pyme”, el gobierno y la Conapyme: un set de 30 indicaciones específicas a las Pymes entre las que se cuentan el relajamiento de la información financiera a disposición de los trabajadores, el aumento del quórum mínimo exigido para la formación de sindicatos en empresas de hasta 50 trabajadores (de 8 a 25), y la necesidad de una negociación “de buena fe y en forma pacífica”.

 

Tras estas indicaciones se encuentra el argumento de que la precariedad de las Pymes en Chile haría que su continuidad esté en peligro ante las potenciales presiones de los trabajadores luego de la RL. Otro argumento, planteado por el senador Eugenio Tuma (DC), es el de la supuesta existencia de relaciones “más colaborativas” en las Pymes que las observadas en el gran capital. Y es que el senador reconoce, sin explicitar, la presencia de la lucha de clases y de cómo es un peligro latente que el conflicto se active, sobre todo considerando las condiciones laborales y los salarios miserables de los trabajadores chilenos. Y aquí volvemos al primer argumento: posibilitar un fortalecimiento de los trabajadores en las Pymes, por mínimo que sea y en las actuales condiciones, pone en peligro la existencia de las Pymes y, con ello, los empleos que estas ofertan.

 

Si bien estos argumentos tienen algo de realidad,  pecan de desconocer o negar sus causas profundas: la lucha de clases y la guerra de capitales. Por un lado, la primera remite a la contradicción capital / trabajo, la que se articula en el hecho de que los capitalistas obtienen sus beneficios del trabajo ajeno: poco importa si trabajan o no, con las horas que dedican a ello (algunos superan con creces las 8 horas diarias) no es posible que generen la cantidad de dinero que se apropian. Es lo que se conoce como “explotación capitalista”, la apropiación legitimada de los capitalistas de parte del producto del trabajo ajeno, donde quienes venden su fuerza de trabajo reciben a cambio un salario.

 

Por el otro lado, la guerra de capitales da cuenta de la existencia de competencia entre capitalistas, la que, en el tipo ideal, deriva en la virtuosa “destrucción creativa”, donde la pérdida de algunos es la limpieza del sistema productivo de los ineficientes. Es lo que ocurre en los ciclos recesivos de la economía, aquellos que Velasco y Bachelet pretendieron suavizar aumentando el gasto público tras la crisis del 2008 bajo la lógica de compensar los dolorosos ajustes de la destrucción creativa a través de una red de seguros articulada desde el Estado.

 

¿Qué tienen que ver estos dos procesos con la precariedad de las Pymes y el peligro latente de conflicto? En las condiciones del neoliberalismo chileno, las Pymes están enfrentadas a la guerra de capitales, pero no solo entre ellas sino que con el gran capital (nacional y extranjero), el que contrato tras contrato trata de captar la mayor parte posible de los beneficios producidos. Así, la precariedad de las Pymes tiene que ver menos con las presiones en los costos laborales que con el proyecto de desarrollo chileno (concentrado en la triada commodities, retail y sistema financiero), la apertura de las fronteras (competencia de capital trasnacional con empresas que venden en el mercado interno) y la dependencia del gran capital. En estas condiciones, aumentos en los salarios en las Pymes derivan casi directamente en una reducción de los beneficios del capital (no se ve compensado por dinámicas de crecimiento en productividad), con lo que se hace evidente que la disputa salarial es expresión de la lucha de clases, de los intereses contradictorios entre capitalistas y trabajadores.

 

Sobre esta base, emergen en Chile las voces que reclaman el regreso del proyecto neo-desarrollista, de un Estado nacional-populista y de la renacionalización del cobre y otras industrias estratégicas, pues sería la hora de superar la hegemonía basada en el régimen de acumulación rentista. De sus ruinas, nos dicen, emergerá una nueva clase de emprendedores que base sus ganancias en procesos cada vez más productivos y eficientes, y no en la propiedad de la tierra (commodities) y del dinero (financiero), ni tampoco en una mano de obra poco calificada con salarios miserables.

