Columnas Generales

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En el último apartado de “El Manifiesto Comunista”, Karl Marx y Friedrich Engels (1848) reflexionaban en torno a las políticas de alianza de los comunistas. Al respecto, daban cuenta de alianzas con las burguesías que luchaban contra las fuerzas reaccionarias, las que podían sostenerse con la claridad de que una vez estas últimas fueran derrotadas, la lucha de los comunistas versaría contra las primeras. Esta lucha implica que la preocupación por la acumulación de poder debiese ser una preocupación constante, “sin dejar un solo instante de laborar entre los obreros”; sin embargo, aquella preocupación se vuelve, en determinados periodos históricos, la preocupación central del periodo. Es el caso del Chile actual, donde la recomposición del movimiento popular se vuelve el objetivo estratégico del periodo.

 

La dictadura cívico-militar y el largo periodo transicional han tenido por resultado un movimiento caracterizado por su debilidad, anclada en la destrucción del tejido social de los hogares, en la débil organicidad a todo nivel, en la ausencia de partidos políticos como herramienta del pueblo, y en la destrucción de la plataforma de recursos que permitiera su coordinación para la lucha por una vida mejor. Pese a lo anterior, en el actual ciclo de movilizaciones abierto el 2006-07, se ha caído en la ilusión de un avance del pueblo. Las movilizaciones masivas y recurrentes en el último periodo, han hecho suponer un avance del movimiento. Analistas, investigadores y opinólogos de izquierda han caído en dicha ilusión toda vez que tras cada movilización (pingüina, universitaria, Freirina, Magallanes, Aysén, Chiloé, etc.) se exaltan y lanzan lecturas grandilocuentes del “ahora es cuando”. El progresismo ha sido la corriente política más entusiasta con estos sucesos (tanto dentro como fuera de la Nueva Mayoría) y se han auto-atribuido el rol de “continuar con la posta”, llevando las demandas del pueblo al Estado burgués. Dicen ver una oportunidad para mejorar la vida de todos y, por eso, se constituyen como partidos y pactos políticos con distinto nombre (Todos a la Moneda, Vota AC, Frente Amplio, Nueva Mayoría, etc.) para disputar el sistema político.

 

Organizaciones del pueblo son coaptadas por el progresismo y son orientadas a escaramuzas en las que tarde o temprano fracasarán. Y es que pueden llevar adelante un programa progresista que efectivamente mejore las condiciones del pueblo, sin embargo, caerán rendidos a las crisis económicas y a los contragolpes del enemigo. Esto porque, actualmente, el movimiento es débil y el enemigo es poderoso. Es en este marco que como centro de investigación Fragua publicamos la siguiente nota, cuyo objetivo es presentar los criterios que utilizamos para evaluar la fortaleza y debilidad de los movimientos sociales basados en los principales hallazgos del Programa de Investigación Político Científico “Movimientos populares y sociales”. Esto con miras a aportar a lo que consideramos una evaluación necesaria a la hora de construir nuestras tácticas y estrategias. Considerando todo lo anterior es que sostenemos que solo el fortalecimiento del pueblo, es decir el desarrollo de una capacidad creciente de control sobre las relaciones sociales en que nos involucramos, permitirá llevar adelante las transformaciones que necesitamos. 

 

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Miércoles, 15 Enero 2014 00:00

Entrevista a Franck Gaudichaud

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El segundo entrevistado de la serie de entrevistas a investigadores sociales sobre "Las tareas del movimiento popular", es Franck Gaudichaud. Es miembro del equipo editorial de Rebelión.org, doctor en Ciencias Políticas y actualmente forma parte del Nuevo Partido Anticapitalista en Francia. En 2005 concluyó su doctorado sobre el movimiento popular chileno en la Universidad París 8, bajo la dirección de Michael Löwy. Es actualmente profesor titular en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Grenoble, Francia.

Es autor de Poder Popular y Cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano en Chile; de Operación cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur y de Chili 1970-1073.  También fue editor y coordinador de El volcán latino-americano. Izquierdas, movimientos social y neoliberalismo en América latina, y de América latina: Emancipaciones en construcción, Instituto de altos estudios nacionales – IEAN, Quito, 2013. También es miembro del Comité de redacción de la revista Dissidences y de la revista ContreTemps, así como colaborador de Le Monde Diplomatique (París).

 

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Lunes, 21 Octubre 2013 00:49

Entrevista a Rolando Astarita

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La entrevista a Rolando Astarita forma parte de una serie de entrevistas realizadas a investigadores sociales, las cuales buscan reflexionar en torno a las tareas del movimiento popular hoy en Chile. Se pretende ir construyendo un espacio de debate y reflexión que permita un desarrollo teórico sistemático dentro del proceso de acumulación de fuerzas del movimiento popular, ya que el desarrollo teórico y la disputa ideológica son esferas de la lucha de clases y, a la vez, necesarias en el proceso de construcción de la sociedad socialista. 

 

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Críticas a la televisión chilena hay muchas:desde demandas legales contra las formas inmorales que los canales emplean para conseguir el ansiado rating, hasta cuestionamientos políticos frente a la deficiente calidad de los contenidos, o más bien, ausencia de “programación cultural”. Todas ellas tienen un rasgo común, ser críticas desde la “alta cultura”, esa conservadora que se irrita poco cuando se le pasa a llevar con una talla de mal gusto, o si se es más progre, que trata que el populacho se eduque bien para que de una vez seamos desarrollados. El problema pareciera ser así algo superficial, y la soluciones propuestas no son diferentes, siendo bastante aceptada la progresista que busca regular la parrilla programática, es decir, exponer programas televisivos con más “contenido” que las personas, seguramente, verán. Pareciera que esta postura desconoce absolutamente que el problema que enfrentan está lejos de ser algo superficial, por el contrario, refiere a la configuración misma de la sociedad chilena. La televisión es mucho más que preferencias individuales de consumo, no es un tema de oferta y demanda, opera en tanto transmiteciertas ideas sobre la realidad, preocupaciones y formas de vida deseables, que las personas pueden tomarlas o no para elaborar sus proyectos de vida. Es decir, es una influencia, y por ende hay ciertas condiciones que aumentan o disminuyen su importancia. El problema es que en Chile las condiciones históricas hacen que esa influencia sea de alto impacto, teniendo efectos políticos profundos sobre todo para estratos populares. Por esto, si queremos entender cuál es el problema es necesario saber ¿Qué escenario presenta Chile para esta influencia?

 

Para comenzar a responder esta pregunta, hay que hacer un poco de memoria. La televisión comienza a hacerse parte de la vida de los chilenos a fines de los 70, precisamente cuando se impone el Estado subsidiario y neoliberal, en dictadura. En este contexto, los canales de televisión estaban absolutamente intervenidos, siendo funcionales al proceso. ¿Qué ofrecía entonces a los televidentes? una invitación a “reír, cuando todos estaban tristes” por parte del “Jápening con Já”, reír cuando estaban torturando y asesinando a hombres y mujeres comprometidas con el proyecto socialista chileno. “Platita poca pero segura” entregaba el “Festival de la Una” a quien quisiera participar en sus concursos, en un contexto donde el Shock neoliberal y la subsidiariedad de la política social mostraba su peor cara a los sectores más vulnerables. Ejemplos que reflejan el rol funcional de la televisión a la destrucción de los espacios de organización política y a la pauperización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, procesos necesarios para instalar el modelo sin resistencia.

