Jueves, 04 Agosto 2016

Seguridad ciudadana como demanda sociopolítica: desde la ciudadanía a la sociedad de clases

Leonora Rojas

Licenciada en Antropología Social, Universidad de Chile. Magíster (c) en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos. Universidad Alberto Hurtado

“Este anuncio es, como siempre, más farándula de seguridad que medidas reales”, fue la réplica de una parlamentaria UDI frente a los $440 millones que el gobierno de la Nueva Mayoría está invirtiendo en una campaña comunicacional de seguridad ciudadana. Y es que esta problemática se ha vuelto una preocupación central para los gobiernos de turno desde finales de los años ’90, siendo un debate no exento de controversias entre los diferentes sectores políticos, y cuya importancia ha ido permeándose a la sociedad civil llegando a transformarse en una “demanda ciudadana”. Frente a un tema que ha sido monopolizado y hegemonizado por la derecha y que se nos aparece como una demanda universal- ciudadana- de la sociedad hacia el Estado chileno, la izquierda revolucionaria poco ha dicho (o no ha querido decir) sobre tan controversial problema que parece afectar la cotidianidad de las personas y, en específico, a las clases populares. No debería sorprendernos que mientras las tasas de victimización son más altas en los sectores populares, la percepción de inseguridad ha aumentado en sectores de clases medias y altas   Es importante, entonces, escapar a los sentidos y lugares comunes del discurso de derecha y del discurso progresista y observar cómo y quiénes articulan y configuran esta demanda, y de qué forma las clases populares se insertan en esta retórica de la seguridad ciudadana.

 

A finales del año pasado, un estudio realizado por Paz Ciudadana-Adimark lanzó las cifras de las tasas de victimización a nivel nacional y por regiones, las cuales alcanzaron los niveles más altos desde el año 2000 (43,5%). A esto, se suma la salida a la luz de los  resultados oficiales de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), abriéndose aún más las puertas a un debate que tiene como centralidad definir políticas públicas para abordar una problemática que se ha constituido en la primera prioridad a nivel nacional según la encuesta CEP  de agosto 2015 (60% de los encuestados): la seguridad (delincuencia, asaltos y robos). El aumento en el indicador de temor, según el índice de seguridad ciudadana, se concentró en los sectores de clases altas y medias,  malestar que no se hizo esperar, y en julio de este año dos cacerolazos en comunas del sector oriente se transformaron en la “voz” de las clases más atemorizadas, cumpliéndose el sueño ciudadanista de la democratización de las expresiones de “protesta social”.

 

Una de las principales controversias dentro del debate tiene que ver con las diferencias o el “desfase” entre las tasas de victimización (los delitos de los que las personas son objeto)- lo que comúnmente se denominan los “datos duros” u objetivos- y la percepción de inseguridad de la población (lo “subjetivo”). Ello, porque las tasas o índices de victimización según ambas encuestas (aunque difieren significativamente) son menores al porcentaje de personas que dice sentirse insegura, no siendo clara la relación entre el alza en la victimización y el alto temor que las personas sienten de ser víctimas u objeto de algún tipo de actividad delictual. Así, un 72% de la población encuentra muy probable el ser víctima de algún delito violento (Encuesta CEP 2015), especialmente en los sectores medios y bajos. Este último punto que  torna relevante considerando que las políticas públicas que abordan la problemática están focalizadas justamente a disminuir la percepción de inseguridad en la población más que a la prevención misma del delito. Estas alternativas se plantean frente a un escenario en que las políticas de control y represión son una constante en el capitalismo, especialmente en aquellos regímenes de acumulación que tienden a disminuir el costo de mano de obra, y cuya desigualdad afecta, incluso, los cursos de acción formales dentro del capitalismo.

 

Y es que la demanda de mayor seguridad y protección- tanto “civil” como social- en las formaciones sociales capitalistas recae en el Estado, como principal garante del bienestar de una “sociedad civil” cada vez más atemorizada no sólo por agentes externos sino que, principalmente, por agentes internos. Así, frente a los efectos perversos del capitalismo es el Estado quien absorbe las demandas de solución a las problemáticas que el mismo sistema produce y reproduce, en formaciones sociales en las cuales la individualización y el repliegue a la unidad doméstica exacerba la sensación de inseguridad y de pérdida de control de la propia vida en un contexto altamente cambiante e incierto, en relación a los puntos de referencia de pertenencia y a la continuidad contextual.