 

A primera vista, pareciera que los capitalistas de las MIPYMEs están potencialmente en disputa entre dos fuerzas: existe posibilidades para una alianza con las fuerzas progresistas de la sociedad chilena (hoy personificadas en un agregado de diferentes sectores de las clases medias que sostendrían el proyecto neo desarrollista) en contra del malévolo gran capital que acumula con la ruina de las mayorías (el ya repetido argumento del 1% contra el 99%). Los progresistas jalonarían la guerra de capitales y apelarían al apoyo estatal (“las ganancias del gran capital se sostienen, en parte, sobre sus precarios emprendimientos”); mientras los defensores del statu quo, los representantes del capital en general, activarían la lucha de clases (“los trabajadores vienen a quitarles lo que con tanto esfuerzo han construido”).

 

Una distinción similar se observó con el paquete de reformas en la dictadura: la apertura comercial unilateral a ultranza puso en peligro la débil producción nacional con el ingreso de mercancías extranjeras a menor precio, lo que habría concitado la oposición de los capitalistas cuyas mercancías se vendían en el mercado interno (guerra de capitales); sin embargo, la reducción de los costos laborales cristalizada en la Reforma Laboral de 1979 constituyó un mecanismo compensatorio donde la lucha de clases primó sobre la guerra de capitales. Con ello, la dictadura aseguró el apoyo de todos los capitalistas, aun cuando sus políticas beneficiaran principalmente a una fracción de ellos (para mayor profundización, ver la tesis doctoral de Daniel Lederman “The Political Economy of Protection: Theory and the Chilean Experience” (2005)).

 

Si bien en ciertos periodos históricos la balanza pareciera inclinarse hacia la guerra de capitales en el posicionamiento político de los agentes, como ocurrió en el marco del proyecto de Industrialización por Sustitución de Importaciones chileno; estos procesos tendieron a la agudización de la lucha de clases y ordenamiento de los agentes en función de sus intereses como capitalistas y trabajadores: es lo que se observó, por ejemplo, en el paro patronal y la respuesta obrera en 1972 en el gobierno de la UP.

 

Esto nos obliga a las fuerzas con pretensión revolucionaria a llevar adelante una política que reconozca la guerra de capitales (es real; por más que la neguemos en el discurso, no desaparecerá), pero que no olvide que la lucha no es solamente contra el gran capital o sus clases dirigentes, sino que contra la totalidad de la clase capitalista y las relaciones que ella controla y sobre las que se sostiene la explotación capitalista. Así, no vincular la discusión actual de la RL con la lucha de clases nos puede llevar directamente a defender los intereses de fracciones del enemigo, asegurándoles tanto la legitimidad de la explotación, como una mayor captación de la masa de beneficios que hoy el gran capital acumula casi exclusivamente.

 

En este contexto, las indicaciones ”pro Pyme” se anclan en la lucha de clases, aun cuando quienes las sostienen la nieguen y busquen la cooperación de trabajadores y capitalistas en las Pymes en función de la supervivencia de la empresa: el trabajador tendrá empleo (amenaza del hambre) y el empresario podrá seguir acumulando (amenaza de quiebra). A su vez, tampoco dan cuenta de la guerra de capitales ni del proyecto de desarrollo del país, elementos que tensionan la unidad del capital chileno: acepta y naturaliza sin más la precariedad de las Pymes, y lo que es en parte un conflicto intra capitalista, es mostrado solo como un conflicto entre capitalistas y trabajadores, el que, sin embargo, en las Pymes es deseable siga siendo de baja intensidad… según ellos.

La imposibilidad de una vía pacífica al socialismo y la necesidad de un análisis en términos de fuerzas sociales

“Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige, sobre la base 
del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias”. Programa de Gobierno de la Unidad Popular.

 

El proceso de la Unidad Popular suele enaltecerse al verse como una vía pacífica al socialismo, resaltando precisamente su carácter gradual y conciliador como positivo. En esta columna pretendemos desarrollar lo errado de esta concepción al negar en términos prácticos y teóricos la lucha de clases entre explotados y explotadores como el centro del movimiento de la sociedad capitalista. Se rechaza el carácter pacífico de tránsito al socialismo, es decir sin el ejercicio de la violencia ya sea en términos de ejercicio efectivo o como amenaza; así como también sus dos corolarios del caso chileno: el uso del Estado burgués para el avance del movimiento popular y cristalización del proceso revolucionario, sin su destrucción y transformación; y la necesidad de construir mayorías electorales para así poder vencer en el juego de la democracia burguesa. Lo que pretendemos sostener es que esta vía implicó un gobierno con hegemonía reformista que respetó la institucionalidad burguesa hasta el último momento. En términos más concretos, se aborda cinco elementos asociados estructuralmente a la concepción de una vía pacífica al socialismo, que confluyen en el hecho de que ésta no se enmarca como estrategia política en la lucha de clases:

 
– Alianza con fracciones de la burguesía en el marco de la política internacional soviética.
– Concepción estatal del socialismo e intento de dirección del proceso desde el gobierno.
– Respeto irrestricto al Estado burgués y sus instituciones.
– La necesidad de construir mayorías electorales – parlamentarias.
– Rechazo a una política abiertamente militar.

 
Es importante aclarar antes que todo que, si bien con esto realizamos una serie de críticas a la apuesta reformista de sectores liderados por el Partido Comunista, éstas van en la línea de poder tener aprendizajes de las luchas pasadas y, en ningún caso, en culpabilizar a compañeros honestos que lucharon y dieron la vida por construir una sociedad sin clases donde el ser humano pudiera desarrollarse en plenitud.

 

Lo interesante de este análisis es que estos elementos que criticaremos han adquirido nuevos bríos luego de la derrota de la clase trabajadora y el desarrollo del proyecto neoliberal, siendo sostenidos por gran parte de las organizaciones que en Chile se entienden de izquierda o centro izquierda. Con ello, nos recuerdan más a aquellos señores preocupados por la desigualdad que se sentaron a la izquierda el día 11 de septiembre de 1789 en la Asamblea Constituyente posterior a la Revolución Francesa en los albores del capitalismo, que a aquellos partidos que se han definido de izquierda por la lucha contra el capital y la construcción de la sociedad socialista. Así, los elementos que ayer fueron parte de un proyecto con pretensión revolucionaria, de aquella izquierda que se equiparaba a los intereses de la clase trabajadora, hoy son parte de esa izquierda que le preocupan los pobres y que su práctica nos recuerda la máxima del despotismo ilustrado, “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

 

 

La apuesta por una vía pacífica al socialismo

 

La apuesta por una vía pacífica al socialismo en Chile debe ser entendida en el marco de la política internacional de la Unión Soviética en aquel entonces, cuyo brazo chileno era el Partido Comunista, donde esta apuesta se encontraba estructuralmente ligada a aliarse con sectores de la burguesía y, con ello, a la necesidad de una etapa democrático-burguesa previa al socialismo. En el caso chileno, la alianza con sectores de la burguesía pudo observarse tanto en la política constante del sector reformista por buscar acuerdos con la Democracia Cristiana, brazo político asociado a las clases medias (entiéndase por ello a los profesionales, el pequeño y mediano capital y la burocracia estatal), como en el intento de aislar a la burguesía nacional del capital imperialista. El expulsar al capital imperialista a través de la nacionalización del cobre y la estatización de los bancos, se sustentaba en la visión de que la burguesía nacional tendría intereses contrapuestos con el capital extranjero, así como también de que el pequeño y mediano capital tendría intereses contrapuestos al gran capital monopólico. Ello implicaría, una vez expulsado el capital extranjero y restringido el gran capital, la venia de fracciones de la burguesía con el proceso; lo que se expresaría, entre otras cosas, en mayor inversión dado el repunte económico del primer año de gobierno, cuestión que finalmente no ocurrió. Resulta ilustrativo, al respecto, el cambio de política que implica el paso de la conducción económica de Pedro Vuskovic, Ministro de Economía desde el 03 de noviembre de 1970 hasta el 02 de noviembre de 1972, a Orlando Millas, Ministro de Hacienda desde el 17 de junio de 1972 hasta el golpe de Estado, con quien se cristaliza la política frente a la burguesía del “inviertan, confíen en nosotros”, en palabras de Rafael Agacino.