 

Ahora, el proceso político de la dictadura no sólo operó en el ámbito de las estructuras socio-económicas, sino que también constituyó nuevas subjetividades, emprendiendo una “guerra social” (véase: “La alcaldización de la política” de Verónica Valdivia et al) Al respecto, es ejemplificador el impacto que tuvo y tiene en la memoria chilena el programa “Sábado gigante”. Este espacio significó, pese a lo que diga Don Francis, mucho más que “sana entretención” para la población. A primera vista se conforma como un espacio donde “gente común”, de todo chile, exhibía sus problemas y preocupaciones. ¿Qué podría haber de malo en ello? Bueno, esto lejos significar un rol bondadoso de la televisión, cumple una función importante para el modelo ya instalado. Frente a la desarticulación de las instituciones clasistas donde las personas se reconocían con sus iguales, se exhibe desde estas plataformas una versión de un nosotros y de la historia reciente, pero a diferencia de la época anterior, desde un discurso dominante que tiene la potestad de intervenir los contenidos y formas que se emiten. La televisión responde a las demandas de integración cultural que antes eran parte de un proyecto de clase, y que el Estado subsidiario había dejado de viabilizar. La dictadura así remató a su enemigo, el marxismo, estableciendo un mecanismo implacable de integración cultural que no requiriera esas organizaciones “desviadas” que tanto mal habían causado y que transmitiera una versión funcional de identidad e historia común. En estas condiciones, la influencia de la televisión fue implacable, dejaron el camino listito para la sociedad neoliberal.

 

¿Hoy en día, en “democracia”, ha cambiado algo este panorama? Bueno, hay ciertas cosas que Sí cambiaron. Por un lado, ha existido un aumento sostenido de la penetración de la televisión por cable en los hogares, convirtiéndose en un bien accesible para segmentos populares. Se ha afirmado al respecto que este fenómeno provocaría una tendencia a la fragmentación de los “consumidores de televisión”, al elevar la oferta programática. Por otro lado, los jóvenes ven cada vez menos televisión, mientras que los sectores adultos mayores y de mujeres desocupadas son quienes más televisión consumen (Fuente: VIII Encuesta nacional de televisión, CNTV). Una interpretación apresurada al respecto sería que la televisión pierde importancia en los hogares, salvo en segmentos inactivos o desocupados. Lamentablemente, no es tan fácil como “apagar la tele y prender la mente”. Aunque aumenta la prevalencia de la televisión por cable en los hogares, los canales preferidos por los chilenos siguen siendo los nacionales, sobre todo, en los estratos populares. Así también, aun cuando los jóvenes ven menos televisión en formas tradicionales, se está gestando con fuerza el fenómeno de la “televisión social”, lo que implica que en realidad ven más televisión pero vía internet, comentándola y compartiéndola en redes sociales. La televisión sigue estando presente de forma importante en las vidas de las personas.

 

Columna TV

 

Ahora bien, un hecho paradójico es que lejos de asumir sin cuestionamientos lo que la televisión ofrece, las personas critican no sólo el pobre contenido que es emitido, sino que también las formas de transmitirlos. Existe gran disconformidad apreciable en el hecho de que un 61,9% del total de la población encuestada se encuentra insatisfecho con la televisión abierta, y si vamos al detalle, un 56,1% de los estratos medios bajos y un 47% de los estratos bajos se encuentran insatisfechos (Fuente: VIII Encuesta Nacional de Televisión). Las razones de esto no son menores ya que se critica directamente el contenido, y sobre todo, la farándula y las peleas en televisión (con un 17,4% en sectores medios bajos y 13,2% en sectores bajos). Quién lo diría, a la gente le molesta la farándula.

 

A estas alturas, el lector debe estarse preguntando con justa razón ¿si existe tanta insatisfacción, por qué la gente sigue viendo televisión chilena? Es posible mencionar varias causas de este fenómeno, pero existe una en particular que es histórica y determinante, y refiere al hecho conocido por todos de que poco han cambiado las condiciones desde la dictadura. El académico de la universidad católica Valerio Fuenzalida, afirma que la gente no solamente busca ver televisión como medio para entretenerse, si no que el mayor placer asociado al consumo televisivo reside en comentar con otros lo que se ve (puedes revisar su columna aquí). Por eso prefieren ver televisión abierta, que todos ven, antes de televisión por cable, la que es evaluada de mejor calidad. Así también, la televisión chilena nos une en festividades, en causas nobles y frente a catástrofes. En ella podemos ver nuestra identidad como país, solidaria, esforzada. La tele nos cuenta nuestra historia. La televisión sigue siendo un mecanismo integración cultural en nuestra sociedad, que se ha consolidado con los años. Por esto, el problema de la televisión es algo extremadamente complicado y que por supuesto, va más allá de la oferta/demanda como afirma la postura proge. En estas condiciones, la influencia de la televisión es altísima, y con ello sigue instalando preocupaciones y formas de vida deseables a las personas. Influencia que actualmente, frente a la alta concentración de los medios de comunicación, está en manos empresariales, lo que hace a la tele funcional a la hegemonía. Y cómo negar esto, si basta con ver unos minutos televisión para notar que la identidad e historia que formatean corresponde a un sujeto despojado de historia y condición de clase, que difícilmente cuestiona la acumulación capitalista.

 

¿Y tú, de qué vas a hablar mañana?  Es el nuevo slogan del MEGA que se Repite una y otra vez en la tanda comercial. Nada más ni nada menos que un acertado juicio sobre la realidad actual, la tragedia cotidiana de que la conversación del día lunes en la pega, sea esa talla de “El muro” de Kike Morandé, o lo que hizo esta modelo nueva en “Primer Plano”.  Y no es por “mal gusto” ni menos por pasividad de los televidentes. La demanda legítima por integración desde el mundo popular que visibiliza la tele, influye en la posibilidad de constituirse como una clase para si. Si queremos disputar este espacio no basta con atacar los contenidos de la televisión, se tiene que desmontar el mecanismo de integración y de control hegemónico que representa. Para esto debemos reconstituir esta memoria, estas prácticas, generando un encuentro ahí donde la gente se ve efectivamente y no mediada por un aparato, en los espacios que comparten como clase. Sólo la organización del movimiento popular puede disputar el lugar que la tele “se ha ganado” en los livings de las familias chilenas: dejando atrás el protagonismo televisivo y devolviéndoles el protagonismo histórico.

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“Este anuncio es, como siempre, más farándula de seguridad que medidas reales”, fue la réplica de una parlamentaria UDI frente a los $440 millones que el gobierno de la Nueva Mayoría está invirtiendo en una campaña comunicacional de seguridad ciudadana. Y es que esta problemática se ha vuelto una preocupación central para los gobiernos de turno desde finales de los años ’90, siendo un debate no exento de controversias entre los diferentes sectores políticos, y cuya importancia ha ido permeándose a la sociedad civil llegando a transformarse en una “demanda ciudadana”. Frente a un tema que ha sido monopolizado y hegemonizado por la derecha y que se nos aparece como una demanda universal- ciudadana- de la sociedad hacia el Estado chileno, la izquierda revolucionaria poco ha dicho (o no ha querido decir) sobre tan controversial problema que parece afectar la cotidianidad de las personas y, en específico, a las clases populares. No debería sorprendernos que mientras las tasas de victimización son más altas en los sectores populares, la percepción de inseguridad ha aumentado en sectores de clases medias y altas   Es importante, entonces, escapar a los sentidos y lugares comunes del discurso de derecha y del discurso progresista y observar cómo y quiénes articulan y configuran esta demanda, y de qué forma las clases populares se insertan en esta retórica de la seguridad ciudadana.

 

A finales del año pasado, un estudio realizado por Paz Ciudadana-Adimark lanzó las cifras de las tasas de victimización a nivel nacional y por regiones, las cuales alcanzaron los niveles más altos desde el año 2000 (43,5%). A esto, se suma la salida a la luz de los  resultados oficiales de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), abriéndose aún más las puertas a un debate que tiene como centralidad definir políticas públicas para abordar una problemática que se ha constituido en la primera prioridad a nivel nacional según la encuesta CEP  de agosto 2015 (60% de los encuestados): la seguridad (delincuencia, asaltos y robos). El aumento en el indicador de temor, según el índice de seguridad ciudadana, se concentró en los sectores de clases altas y medias,  malestar que no se hizo esperar, y en julio de este año dos cacerolazos en comunas del sector oriente se transformaron en la “voz” de las clases más atemorizadas, cumpliéndose el sueño ciudadanista de la democratización de las expresiones de “protesta social”.