 

El discurso político en relación a la seguridad ciudadana, en la derecha y la izquierda más progresista, se nos presenta de diferente forma. En el caso de la primera, la retórica  apunta a la defensa de la propiedad privada como valor, acusando que la delincuencia sería un problema de voluntad y que no respondería a las desigualdades estructurales del sistema capitalista, sino que a un discurso igualitarista que de alguna forma funcionaría como un promotor o sustento para creer que “los bienes materiales distribuidos en nuestra sociedad tienen un origen inmoral e injusto” ; con ello, la premisa fundamental es que quienes roban lo hacen porque este discurso legitimaría el “arrebatar” bienes materiales que no se poseen.  Mientras que en los sectores de la izquierda más progresista, la premisa que más se baraja como explicación a la problemática del temor radica en el manejo mediático que se ha hecho del tema, y a las intenciones políticas detrás de la “instalación” del miedo e inseguridad en la sociedad chilena a través de la vía comunicacional. Así, no sólo se potencia el argumento de la importancia de los medios de comunicación en la formación de opinión pública, sino que también la tesis de la paranoia colectiva creada intencionalmente por una elite nacional que tiene el monopolio de la información y cuyo caballo de batalla de control de la sociedad estaría en el poder comunicacional. Esto, de la mano del discurso del carácter estructural de la delincuencia y de la necesidad de reformas preventivas y de reinserción que apacigüen la problemática al alero de las posibilidades democráticas.

 

Sin embargo, ¿qué es lo que se escapa en ambos análisis?, ¿dónde podemos aportar mayor especificidad y desde una perspectiva que sitúe a las diferentes clases y sectores sociales en esta problemática enceguecida por el aparente universalismo ciudadanista? Es en la experiencia de la “inseguridad” y en la consiguiente construcción de la demanda donde encontramos una posible salida a los sentidos comunes que analizan la temática.

 

Dentro de las clases altas y segmentos medios, la percepción de inseguridad y temor ha aumentado en el último tiempo, a la par del aumento de sus tasas de victimización. Si analizamos el discurso de la “seguridad ciudadana” dentro de estas clases, vemos que sectores de las clases medias y altas demandan al gobierno de la Nueva Mayoría más seguridad; demanda que se articula en torno a la “mano dura”, es decir, el reclamo por agentes y políticas más represivas y de control de la criminalidad, que van desde crear más cárceles, aumentar contingentes policiales y aumentar las penas, hacia cambiar la reforma procesal penal para hacerla más efectiva. Este discurso, que suena altamente represivo en términos institucionales, se contradice con una retórica que eleva por sobre todos los valores estructurales de la sociedad capitalista las libertades individuales y la existencia de la propiedad privada como una de ellas: la libertad negativa, ganada naturalmente, que no puede ser impedida de su ejercicio por nadie.  Así, la defensa a la propiedad privada se vuelve fundamental, en tanto esta se constituye en la condición misma para su existencia y reproducción como clase. Con ello, se observa que a medida que sus condiciones de existencia y calidad de vida se ven perjudicadas, logran transformar a la seguridad en una demanda “ciudadana”.

 

Asimismo, se visibiliza el argumento meritocrático asociado a la criminalidad, donde si bien se reconoce la existencia de un contexto desigual, la defensa a la propiedad emerge como la protección de bienes cuya tenencia ha requerido esfuerzo,  frente a una “otredad” haragana y apática frente al deseo de la propiedad: la dualidad del “buen pobre” frente al “mal pobre”. Así, existe una crítica moral a esta otredad que debería ser abordada desde la institucionalidad: el Estado, la escuela y la familia.

 

Por su parte, otros sectores de clase media apelan a discursos más preventivos, resaltando la importancia de la reinserción social de los “delincuentes” y de la mejora de condiciones de vida de la población- en general-y de los sectores populares o empobrecidos-en particular-como una forma de evitar una problemática que se considera estructural: la falta de oportunidades y la delincuencia como última salida. Tareas que, nuevamente, son relegadas a la institucionalidad estatal.

 

Ahora bien, en las clases más bajas, la problemática adquiere un cariz diferente, pese a que el relevamiento de la “mano dura” sea igualmente o, me atrevo a decir, más importante que en el resto de las clases cuando se trata de resolver la problemática de la seguridad y la criminalidad. No es de sorprenderse, entonces, que comiencen a emerger también desde estos sectores de la sociedad discursos autoritarios y represivos (el castigo). Por el contrario, parece ser algo completamente esperable si se tiene en consideración que el “elemento hostil” convive cotidianamente con ellos, aun cuando discursivamente también aparezca como una “otredad” ¿A quiénes se demanda seguridad? Sorpresivamente, no existe una demanda articulada en torno a la problemática, siendo que: son la clase social con mayor temor (según las encuestas) y las que se ven más afectadas por ella (altas tasas de victimización); y, que la solución no es derogada al Estado, ni al gobierno de turno, pues no se visibiliza como posibilidad. Esto, porque la sensación de abandono por parte de las instituciones estatales es bastante alta, razón por la cual no se confía en la capacidad resolutiva por parte de ninguna de las instancias existentes.