Otro elemento de la apuesta por una vía pacífica al socialismo es una concepción estatal del socialismo, donde la apropiación por parte del Estado de los medios de producción implicaba la socialización de éstos de forma relativamente automática. Si bien esta concepción resultaba hegemónica en las fuerzas populares, sobre todo cuando se observa la fuerza simbólica de Salvador Allende y la lealtad para con él, sí existió crítica a esta concepción estatista. Los cordones industriales resultaron ser, al respecto, gérmenes de socialización de los medios de producción y control de la clase trabajadora de la producción. Esto se vio tanto en términos micro, en la experiencia de las empresas que habían pasado al área social con las diferencias permanentes entre los interventores, que provenían del Estado como cuadros burocráticos, y los trabajadores de las mismas; como en términos macro, a través de la crítica que se realiza al gobierno, la que logra su mayor grado de cristalización en la carta enviada por la Coordinadora de Cordones Industriales al presidente Allende, o a través de la presión constante de fracciones de la clase trabajadora al gobierno por acelerar el proceso de socialización, el que no siempre respondió de forma positiva. Frente a ello dos ejemplos. El primero corresponde a la toma de la fábrica de Yarur que recibió por respuesta del mismo presidente, “los procesos (revolucionarios) exitosos se hacían con una dirección férrea, consciente, no al lote”, acusándolos de anárquicos en su accionar cuando (1) en la misma campaña Allende les había confirmado la socialización de la empresa y (2) la toma era posterior a una serie de análisis que llevó a cabo los trabajadores de un mal manejo de la empresa por parte de los dueños, lo que derivaba en un nivel de producción inferior al posible. El segundo ejemplo corresponde a la toma de la fábrica de salsas de tomates Perlack, la que se realizó sin la venia de la Ministra del Trabajo, Mireya Baltra, quien llegó a golpear a uno de los dirigentes, Santos Romeo González, quien fue calificado por la misma como “un revolucionario trasnochado, un ultra y un provocador que mereció ser abofeteado”.


En términos prácticos, el respeto irrestricto del Estado burgués y sus instituciones chocaba con el hecho de que éste estaba controlado mayoritariamente por la clase capitalista. Estamos hablando, por un lado, de la Contraloría General de la República y los poderes Legislativo y Judicial, pero también del ejecutivo a través de la permanencia de cuadros públicos principalmente democratacristianos. Este fenómeno derivó en una concepción de un Estado fraccionado, restringiendo la lucha de clases a tal institución. Más allá de que esta apuesta política se considere errónea, ella tampoco derivó en la disolución del Congreso y convocatoria a elección de una Asamblea del Pueblo luego del primer año de gobierno, opción que no solo era parte del Programa de la UP, sino que también fue presentada por diversos grupos del conglomerado político como por fracciones de las clases explotadas.

 

Un cuarto elemento es que la apuesta por una vía pacífica al socialismo se condijo con el intento por resolver la lucha de clases aguzada mediante la construcción de mayorías electorales, lo que implicaba la resolución del conflicto a través del convencimiento. Esto, siguiendo la misma lógica de los puntos anteriores, implica nuevamente un rechazo implícito de la lucha de clases entre capital y trabajo como conflicto estructurante de la sociedad capitalista, pues se le da un carácter contingente a través de la dinámica del consenso y se enfatiza en la construcción de mayorías electorales que no son más que fuerzas ficticias en términos reales. Esto descentraba las tareas del período y negaba lo dependiente que fue la llegada al gobierno de Allende de la acumulación real de fuerzas por parte de las clases explotadas, tanto en términos orgánicos -con al menos tres partidos propiamente clasistas- como de conciencia. Dicho con otras palabras, Allende no triunfa en las elecciones presidenciales por la mera mayoría relativa de los votos, sino que esto es expresión del proceso de acumulación de fuerzas de la clase.

 

Un quinto y último elemento resulta ser el rechazo a una política abiertamente militar para enfrentar a la burguesía en un momento donde la lucha final del proceso se hacía cada vez más inminente. Por un lado, el gobierno se negó constantemente a dotar de armamento al pueblo llegando a aplicar la Ley de Control de Armas, error que permitió, además, conocer por parte del enemigo la feble situación en la que se encontraban las fuerzas populares en términos militares. Por otro lado, esto se condijo con la creencia del respeto irrestricto de las Fuerzas Armadas del régimen democrático, marginándose las fuerzas de izquierda de su disputa mientras las fuerzas reaccionarias se involucraron desde antes del ascenso de Salvador Allende a la presidencia. Un ejemplo de ello fue la participación de las Fuerzas Armadas Chilenas en la Escuela de las Américas desde mucho antes del triunfo electoral de la Unidad Popular, donde destaca personajes como Manuel Contreras, Álvaro Corbalán, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff y Odlanier Mena.