 

Una de las principales controversias dentro del debate tiene que ver con las diferencias o el “desfase” entre las tasas de victimización (los delitos de los que las personas son objeto)- lo que comúnmente se denominan los “datos duros” u objetivos- y la percepción de inseguridad de la población (lo “subjetivo”). Ello, porque las tasas o índices de victimización según ambas encuestas (aunque difieren significativamente) son menores al porcentaje de personas que dice sentirse insegura, no siendo clara la relación entre el alza en la victimización y el alto temor que las personas sienten de ser víctimas u objeto de algún tipo de actividad delictual. Así, un 72% de la población encuentra muy probable el ser víctima de algún delito violento (Encuesta CEP 2015), especialmente en los sectores medios y bajos. Este último punto que  torna relevante considerando que las políticas públicas que abordan la problemática están focalizadas justamente a disminuir la percepción de inseguridad en la población más que a la prevención misma del delito. Estas alternativas se plantean frente a un escenario en que las políticas de control y represión son una constante en el capitalismo, especialmente en aquellos regímenes de acumulación que tienden a disminuir el costo de mano de obra, y cuya desigualdad afecta, incluso, los cursos de acción formales dentro del capitalismo.

 

Y es que la demanda de mayor seguridad y protección- tanto “civil” como social- en las formaciones sociales capitalistas recae en el Estado, como principal garante del bienestar de una “sociedad civil” cada vez más atemorizada no sólo por agentes externos sino que, principalmente, por agentes internos. Así, frente a los efectos perversos del capitalismo es el Estado quien absorbe las demandas de solución a las problemáticas que el mismo sistema produce y reproduce, en formaciones sociales en las cuales la individualización y el repliegue a la unidad doméstica exacerba la sensación de inseguridad y de pérdida de control de la propia vida en un contexto altamente cambiante e incierto, en relación a los puntos de referencia de pertenencia y a la continuidad contextual.

 

El discurso político en relación a la seguridad ciudadana, en la derecha y la izquierda más progresista, se nos presenta de diferente forma. En el caso de la primera, la retórica  apunta a la defensa de la propiedad privada como valor, acusando que la delincuencia sería un problema de voluntad y que no respondería a las desigualdades estructurales del sistema capitalista, sino que a un discurso igualitarista que de alguna forma funcionaría como un promotor o sustento para creer que “los bienes materiales distribuidos en nuestra sociedad tienen un origen inmoral e injusto” ; con ello, la premisa fundamental es que quienes roban lo hacen porque este discurso legitimaría el “arrebatar” bienes materiales que no se poseen.  Mientras que en los sectores de la izquierda más progresista, la premisa que más se baraja como explicación a la problemática del temor radica en el manejo mediático que se ha hecho del tema, y a las intenciones políticas detrás de la “instalación” del miedo e inseguridad en la sociedad chilena a través de la vía comunicacional. Así, no sólo se potencia el argumento de la importancia de los medios de comunicación en la formación de opinión pública, sino que también la tesis de la paranoia colectiva creada intencionalmente por una elite nacional que tiene el monopolio de la información y cuyo caballo de batalla de control de la sociedad estaría en el poder comunicacional. Esto, de la mano del discurso del carácter estructural de la delincuencia y de la necesidad de reformas preventivas y de reinserción que apacigüen la problemática al alero de las posibilidades democráticas.

 

Sin embargo, ¿qué es lo que se escapa en ambos análisis?, ¿dónde podemos aportar mayor especificidad y desde una perspectiva que sitúe a las diferentes clases y sectores sociales en esta problemática enceguecida por el aparente universalismo ciudadanista? Es en la experiencia de la “inseguridad” y en la consiguiente construcción de la demanda donde encontramos una posible salida a los sentidos comunes que analizan la temática.

 

Dentro de las clases altas y segmentos medios, la percepción de inseguridad y temor ha aumentado en el último tiempo, a la par del aumento de sus tasas de victimización. Si analizamos el discurso de la “seguridad ciudadana” dentro de estas clases, vemos que sectores de las clases medias y altas demandan al gobierno de la Nueva Mayoría más seguridad; demanda que se articula en torno a la “mano dura”, es decir, el reclamo por agentes y políticas más represivas y de control de la criminalidad, que van desde crear más cárceles, aumentar contingentes policiales y aumentar las penas, hacia cambiar la reforma procesal penal para hacerla más efectiva. Este discurso, que suena altamente represivo en términos institucionales, se contradice con una retórica que eleva por sobre todos los valores estructurales de la sociedad capitalista las libertades individuales y la existencia de la propiedad privada como una de ellas: la libertad negativa, ganada naturalmente, que no puede ser impedida de su ejercicio por nadie.  Así, la defensa a la propiedad privada se vuelve fundamental, en tanto esta se constituye en la condición misma para su existencia y reproducción como clase. Con ello, se observa que a medida que sus condiciones de existencia y calidad de vida se ven perjudicadas, logran transformar a la seguridad en una demanda “ciudadana”.

 

Asimismo, se visibiliza el argumento meritocrático asociado a la criminalidad, donde si bien se reconoce la existencia de un contexto desigual, la defensa a la propiedad emerge como la protección de bienes cuya tenencia ha requerido esfuerzo,  frente a una “otredad” haragana y apática frente al deseo de la propiedad: la dualidad del “buen pobre” frente al “mal pobre”. Así, existe una crítica moral a esta otredad que debería ser abordada desde la institucionalidad: el Estado, la escuela y la familia.

 

Por su parte, otros sectores de clase media apelan a discursos más preventivos, resaltando la importancia de la reinserción social de los “delincuentes” y de la mejora de condiciones de vida de la población- en general-y de los sectores populares o empobrecidos-en particular-como una forma de evitar una problemática que se considera estructural: la falta de oportunidades y la delincuencia como última salida. Tareas que, nuevamente, son relegadas a la institucionalidad estatal.

 

Ahora bien, en las clases más bajas, la problemática adquiere un cariz diferente, pese a que el relevamiento de la “mano dura” sea igualmente o, me atrevo a decir, más importante que en el resto de las clases cuando se trata de resolver la problemática de la seguridad y la criminalidad. No es de sorprenderse, entonces, que comiencen a emerger también desde estos sectores de la sociedad discursos autoritarios y represivos (el castigo). Por el contrario, parece ser algo completamente esperable si se tiene en consideración que el “elemento hostil” convive cotidianamente con ellos, aun cuando discursivamente también aparezca como una “otredad” ¿A quiénes se demanda seguridad? Sorpresivamente, no existe una demanda articulada en torno a la problemática, siendo que: son la clase social con mayor temor (según las encuestas) y las que se ven más afectadas por ella (altas tasas de victimización); y, que la solución no es derogada al Estado, ni al gobierno de turno, pues no se visibiliza como posibilidad. Esto, porque la sensación de abandono por parte de las instituciones estatales es bastante alta, razón por la cual no se confía en la capacidad resolutiva por parte de ninguna de las instancias existentes.