 

Así, y a diferencia de importantes sectores de las clases medias y altas, las clases bajas ya no ven que la inseguridad y la criminalidad dependan de voluntades políticas ni de reformas posibles en la institucionalidad vigente, transformándose con ello en una problemática que escapa a todo control: se vuelve, así, en un problema y  en una demanda de orden. Y es que el temor ya no es la pérdida a la propiedad ni de las libertades, sino que a la posibilidad de “vivir en paz” en un contexto considerado peligroso, caótico, sin ley, sin moral y “sin respeto a la autoridad”. El exterminio o el castigo de esta “otredad” dentro de la propia clase emergen, entonces, como un discurso frecuente, donde la responsabilidad recae no sólo en las “manos propias” (ajusticiamiento “ciudadano”) sino que principalmente en las única “entidades” consideradas independientes de la sociedad y de la política capaz de resolver conflictos: carabineros y las fuerzas armadas; es decir, que los carabineros tengan mayor atribuciones al momento de ejercer violencia, y/o que los militares vengan a resolver un problema que ya pareciera tener vida propia y estar fuera de control.  No es de sorprender, entonces, que las instituciones con mayor aprobación y legitimidad en Chile sigan siendo carabineros, policía de investigaciones y las fuerzas armadas.

 

Frente al “problema” de la inseguridad y la criminalidad, entonces, no hay que olvidar que la demanda emerge principalmente desde las clases altas y grupos medios; mientras que las clases bajas, lejos de articular una demanda, construyen un discurso desde la experiencia cotidiana de la criminalidad, donde la “funcionalidad ideológica” del mismo hacia el dominio de las elites políticas y la clase capitalista parece perderse ante una institucionalidad que no gana ni en legitimidad ni en posicionamiento como instancia política resolutiva de problemáticas sociales dentro de estas mismas clases. Es difícil considerarse ciudadano cuando no se forma parte de la sociedad civil, aun siendo el sector social más afectado por una problemática  cuya solución conlleva la generación de una demanda que implica la negación de la propia clase. Así,  la hegemonización discursiva recae en aquellas clases que sí pueden transformar un problema en demanda, y generar la posibilidad de solución a través de su posicionamiento en la agenda pública.

 

Frente a la problemática misma de la criminalidad y la “delincuencia”, no hay que olvidar que ambas son inherentes al capitalismo, asociadas a la falta de acceso a demanda de bienes y servicios y la consiguiente resolución por medio de la generación de mercados negros y apropiación ilegal. El Estado, en el capitalismo, remueve la necesidad de apropiación ilegal, transformándose en el redistribuidor por excelencia de la propiedad, a la vez que monopoliza y reproduce la estructura delito-carcelaria que el mismo sistema forma y produce. Este carácter estructural de la criminalidad, si bien se vislumbra en el discurso de algunos sentidos comunes de algunos sectores sociales (aunque no con los mismos matices que presentamos en esta columna), las soluciones no se ven en la erradicación del capitalismo, sino que en las reformas y “correcciones” dentro del marco democrático que el Estado debe garantizar dentro de las formaciones sociales capitalistas. La demanda de seguridad ciudadana está impregnada de la retórica de las libertades y derechos característica de la eterna promesa de las democracias liberales, pero que pasa por alto las diferencias de clase y la forma en la cual la “inseguridad” y la criminalidad afectan distintamente la vida cotidiana de personas cuya posición en las relaciones sociales no es la misma, y donde ni la “cercanía” con la “otredad peligrosa” ni los efectos de las medidas tomadas afectan ni afectarán de igual forma a las diferentes clases sociales. Ante a este escenario es importante no pasar por alto estas diferencias y considerar la relevancia de abordar una demanda y un discurso hegemonizado por un componente autoritario y populista frente al “retorno de las clases peligrosas”; que, por una parte, excluye a las clases populares de los beneficios posibles de ganar ante una demanda que la considera el foco del problema, y que, por otra, potencia peligrosamente la auto-negación de las clases populares.