 

Ahora bien, esto no nos debe llevar a un pensamiento falaz al estilo de ser general después de la guerra, sino más bien a reflexionar en torno a (1) la falta de una política decididamente militar por parte de las fuerzas populares, y (2) el hecho de que no haya habido un quiebre en las Fuerzas Armadas entre las tropas y la oficialidad, lo que muestra que la crisis nacional objetiva nunca llegó a una crisis revolucionaria clásica. Es en este marco donde la conceptualización de una vía pacífica se tradujo en la negación radical de lo que los clásicos llamaron la dictadura del proletariado, aún hoy poco comprendida y descalificada por la hegemonía de la democracia burguesa. Con la dictadura del proletariado nos referimos simplemente a la conquista de la democracia por parte de los explotados y a la aplicación de la dictadura contra los que buscan seguir explotando a otros, es decir, enfrentarse a las fuerzas reaccionarias que buscan mantener la explotación del Hombre por el Hombre haciendo uso del monopolio de la fuerza estatal. En este sentido, el gobierno de la Unidad Popular no cumplió con ninguno de los dos polos, pues no se enfrentó contra la burguesía como clase general, aun cuando ésta sí terminara actuando en tanto capital en su sentido más abstracto y general; y falló en avanzar a establecer una democracia de y para los explotados que permitiera cristalizar en reformas democráticas más avanzadas los avances de las fuerzas populares, sino que más bien la preocupación se concentró en defender los avances ya existentes.

 

 

La negación de la lucha de clases

 

La negación de la lucha de clases como movimiento central de la sociedad capitalista no solo se produjo en aquel entonces, sino que hoy también suele ser una constante al analizar el proceso de la Unidad Popular. Como hemos desarrollado en las otras columnas de esta serie, el análisis ha sido eminentemente institucional – formal, dejando de lado la constitución misma de las fuerzas sociales en disputa. Las críticas que aquí se realizan a la concepción de una vía pacífica al socialismo tienen su correlato teórico en el análisis de la Unidad Popular y, en términos más generales, de la historia dentro del modo de producción capitalista. Volvemos al análisis del periodo de la Unidad Popular porque en momentos de agudización de la lucha de clases, como dijera Marx, la diversidad de distinciones de clase se simplifican en la oposición abierta entre ambas clases estructurales del capitalismo, obligando a otros grupos de la sociedad, como las llamadas clases medias, a posicionarse en esta oposición. Hoy, en momentos donde la lucha de clases se encuentra poco aguzada en Chile y el mundo, elementos propios del periodo se tienden a naturalizar y derivar en un rechazo total del análisis desde esta perspectiva, en tanto la lucha de clases no se haya tan abierta como en aquellos años.

Para la Revolución, no hay atajos

Para derrotar y superar el capitalismo no hay atajos. Construir una nueva sociedad requiere un largo y arduo trabajo que implica necesariamente enfrentarse a la clase capitalista, a aquellos que detentan la propiedad de los medios de producción y a sus aliados.

 

Hoy existe en lo que hemos denominado la apuesta institucional un dejo de cortoplacismo, viendo las posibilidades de construcción de una nueva sociedad a partir de la coyuntura electoral y del diagnóstico sobre la supuesta crisis de legitimidad del modelo chileno. “Abrimos una puerta, no dejemos que se cierre”, dicen algunos refiriéndose a las movilizaciones surgidas desde el 2011. El problema de los atajos no es solo que se pierde el centro de la construcción de una fuerza revolucionaria, sino que también que tienden a tener escasa viabilidad política o posibilidades de duración, transformándose en una posible derrota ante una clase capitalista que se tiende a leer como pasiva. Ahora bien, puede resultar engañoso leer estas apuestas a la luz de la superación del capitalismo, pues la apuesta institucionalista hoy está anclada fuertemente en resolver disfuncionalidades del sistema capitalista como lo sería la absorción por parte del Estado de las movilizaciones sociales. Es por ello que primero debemos enfrentarnos a cómo entender la revolución, para luego profundizar en los atajos que hoy mueven a muchos cuyo trabajo podría insertarse en la senda revolucionaria, del fin de la sociedad de clases.