 

Así, y a diferencia de importantes sectores de las clases medias y altas, las clases bajas ya no ven que la inseguridad y la criminalidad dependan de voluntades políticas ni de reformas posibles en la institucionalidad vigente, transformándose con ello en una problemática que escapa a todo control: se vuelve, así, en un problema y  en una demanda de orden. Y es que el temor ya no es la pérdida a la propiedad ni de las libertades, sino que a la posibilidad de “vivir en paz” en un contexto considerado peligroso, caótico, sin ley, sin moral y “sin respeto a la autoridad”. El exterminio o el castigo de esta “otredad” dentro de la propia clase emergen, entonces, como un discurso frecuente, donde la responsabilidad recae no sólo en las “manos propias” (ajusticiamiento “ciudadano”) sino que principalmente en las única “entidades” consideradas independientes de la sociedad y de la política capaz de resolver conflictos: carabineros y las fuerzas armadas; es decir, que los carabineros tengan mayor atribuciones al momento de ejercer violencia, y/o que los militares vengan a resolver un problema que ya pareciera tener vida propia y estar fuera de control.  No es de sorprender, entonces, que las instituciones con mayor aprobación y legitimidad en Chile sigan siendo carabineros, policía de investigaciones y las fuerzas armadas.

 

Frente al “problema” de la inseguridad y la criminalidad, entonces, no hay que olvidar que la demanda emerge principalmente desde las clases altas y grupos medios; mientras que las clases bajas, lejos de articular una demanda, construyen un discurso desde la experiencia cotidiana de la criminalidad, donde la “funcionalidad ideológica” del mismo hacia el dominio de las elites políticas y la clase capitalista parece perderse ante una institucionalidad que no gana ni en legitimidad ni en posicionamiento como instancia política resolutiva de problemáticas sociales dentro de estas mismas clases. Es difícil considerarse ciudadano cuando no se forma parte de la sociedad civil, aun siendo el sector social más afectado por una problemática  cuya solución conlleva la generación de una demanda que implica la negación de la propia clase. Así,  la hegemonización discursiva recae en aquellas clases que sí pueden transformar un problema en demanda, y generar la posibilidad de solución a través de su posicionamiento en la agenda pública.

 

Frente a la problemática misma de la criminalidad y la “delincuencia”, no hay que olvidar que ambas son inherentes al capitalismo, asociadas a la falta de acceso a demanda de bienes y servicios y la consiguiente resolución por medio de la generación de mercados negros y apropiación ilegal. El Estado, en el capitalismo, remueve la necesidad de apropiación ilegal, transformándose en el redistribuidor por excelencia de la propiedad, a la vez que monopoliza y reproduce la estructura delito-carcelaria que el mismo sistema forma y produce. Este carácter estructural de la criminalidad, si bien se vislumbra en el discurso de algunos sentidos comunes de algunos sectores sociales (aunque no con los mismos matices que presentamos en esta columna), las soluciones no se ven en la erradicación del capitalismo, sino que en las reformas y “correcciones” dentro del marco democrático que el Estado debe garantizar dentro de las formaciones sociales capitalistas. La demanda de seguridad ciudadana está impregnada de la retórica de las libertades y derechos característica de la eterna promesa de las democracias liberales, pero que pasa por alto las diferencias de clase y la forma en la cual la “inseguridad” y la criminalidad afectan distintamente la vida cotidiana de personas cuya posición en las relaciones sociales no es la misma, y donde ni la “cercanía” con la “otredad peligrosa” ni los efectos de las medidas tomadas afectan ni afectarán de igual forma a las diferentes clases sociales. Ante a este escenario es importante no pasar por alto estas diferencias y considerar la relevancia de abordar una demanda y un discurso hegemonizado por un componente autoritario y populista frente al “retorno de las clases peligrosas”; que, por una parte, excluye a las clases populares de los beneficios posibles de ganar ante una demanda que la considera el foco del problema, y que, por otra, potencia peligrosamente la auto-negación de las clases populares.

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El reciente anuncio de la Presidenta sobre el proceso constituyente vino a dar una claridad relativa sobre una de las promesas de campañas que más expectativas y sospechas han generado desde su elección en 2011. El anuncio presidencial permitió conocer la forma en que este proceso se llevaría a cabo, despejando una de las mayores inquietudes en los distintos sectores políticos. El panorama parece ser recibido con conformidad en la DC, con recelo en el sector del empresariado y con disgusto en los sectores más progresistas al interior de la Nueva Mayoría (PC y PS), quienes apostaban a la creación del plebiscito. Sin embargo, ¿cómo se encuentra el movimiento popular ante este proceso?

 

Debemos reconocer ante todo las condiciones actuales en que se ha estado dando el proceso. La necesidad de una nueva Constitución fue una demanda levantada desde algunos sectores de los movimientos sociales desde el año 2011. Si bien el movimiento “Marca AC” , fue uno de los más emblemáticos y que tuvo mayor relevancia en el año 2013 en las elecciones presidenciales, este no era el único. La promesa de transformar la Carta Magna que ata al país desde 1980 a una política autoritaria y una economía “libertaria” fue un llamado al cual atendieron no sólo distintas organizaciones de izquierda, sino que también a sectores del progresismo e incluso la derecha. Como es de suponer, la multiplicidad de proyectos e intereses de grupos y clases en una transformación constitucional incluía también una propuesta difusa sobre el cómo y el para qué. En la actualidad, la demanda no ha acumulado la suficiente fuerza ni repercutido en la población de forma tal que llame a la movilización masiva : Ya sea en el propio ejercicio de la movilización, ya sea en el interés. Si consideramos la última encuesta CEP de Agosto 2015, Sólo el 5% declara que una Reforma Constitucional es uno los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar.

 

Por otro lado, como era de esperarse, la Nueva Mayoría debió reconocer y rendir cuentas ante el sector del empresariado más cercano. Así se entiende la reunión entre el ejecutivo y el CEP, la cual sirvió para aclarar algunos puntos bases sobre el alcance de la mismo proceso. Entre los objetivos de la reunión se encontraba el dejar en claro que la “propiedad privada” no sería trastocada, evitando cualquier similitud con los procesos de nacionalización o estatización de los países de la región que también han pasado por un proceso constituyente.

 

Algo está claro: el sector del empresariado, al menos el que se encuentra más cercano a la Nueva Mayoría y representado en el CEP (Luksic, Matte y Saieh), ya ha comenzado a establecer cuáles son los puntos de disputa a los que apuestan, contando, entre ellas, el desplazar la responsabilidad del Estado sobre lo que se han llamado derechos sociales (educación, salud, vivienda, etc.) hacia fines, modalidad en la que el Estado puede adoptar distintas políticas que no implique un peligro fiscal, ni entorpecer el emprendimiento personal. El proceso constituyente no solo es una oportunidad para los sectores dominados para mejorar sus condiciones y establecer posibilidades de transformación, sino que también significa una posibilidad para los sectores dominantes para intervenir y para perfeccionar los mecanismos de dominación y explotación. Y con esto no nos referimos solo a formas de “oxigenar” o reemplazar de políticas específicas (como algunos derechos sociales), sino que también mecanismos estructurales.

 

Considerando a los sectores que tienen hoy la capacidad para intervenir en el proceso, el panorama parece gris y derrotista, pues la lucha se centraría entre los sectores de la clase dominante del empresariado y los sectores de clases medias. Estos últimos, apuntan principalmente a la cristalización de control político en el aparato estatal y al mejoramiento de determinadas condiciones de vida a través del fortalecimiento de lo público en los derechos sociales o con un capitalismo de “rostro humano”.

 

Sin embargo, es preciso reconocer que el proceso no está del todo cerrado. La propuesta no es representativa de los bloques dominantes y menos lo es dentro de la misma Nueva Mayoría (pueden identificarse las diferencias entre la molestia de los bloques progresistas del PC y el PS frente a la conformidad de la DC). Por lo tanto, es probable que los mecanismos de cómo se definirá la nueva Constitución estén más abiertos a la transformación y que sean un resultado de la negociación de estos grupos en el poder (incluyendo a los sectores de las clases medias altos y profesionales).