 

La revolución como proceso epocal

 

Los aires de cambio se han instalado en la coyuntura electoral y al calor de las movilizaciones de los últimos años. Sin embargo, se ve con fuerza la embestida capitalista a través del gatopardismo, “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie“, y alimentada con apuestas democratizadoras con fuerte énfasis pequeñoburgués bajo un discurso que, en algunos casos, se disfraza de pueblo o popular. Y es que la Revolución que lidere la clase trabajadora no es un mero push, entendido como aquel aprovechamiento de un momento de desconcierto dentro de la clases dominantes, sino que en sí misma implica: a) una prolongada y profunda preparación previa a la toma del poder del Estado (o su sucedáneo); b) varias décadas (o incluso más) de transformación de la formación social de que se trate; c) una perspectiva y un horizonte internacionalista (de lo local, a lo nacional, a lo regional, a lo mundial). Si bien es cierto que una revolución supone aprovechar un momento preciso en el tiempo en una formación determinada (la “crisis nacional objetiva” de Lenin), la misma es, ante todo, un proceso epocal. Por lo demás, la misma historia nos da cuenta de que las revoluciones con mayor éxito hasta el momento (las revoluciones burguesas), supusieron, precisamente, toda una época de “revolución social”. Más de dos siglos de “revoluciones burguesas nacionales” fueron necesaria s para que los distintos Estados se acomodaran y funcionaran de acuerdo a la lógica del modo de producción capitalista (o el “modo de producción moderno burgués”, como establece Marx en el Prefacio de 1859). Por lo mismo, una revolución contra la sociedad de clases hoy existente en Chile y en la región latinoamericana que pretenda la superación del capitalismo bajo la hegemonía de las clases productoras, en un contexto donde se pareciera vivir un momento crucial de transformación de las estructuras estatales, debe necesariamente autocomprenderse como proceso social epocal. Asimismo, por último, y a diferencia de las revoluciones burguesas nacionales, la revolución contra el capitalismo es una revolución consciente de sí misma en el sentido más propio de la palabra y requiere de estructuras, como el partido revolucionario, que posibiliten tal consciencia.

 

Si con lo anterior nos diferenciamos estratégicamente de gran parte de la apuesta institucional que existe actualmente en Chile, ¿por qué abordarla desde un horizonte estratégico que ella no se ha propuesto? Pues bien, porque compite directamente con apuestas fundadas en los intereses de la clase trabajadora y la superación de la sociedad de clases. Dicho de otro modo, porque es una apuesta que coopta las fuerzas de la clase trabajadora y de sus aliados y las disipa en arreglos institucionales que no buscan (o no logran) desestabilizar el orden establecido, sino que más bien son fuerzas que sirven a un reordenamiento más efectivo a través de lógicas que se aproximan a la idea de un capitalismo con rostro humano. Pues bien, es hora de volver al análisis esbozado en un comienzo.

 

Los atajos de la apuesta institucionalista y la negación del enemigo

 

Dentro de la apuesta institucional pareciera haber un collage de demandas, bajo una lógica de incluir todo aquello que emerja desde los llamados movimientos sociales. Es un pegoteo que no posee mucha estructura y que suele sostenerse sobre ciertas cuestiones que se creen obvias. Ante esta lógica, no existe una jerarquización en torno a qué propuestas programáticas son más centrales que otras a la luz del fortalecimiento de la clase trabajadora, énfasis que incluso está ausente en varios casos al propender más bien a los intereses de la pequeña burguesía. Ahora bien, estas demandas suelen tener una baja viabilidad política. Se plantean reformas ancladas en agregados de ciudadanos, pero sin grupos organizados con intereses objetivos en ellas que las sostengan. Dicho con otras palabras, las organizaciones que sostienen a la apuesta institucional no están fundadas en los intereses objetivos, materiales, que tienen los distintos grupos para con la reproducción o transformación de la sociedad. Ello requiere una concepción científica de las clases sociales, es decir en su inserción en el sistema productivo como aquel en donde se da la contradicción central en el capitalismo: el capital y el trabajo. Así, no basta con tener un cúmulo de voces que sienten malestar, ni tampoco con aquellos apoyos de opinión a través de las redes sociales.