 

La lucha de intereses en los grupos de poder genera una apertura que ofrece posibilidades de distintas índoles (principalmente en el mejoramiento de las condiciones de vida en la superación de un Estado subsidiario), pero también algunas trampas. El movimiento popular tiene el riesgo de agruparse bajo el alero hegemónico de los sectores progresistas y de clases medias, las mismas que se atribuye la representación del movimiento. En este sentido, la política revolucionaria que apunte a aprovechar el espacio del proceso constituyente debe reconocer que las fuerzas sociales de las clases populares se encuentran hoy poco desarrolladas y sin una plataforma clara que pueda tensionar el proceso y contrarrestar los mecanismos de ambigüedad legal que permitirían perfeccionar el modelo a futuro y mejorar las condiciones de vida y dignidad, buscando tensionar las estructuras de explotación más allá de su oxigenación.

 

No podemos negar el potencial del proceso constituyente, pues sus posibilidades recaen no solo en aminorar los daños que produce el Estado subsidiario, sino que también el mismo proceso ofrece la oportunidad de avanzar en la organización y conciencia de las clases trabajadoras y populares. Pero tampoco es prudente confundir. Una cosa es aprovechar las ventanas de oportunidad, esta vez de la discusión constitucional, para fortalecer al pueblo en la construcción de organizaciones que estén en función de sus intereses; y otra distinta es construir organizaciones populares cuya finalidad sea la participación del proceso constituyente, en el cual dada la correlación de fuerzas actual, se ve poco promisoria. No es banal el cómo aprovechar esto (asumiendo que fuera posible) y que no toda demanda que se instale en la esfera pública expresa un fortalecimiento popular.

 

El cómo aprovechar esta instancia requiere de un ejercicio político de reconocer qué tipo de demanda instalada en la esfera pública puede presentar una oportunidad para el fortalecimiento popular y, a la vez de cuáles son las capacidades para ello.

 

El potencial para la construcción del movimiento popular en una fuerza de peso se encuentra en varios espacios. Las movilizaciones populares tienen la opción y posibilidad de atrasar el proceso y boicotear las instancias de elite, dando un sustento para crecer como movimiento, en (auto)organización y conciencia en los distintos territorios, distinguiéndose las alternativas progresistas liberales y aquellas provenientes de matrices neodesarrollista que buscan perpetuar un capitalismo, pero esta vez con rostro humano.

 

En el caso de los investigadores sociales, estamos llamados a reconocer los temas contingentes y desarrollar un análisis desde lo político y científico que aporte a que el movimiento pueda aunar las fuerzas populares, y que estas mismas fuerzas puedan movilizar más agentes dentro de un proyecto revolucionario para la disputa contra el Bloque Histórico de poder.

 

Hoy las banderas de la democracia liberal se defienden como la única opción frente a la corrupción de las viejas guardias y la desigualdad económica y política. Como izquierda revolucionaria necesitamos denunciar la falta de participación real en los procesos y la falta de equilibrio en cada uno de sus momentos. Es necesario que como movimiento popular se desarrollen las capacidades el arte del repliegue y despliegue estratégico pues debemos reconocer las capacidades propias para embarcarse en disputas donde puede peligrar lo poco construido al día de hoy.

 

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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para establecer negociaciones entre Bolivia y Chile sobre la salida al mar para el país mediterráneo. Esta resolución implica necesariamente que Corte de La Haya no se puede pronunciar sobre los resultados de esta negociación.

 

El impacto generado por la gestión mediática de la Demanda Marítima Boliviana, así como la resolución señalada, han causado una serie de reacciones de toda índole, en la que la “Guerra de las Naciones” se enciende con todo tipo de artillería, desde “memes” (con un contenido altamente ofensivo) por parte del público general, hasta declaraciones grandilocuentes por parte de los políticos de ambos países, como la propuesta de un Feriado en Bolivia o incluso la reacción del Ex – Ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien arenga la trifulca con su frase: “Si Bolivia quiere mar, que venga a buscarlo”.

 

Al momento de escribir esta columna, es poco lo que se sabe sobre las verdaderas consecuencias de trae la demanda boliviana, estancándose el debate en una contienda legal y diplomática. Con todo, es pobre escenario para hacernos una opinión informada y racional, más allá de cómo funcionan jurídicamente las disputas territoriales y cómo se resuelven estas en el plano diplomático. En consecuencia, nos preguntamos: ¿qué efectos tendría en el plano económico y político la una salida al mar a Bolivia? ¿El acceso de mar a Bolivia solo tiene efectos negativos que, en estricto rigor, se reducen a perdida de territorio no utilizado? ¿Qué sucede con la integración entre ambos países? Estamos a oscuras, poco se ha investigado, poco se ha dicho sobre los efectos concretos, positivos y negativos, más allá de las, muchas veces, calurosas discusiones de corte patriótico-nacionalistas.

 

Lo cierto es que las consecuencias para Chile, o por lo menos las mediatizadas al momento, se limitan a que Bolivia utilice territorio que actualmente pertenece al país, pero no aparecen reclamos justificados sobre consecuencias negativas, más allá de la idea de “integralidad del territorio”. No se ha dicho que el efecto en los sectores populares son nulos, y que solo se podrían ver afectados los intereses del Bloque en el poder, al momento que pierden parte de un territorio posible de explotar y, por sobre todo, los capitalistas Bolivianos aumentan su competitividad.

 

Si observamos algunas de las soluciones que se han propuesto para este dilema, como el intercambio de gas por mar, tampoco se ha profundizado en el debate. Poco se ha dicho sobre cómo una negociación que decante en una salida al mar para Bolivia podría favorecer en temas de energía, tan en boga hoy en día por nuestra deficiente matriz energética, así como para las relaciones bilaterales en términos económicos y políticos. Pero este tipo de solución, es decir, transformar la demanda en una transacción económica ¿podría llamarse integración? El proyecto, al parecer, dista de un verdadero contenido, llamémoslo por ahora, bolivariano, ya que la integración tendría un alcance beneficioso para quienes controlan la energía en el país.

 

Es aquí donde se requiere abrir la discusión. Consideramos, por esto, limitada la posición de parte del progresismo chileno (desde el PC a las organizaciones de la Clase Media), que basado en el romanticismo latinoamericanista, hablan de integración y de dar mar a nuestros hermanos. Es fundamental entender que una resolución positiva para Bolivia no es un avance a favor de la integración consciente de los pueblos latinoamericanos y lejos está de ser una victoria para los sectores populares chilenos y bolivianos. En este sentido, se suele recurrir al argumento de que 7 familias son las dueñas del mar chileno, por lo que no es problema entregarlo a Bolivia. No obstante, prácticamente todas las riquezas chilenas pertenecen a privados, pero nadie consideraría viable entregar los recursos minerales a quien los pidiera por el hecho de ser privados. De ahí la Soberanía ocupa el lugar fundamental en esta disputa, la que no puede trasladarse en este debate al enfrentamiento entre intereses de las clases sociales en Chile, dado que esta tarea nos compete como pueblo, en el desarrollo de nuestras demandas y organización.

 

Por su parte, Bolivia, actual ejemplo económico latinoamericano al ser medido por los parámetros de crecimiento y desarrollo propios del paradigma monetarista capitalista, defiende los intereses nacionales, sin duda justificados, pero enconando la discusión en las nociones liberales del Derecho y no en los intereses y las reclamaciones en base a la emancipación de las clases sociales que verían los beneficios directos de la salida al mar.

 

Bolivia, con un crecimiento más elevado que el resto de los países del subcontinente en el último periodo, ha sido objetivo de una alta Inversión Extranjera Directa (IED), mermando los activos de capitalistas nacionales y el Estado. Si bien se ha constituido una robusta nueva burguesía indígena, en una economía que dista mucho de los patrones tradicionales por los que han transitado gran parte de las economías latinoamericanas (basandose en la liberalización de sus mercados y la reprimarización de su economía),mantiene las contradicciones fundamentales del capitalismo rentista, integrando a su relato económico las formas privadas en conjunto con las estatales, comunitarias y cooperativas. De estas emergen nuevos sujetos y nuevos intereses, los cuales integrados al discurso político Boliviano, dan cuenta de carácter del proyecto del MAS, en la que la unidad de las clases pasa a ser una apuesta hegemónica/electoral y no una concesión estratégica por el desarrollo del socialismo “indigenista”.

 

Por otra parte, la modificación del patrón de acumulación Primario Exportador Rentista que, tanto en Chile como en Bolivia, estrangula las posibilidades de desarrollo, no parece ocupar un lugar importante en la agenda del MAS, intensificando la explotación de los recursos naturales, contradiciendo el sentido de equilibrio con la naturaleza, propuesto por el Gobierno.

 

Es en este escenario que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) da el espaldarazo a la demanda, junto con los sectores agrícolas, agrupados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Mientras, la CEPB en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio (CNC) solicita al Gobierno coordinar acciones para actuar conjuntamente con él. En efecto, el Gobierno y la CEPB conjuntamente elaboraron la Ley de Conciliación y Arbitraje, promulgada en Junio pasado, que garantiza la inversión privada nacional y extranjera a la vez que facilita los trámites para las exportaciones. Pareciera ser que la demanda, mediatiza como de todos los Bolivianos, responde a los intereses de un grupo pequeño de Bolivianos, las clases dominantes en plano económico.

 

Con un desempleo sumamente bajo (alrededor de un 3%), pero con un crecimiento explosivo del empleo informal (85%), la CEPB manifiesta su interés por seguir “acompañando el proceso de construcción de políticas laborales”, vale decir, de la superexplotación. Y es en el marco de alianza entre el Gobierno y los Capitalistas Bolivianos que en julio pasado, Alan García Linera, Vicepresidente de Bolivia,  les ofreció tranquilidad en sus inversiones, para que en conjunto aumenten el PIB de la nación mediterránea.

 

Acceso soberano al mar para Bolivia reescribe las oportunidades económicas para la nación vecina, además de reescribir el imaginario político, pero son los sectores populares los menos llamados a cosechar los beneficios comerciales de esta demanda. La inversión destinada al consumo interno se ve postergada por las “ventas atadas” (principalmente a Argentina y Brasil), lo que requiere cumplir con exportar, reflejando la escasa preocupación por el desarrollo del consumo interno en una nación que, si bien ha avanzado significativamente, aún concentra los males más aberrantes del subdesarrollo y la dependencia. En efecto, las exportaciones estarían de la mano de los rubros donde el sector privado tiene mayor injerencia (Minería, Manufacturas y Agricultura).

 

No nos confundamos. Bolivia con Mar es nuestro anhelo, pero también lo es una Bolivia para su pueblo y un Chile para su pueblo, vale decir, la superación del capitalismo aquí y en Bolivia, en una Latinoamérica donde nuestros pueblos puedan abrazarse libre de retóricas disputas patrioteras.Por ahora nos queda develar el escaso debate en torno a las consecuencias, para dar cuenta de un montado escenario mediático donde los ganadores son las clases dominantes y políticas de Bolivia y Chile. Después de todo, al Gobierno Boliviano le asegura mantener su popularidad y bajar las tensiones entre las clases de ese país, así como al Gobierno Chileno le suma un par de puntos de aprobación ante el desplome de su popularidad.

Jueves, 04 Agosto 2016 02:58

La Tragedia de Tsipras

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Desde que la crisis de la deuda griega se hizo más que evidente en 2010, el país ha estado sumido en un agujero económico del cual no ha podido salir. Las fuertes políticas de austeridad impuestas por “La Troika” (FMI, Banco Central Europeo y la Comisión Europea) como condición a los salvatajes financieros no sólo fueron infructuosas, sino que profundizaron aún más la crisis económica del país. Para principios de este año la tasa de desempleo superaba el 25%, lo que para una economía con una bajísima tasa de participación (un poco más del 50%  de las personas “en edad” de trabajar se hacen parte del mercado laboral) y que se considera “del primer mundo”  son resultados catastróficos. El panorama laboral para los jóvenes era aún peor, de hecho, la tasa de desempleo juvenil superaba el 50%.

 

La coyuntura derivó en un pueblo griego tomándose las calles de forma masiva; exigiendo el fin a las medidas de austeridad y reconociendo en la troika a su mayor enemigo. En este contexto, una fuerza política que aunaba diversos grupos políticos (la ansiada “unidad en la izquierda”) se presentó a las elecciones nacionales como la alternativa que buscaba acabar con las políticas de austeridad; este grupo era el, ahora mundialmente conocido, Syriza (o Coalición de Izquierda Radical).

 

Liderados por Alexis Tsipras, buscaron cautivar a las masas con un programa que si bien; no se podría definir como socialista (en su sentido estricto, no en las desviaciones que se han apropiado de la clasificación en nuestro país); si iba en contra de los intereses de la vanguardia burguesa europea y su proyecto de acumulación neoliberal (mayor regulación financiera,  mayores cargas impositivas para grandes empresas, nacionalizaciones, entre otros) además de hace un “popurrí” bastante superficial de diversas demandas principalmente asociadas con las clases medias (e.g. pro-energías renovables, anti-militar, pro-derechos humanos) y, por supuesto, renegociar la deuda y acabar con los pagos a “la Troika”. El 25 de Enero del 2015,  Tsipras era elegido como el primer ministro con una votación que superaba ampliamente a sus contendientes y el mundo, expectante, ponía sus ojos sobre la península helénica.

 

Lo que parecía el comienzo de una historia épica, pronto se transformó en una verdadera tragedia griega. En Julio el país se declaraba “oficialmente” en default; ante lo cual la Troika ofrecía un nuevo rescate, con nuevas condiciones mucho más “invasivas” que solo políticas de austeridad (consideraban desde los precios de los fármacos hasta el número de estudiantes por sala de clases).  En un plebiscito convocado por el gobierno, los griegos fueron enfáticos optar por el rechazo del nuevo plan de rescate (más del 60% de los votos optaron por el “no”); sin embargo; el 10 de Julio Tsipras aceptaría las condiciones impuestas por la Troika, y con ello, un nuevo rescate financiero para Grecia.

 

Lo anterior generó un quiebre al interior del partido, derivando en la salida de algunos sectores más “radicales” (según la prensa internacional) y en un acercamiento de Tsipras a algunos partidos del “centro político” (aunque mantuvieron el nombre Syriza). La crisis interna llevó al primer ministro a convocar elecciones anticipadas en las cuales, el “nuevo y más pragmático” Syriza liderado por Tsipras, resultaría electo con un 35% de los votos y un histórico 44% de abstención.

 

Aquellos que en un principio mostraron esperanza por el proyecto progresista de Syriza, se vieron profundamente defraudados por su devenir. La gran mayoría de las críticas (principalmente a través de la web y las redes sociales) apuntaban a un solo culpable; Alexis Tsipras (“¡Traición!”, postearon algunos; “¡Cobarde!”, twitteaban otros). Es mi más profunda convicción,  que desde la vereda revolucionaria no podemos caer en este tipo de simplificaciones y conspiracionismos a la hora de hacer análisis político.

 

¿Cómo puede ser que la voluntad de un hombre haya podido doblar la mano del pueblo y del proyecto político que lo sostenía? O más aún ¿Cómo puede cambiar la voluntad de un hombre con pretensiones transformadoras en un tiempo tan acotado? Las respuestas a estas preguntas son probablemente muy complejas para abordarlas extensivamente en una columna de opinión, pero creo que el proceso griego evoca un componente estratégico que creo es clave en la búsqueda de estas; el instrumentalizar superficialmente el Estado mediante estrategias electorales para convocar a “masas votantes” vis-avis la formación de fuerza social organizada.