 

Aún cuando las bases sociales de la apuesta sean más bien difusas, es en base a estas débiles fuerzas que se plantea un cortoplacismo anclado en, al menos, dos atajos. El primero es el atajo institucional, aquél que apuesta, entre otras cosas, por una Asamblea Constituyente, la Nacionalización de los Recursos Naturales y la elección de un presidente. Este atajo erra no tanto por sus apuestas reformistas, sino que por su viabilidad. ¿Acaso se cree que esos procesos pueden llevarse a cabo hoy en Chile en aras de los intereses de la clase trabajadora? Y si se lograra, ¿acaso se cree que aquello puede durar en el Chile de hoy dada la fuerza que posee la clase proletaria, única capaz de llevar adelante un camino hacia la superación del dominio del capital, es decir, reformas sustantivas al modelo económico chileno? Un segundo atajo es el espontaneísta. Aquí se observa la organización y cierta fuerza transformadora como si emergieran espontáneamente del malestar, las marchas y las críticas supuestamente radicalesinstaladas al calor de las movilizaciones. Se espera que el malestar y la movilización tengan efectos directos sobre otros sectores no movilizados, asumiendo un supuesto gran avance de los sectores movilizados. Un elemento asociado a este espontaneísmo es una reducción de la movilización social, en general, y de las marchas, en particular, como actos comunicativos. Como dijimos en otra columna de la serie, lo que ayer era una expresión de la fuerza organizativa y militar de la clase trabajadora, hoy es vista como un instrumento de comunicación de las demandas hacia nuestros representantes o hacia aquellos que detentan el poder. Con estos dos elementos, se espera la emergencia de un acuerdo entre los distintos sectores movilizados y no movilizados, lo que llevaría a cambios sustantivos en nuestra sociedad.

 

Estos atajos, a su vez, han ido de la mano en las apuestas institucionalistas con un desentendimiento del poder de la clase capitalista. La puerta abiertapor las movilizaciones de los últimos años se afincaría en la deslegitimidad de los políticos y en una imagen donde el enemigo se reduce a un porcentaje o a las mil familias que impiden los cambios. El problema que se observa es uno de representatividad y de mal funcionamiento del sistema político, lo que deriva en una crítica funcional al sistema capitalista chileno en tanto no es capaz hoy, según los seguidores de esta apuesta, de absorber eficientemente la movilización social. En este contexto, el análisis de la apuesta institucionalista niega la presencia de agentes enemigos, a quienes no ven como propiamente agentes que tienen la capacidad de defenderse y atacar, o a quienes se les elimina del cuadro criticando un sistema que no funciona y no a aquellos que tienen interés objetivo en mantenerlo.

 

Para la Revolución, no hay atajos

 

En definitiva, la apuesta institucionalista de sectores de la izquierda chilena peca de ignorar el cómo se desenvuelve la historia (o de saberlo y actuar contra la clase trabajadora y sus intereses) . En el capitalismo la contradicción central está dada por el capital y el trabajo, único conflicto que este sistema no puede resolver sin destruirse con ello. El ignorar la lucha de clases como motor de la historia les lleva a dos problemas, entre otros. Primero, la imposibilidad de jerarquizar ciertas demandas y de definir qué transformaciones dentro de la institucionalidad son más eficaces para con la acumulación de poder de la clase trabajadora. O lisa y llanamente, no plantearse esta pregunta por cuanto no es a los intereses de ésta a los que se responde. Segundo, la imposibilidad de llevar a cabo las transformaciones propuestas al sustentarse en agregados de personas y/u organizaciones sin base clasista, las cuales no tienen la capacidad ni de llevar a cabo las transformaciones propuestas ni de hacer que se sostengan en el tiempo. La contracara de este segundo problema es el ignorar a la clase capitalista como un agente activo de la lucha de clases y que nunca ha escatimado esfuerzos en usar las estrategias necesarias para acabar con los intentos de avance de la clase trabajadora hacia la superación del capital y, por ende, de su propia condición de explotados.

 

Y es que a 60 años del asalto al cuartel Moncada, sabemos, al menos, que para la Revolución no hay atajos.

 

Ilustración: por Esteban Nazal