 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que las condiciones económicas de Grecia para el periodo previo a la elección de Syriza eran excepcionales. Lo anterior, y con justa razón, desencadenó la expresión activa de malestar de gran parte del pueblo griego;  jóvenes (desempleados, muchos profesionales de clases medias), pensionados y clase obrera popular, entre sus principales exponentes. En este sentido, no sería una exageración afirmar que el movimiento era de composición heterogénea pero en el cual compartían la noción de que las condiciones de austeridad debían acabarse.

 

El conflicto se caracterizó por huelgas generales y manifestaciones masivas concentradas principalmente entre 2010 y 2012. Al mismo tiempo, Syriza, que venía saliendo de una fuerte crisis interna y que contaba con escasa representación parlamentaria, encontró en las movilizaciones una ventana para insertarse en el conflicto, lo que resultó en un fuerte impulso electoral para el partido; en 2012 ya eran la segunda fuerza con mayor presencia en el parlamento[1].

 

El partido había encontrado su “masa votante”; los movilizados. Desde ese entonces, las demandas de los movilizados pasarían a ser la base del programa del partido. Esto explica el carácter heterogéneo del programa  que giraba principalmente en torno a la re-pactación de la deuda y el fin a las condiciones de austeridad. De esta manera, la masa votante llevó a Syriza a la victoria en las elecciones nacionales. Hasta aquí me gustaría resaltar que Syriza es impulsada por un proceso de conflicto, y no al revés, por lo que su proyecto político es amorfo (responde a los intereses de todos y al mismo tiempo no responde a los intereses de nadie). Aun siendo este el caso es innegable que el programa (y los intereses de los movilizados) entraba en tensión con el proyecto neoliberal europeo y la reacción de los defensores de este no se haría esperar.

 

La unión monetaria europea genera un espacio de análisis interesante; ya que hace muy difícil diferenciar entre capital nacional (i.e. Griego) y regional (i.e. Europeo). Sin embargo, no es difícil identificar que los capitales que se benefician más que proporcionalmente de la unión monetaria residen en aquellos países más productivos. Un claro ejemplo de lo anterior se puede observar en las tasas de cambio, donde estos países siempre observaran un tipo de cambio más depreciado (debido a la existencia de los países menos productivos) de lo que observarían si no estuvieran en la unión monetaria, por lo que se encuentran en una posición relativa muy competitiva. Esta es una razón importante de porque el sector exportador alemán ha crecido notablemente durante los últimos años. De hecho, es precisamente Alemania el país que más beneficiado se ha visto por este sistema, y por lo mismo no es de extrañarse que la reacción ante el proyecto griego viniese principalmente de tierras teutonas y no así desde Grecia.

 

La vocería de la reacción se concentró en Angela Merkel (Canciller alemana) y Wolfgang Schäuble (Ministro de finanzas); quienes amenazaron a Grecia de una forma bastante particular. En otras palabras dijeron lo siguiente: “Ustedes sálganse del Euro, de todas maneras nosotros estaremos bien y ustedes probablemente seguirán en crisis”. Lo más terrible de esta amenaza es que, al menos en el corto-mediano plazo, era probablemente muy cierta. La pelota ya estaba del lado de los griegos y Tsipras tenía que decidir.

 

Ante tan compleja decisión, Tsipras buscó recurrir a su “fuerza popular” para  proceder. Su fuerza que residía en su masa votante. Es en este momento en donde se puede observar la amorfia del proyecto político de Syriza en todo su esplendor; la masa votante sólo tiene respuestas discretas (si o no), sin embargo detrás de estas existe un continuo de intereses contradictorios entre sí, probablemente unos se vean beneficiados, otros perjudicados y otros queden igual por la decisión que tome, y estos, dentro de la masa votante son irreconocibles. Justo cuando se tiene que tomar la decisión, es cuando se cae en cuenta que el proyecto no encuentra un sujeto político y por lo tanto no existe una fuerza social organizada en torno a este. Tsipras está completamente sólo, el sí o el no a esta altura importa poco, y tiene que tomar una decisión que va a repercutir sobre la vida de muchos.

 

Volviendo a las preguntas que levantamos unos párrafos atrás; esta historia no tiene que ver con la voluntad de contradecir a un pueblo entero ni con un repentino cambio de voluntad, sino que simplemente; con la voluntad de no cometer los mismos errores.

 

Esta es la tragedia de Tsipras.

 

 

[1] “Un pie en la calle y otro en el parlamento” dirían algunos.

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La Reforma Laboral (RL) ha dado que hablar. Dirigentes gremiales, columnistas, políticos, sindicalistas, abogados, etc. discuten la estrechez / radicalidad de la reforma, hablan de sus consecuencias y pretenden hacer ver los “reales intereses” que se encuentran tras las distintas posiciones. El último round fue dado en función de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tras el acuerdo que el pasado 15 de Septiembre sellaron senadores “pro Pyme”, el gobierno y la Conapyme: un set de 30 indicaciones específicas a las Pymes entre las que se cuentan el relajamiento de la información financiera a disposición de los trabajadores, el aumento del quórum mínimo exigido para la formación de sindicatos en empresas de hasta 50 trabajadores (de 8 a 25), y la necesidad de una negociación “de buena fe y en forma pacífica”.

 

Tras estas indicaciones se encuentra el argumento de que la precariedad de las Pymes en Chile haría que su continuidad esté en peligro ante las potenciales presiones de los trabajadores luego de la RL. Otro argumento, planteado por el senador Eugenio Tuma (DC), es el de la supuesta existencia de relaciones “más colaborativas” en las Pymes que las observadas en el gran capital. Y es que el senador reconoce, sin explicitar, la presencia de la lucha de clases y de cómo es un peligro latente que el conflicto se active, sobre todo considerando las condiciones laborales y los salarios miserables de los trabajadores chilenos. Y aquí volvemos al primer argumento: posibilitar un fortalecimiento de los trabajadores en las Pymes, por mínimo que sea y en las actuales condiciones, pone en peligro la existencia de las Pymes y, con ello, los empleos que estas ofertan.

 

Si bien estos argumentos tienen algo de realidad,  pecan de desconocer o negar sus causas profundas: la lucha de clases y la guerra de capitales. Por un lado, la primera remite a la contradicción capital / trabajo, la que se articula en el hecho de que los capitalistas obtienen sus beneficios del trabajo ajeno: poco importa si trabajan o no, con las horas que dedican a ello (algunos superan con creces las 8 horas diarias) no es posible que generen la cantidad de dinero que se apropian. Es lo que se conoce como “explotación capitalista”, la apropiación legitimada de los capitalistas de parte del producto del trabajo ajeno, donde quienes venden su fuerza de trabajo reciben a cambio un salario.

 

Por el otro lado, la guerra de capitales da cuenta de la existencia de competencia entre capitalistas, la que, en el tipo ideal, deriva en la virtuosa “destrucción creativa”, donde la pérdida de algunos es la limpieza del sistema productivo de los ineficientes. Es lo que ocurre en los ciclos recesivos de la economía, aquellos que Velasco y Bachelet pretendieron suavizar aumentando el gasto público tras la crisis del 2008 bajo la lógica de compensar los dolorosos ajustes de la destrucción creativa a través de una red de seguros articulada desde el Estado.

 

¿Qué tienen que ver estos dos procesos con la precariedad de las Pymes y el peligro latente de conflicto? En las condiciones del neoliberalismo chileno, las Pymes están enfrentadas a la guerra de capitales, pero no solo entre ellas sino que con el gran capital (nacional y extranjero), el que contrato tras contrato trata de captar la mayor parte posible de los beneficios producidos. Así, la precariedad de las Pymes tiene que ver menos con las presiones en los costos laborales que con el proyecto de desarrollo chileno (concentrado en la triada commodities, retail y sistema financiero), la apertura de las fronteras (competencia de capital trasnacional con empresas que venden en el mercado interno) y la dependencia del gran capital. En estas condiciones, aumentos en los salarios en las Pymes derivan casi directamente en una reducción de los beneficios del capital (no se ve compensado por dinámicas de crecimiento en productividad), con lo que se hace evidente que la disputa salarial es expresión de la lucha de clases, de los intereses contradictorios entre capitalistas y trabajadores.

 

Sobre esta base, emergen en Chile las voces que reclaman el regreso del proyecto neo-desarrollista, de un Estado nacional-populista y de la renacionalización del cobre y otras industrias estratégicas, pues sería la hora de superar la hegemonía basada en el régimen de acumulación rentista. De sus ruinas, nos dicen, emergerá una nueva clase de emprendedores que base sus ganancias en procesos cada vez más productivos y eficientes, y no en la propiedad de la tierra (commodities) y del dinero (financiero), ni tampoco en una mano de obra poco calificada con salarios miserables.

 

A primera vista, pareciera que los capitalistas de las MIPYMEs están potencialmente en disputa entre dos fuerzas: existe posibilidades para una alianza con las fuerzas progresistas de la sociedad chilena (hoy personificadas en un agregado de diferentes sectores de las clases medias que sostendrían el proyecto neo desarrollista) en contra del malévolo gran capital que acumula con la ruina de las mayorías (el ya repetido argumento del 1% contra el 99%). Los progresistas jalonarían la guerra de capitales y apelarían al apoyo estatal (“las ganancias del gran capital se sostienen, en parte, sobre sus precarios emprendimientos”); mientras los defensores del statu quo, los representantes del capital en general, activarían la lucha de clases (“los trabajadores vienen a quitarles lo que con tanto esfuerzo han construido”).

 

Una distinción similar se observó con el paquete de reformas en la dictadura: la apertura comercial unilateral a ultranza puso en peligro la débil producción nacional con el ingreso de mercancías extranjeras a menor precio, lo que habría concitado la oposición de los capitalistas cuyas mercancías se vendían en el mercado interno (guerra de capitales); sin embargo, la reducción de los costos laborales cristalizada en la Reforma Laboral de 1979 constituyó un mecanismo compensatorio donde la lucha de clases primó sobre la guerra de capitales. Con ello, la dictadura aseguró el apoyo de todos los capitalistas, aun cuando sus políticas beneficiaran principalmente a una fracción de ellos (para mayor profundización, ver la tesis doctoral de Daniel Lederman “The Political Economy of Protection: Theory and the Chilean Experience” (2005)).

 

Si bien en ciertos periodos históricos la balanza pareciera inclinarse hacia la guerra de capitales en el posicionamiento político de los agentes, como ocurrió en el marco del proyecto de Industrialización por Sustitución de Importaciones chileno; estos procesos tendieron a la agudización de la lucha de clases y ordenamiento de los agentes en función de sus intereses como capitalistas y trabajadores: es lo que se observó, por ejemplo, en el paro patronal y la respuesta obrera en 1972 en el gobierno de la UP.

 

Esto nos obliga a las fuerzas con pretensión revolucionaria a llevar adelante una política que reconozca la guerra de capitales (es real; por más que la neguemos en el discurso, no desaparecerá), pero que no olvide que la lucha no es solamente contra el gran capital o sus clases dirigentes, sino que contra la totalidad de la clase capitalista y las relaciones que ella controla y sobre las que se sostiene la explotación capitalista. Así, no vincular la discusión actual de la RL con la lucha de clases nos puede llevar directamente a defender los intereses de fracciones del enemigo, asegurándoles tanto la legitimidad de la explotación, como una mayor captación de la masa de beneficios que hoy el gran capital acumula casi exclusivamente.

 

En este contexto, las indicaciones ”pro Pyme” se anclan en la lucha de clases, aun cuando quienes las sostienen la nieguen y busquen la cooperación de trabajadores y capitalistas en las Pymes en función de la supervivencia de la empresa: el trabajador tendrá empleo (amenaza del hambre) y el empresario podrá seguir acumulando (amenaza de quiebra). A su vez, tampoco dan cuenta de la guerra de capitales ni del proyecto de desarrollo del país, elementos que tensionan la unidad del capital chileno: acepta y naturaliza sin más la precariedad de las Pymes, y lo que es en parte un conflicto intra capitalista, es mostrado solo como un conflicto entre capitalistas y trabajadores, el que, sin embargo, en las Pymes es deseable siga siendo de baja intensidad… según ellos.

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En los últimos cinco años, han emergido una serie de nuevos centros de pensamiento que se reconocen de derecha, centro o izquierda. A su vez, se ha publicado diversos libros y columnas de opinión que se proponen producir ideas nuevas que aporten a la posición política que dicen defender. Aparecen, de esta manera, nuevos actores y figuras en la esfera del discurso político, con la intención de influir en el curso de las propuestas partidarias y del sistema político en general. Se observaría, entonces, la necesidad de oxigenar y actualizar la construcción de la política implementada en los últimos 25 años, la cual hoy se encontraría, según ellos, en una fase terminal.

 

En la derecha política, durante el 2015, una serie de columnistas alzan la voz ante lo que perciben como una “crisis intelectual” del sector. A ello agregan comentarios y citas de libros recientemente producidos en torno a esta tesis, dando cuenta de la emergencia de nuevas ideas que pudieran abrir el paso a superar la crisis. Cristóbal Bellolio, como exponente de columnistas de una nueva derecha, argumenta que esta situación se debe a la desvinculación de los políticos profesionales (ensimismados en la lógica parlamentaria y electoral) con los nuevos intelectuales que tienen los poderes de dar un sustento doctrinario y de articular un relato en torno al proyecto derechista. Sin embargo, el miembro de Red Liberal ve una luz al final del camino tras un escenario que observa como dinamizado ante las nuevas y jóvenes apuestas que emergen fuera de los think tanks tradicionales como el CEP y el Instituto Libertad, fundando instituciones propias y dando oxígeno a las existentes.

 

Por su parte, los autodenominados de izquierda también se han embarcado en la empresa de construir nuevas organizaciones productoras de ideas y comunicaciones. Quizás de una manera menos defensiva, en las columnas de opinión de este sector se expone visiones de corte más optimista, señalando que a medida que han pasado los últimos años se han multiplicado las organizaciones que están abocadas a dicha función. Además de los ya clásicos Fernando Atria o Alberto Mayol, estarían generándose un mayor número de organizaciones de este tipo, vale decir, organizaciones abocadas a abrir los límites de “la política de los consensos”, denunciando la corrupción en la política.

 

No obstante, el problema no estriba en la construcción de nuevos relatos, en la actualización de los análisis o en la denuncia de la corrupción en la política; sino en la vinculación real entre política y ciencia, y entre política y transformación social, apuesta que hoy no es relevada en ningún centro de pensamiento de izquierda. Por un lado, no se cuestiona la actividad de investigación, dado que “los investigadores parecerían estar fuera de la explotación capitalista”, y por tanto no se sabe cómo ser parte de un proyecto político subsumiendo su praxis investigativa a las demandas inmediatas de grupos movilizados que se enfrentan al statu quo (si es que populares, generalmente de las clases medias en el Chile actual). De esta forma, hoy día no se reconoce el rol estratégico que tiene la investigación científica como praxis dentro de la construcción de un proyecto político revolucionario, y se reduce a una simple herramienta que otros grupos tienen a su disposición. Y, por otro lado, estos centros de investigación no se la juegan por una revolución en el país. Y es que después de los 70’, una de las bases del potencial del proyecto emancipador no se volvió a articular: la vinculación entre ciencia y política.

 

No toda praxis investigativa y no todo conocimiento son estratégicos para avanzar hacia el horizonte revolucionario, por lo que necesitamos una revolución científica y política que ofrezca un programa de investigación que dialogue con el pueblo, con aportes sustantivos sobre la realidad.

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