Jueves, 04 Agosto 2016

Las PYMEs: entre la guerra de capitales y la lucha de clases

Sebastián Link

Licenciado en Antropología Social, Universidad de Chile. Magíster en Análisis Económico, Universidad de Chile.

La Reforma Laboral (RL) ha dado que hablar. Dirigentes gremiales, columnistas, políticos, sindicalistas, abogados, etc. discuten la estrechez / radicalidad de la reforma, hablan de sus consecuencias y pretenden hacer ver los “reales intereses” que se encuentran tras las distintas posiciones. El último round fue dado en función de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tras el acuerdo que el pasado 15 de Septiembre sellaron senadores “pro Pyme”, el gobierno y la Conapyme: un set de 30 indicaciones específicas a las Pymes entre las que se cuentan el relajamiento de la información financiera a disposición de los trabajadores, el aumento del quórum mínimo exigido para la formación de sindicatos en empresas de hasta 50 trabajadores (de 8 a 25), y la necesidad de una negociación “de buena fe y en forma pacífica”.

 

Tras estas indicaciones se encuentra el argumento de que la precariedad de las Pymes en Chile haría que su continuidad esté en peligro ante las potenciales presiones de los trabajadores luego de la RL. Otro argumento, planteado por el senador Eugenio Tuma (DC), es el de la supuesta existencia de relaciones “más colaborativas” en las Pymes que las observadas en el gran capital. Y es que el senador reconoce, sin explicitar, la presencia de la lucha de clases y de cómo es un peligro latente que el conflicto se active, sobre todo considerando las condiciones laborales y los salarios miserables de los trabajadores chilenos. Y aquí volvemos al primer argumento: posibilitar un fortalecimiento de los trabajadores en las Pymes, por mínimo que sea y en las actuales condiciones, pone en peligro la existencia de las Pymes y, con ello, los empleos que estas ofertan.

 

Si bien estos argumentos tienen algo de realidad,  pecan de desconocer o negar sus causas profundas: la lucha de clases y la guerra de capitales. Por un lado, la primera remite a la contradicción capital / trabajo, la que se articula en el hecho de que los capitalistas obtienen sus beneficios del trabajo ajeno: poco importa si trabajan o no, con las horas que dedican a ello (algunos superan con creces las 8 horas diarias) no es posible que generen la cantidad de dinero que se apropian. Es lo que se conoce como “explotación capitalista”, la apropiación legitimada de los capitalistas de parte del producto del trabajo ajeno, donde quienes venden su fuerza de trabajo reciben a cambio un salario.

 

Por el otro lado, la guerra de capitales da cuenta de la existencia de competencia entre capitalistas, la que, en el tipo ideal, deriva en la virtuosa “destrucción creativa”, donde la pérdida de algunos es la limpieza del sistema productivo de los ineficientes. Es lo que ocurre en los ciclos recesivos de la economía, aquellos que Velasco y Bachelet pretendieron suavizar aumentando el gasto público tras la crisis del 2008 bajo la lógica de compensar los dolorosos ajustes de la destrucción creativa a través de una red de seguros articulada desde el Estado.

 

¿Qué tienen que ver estos dos procesos con la precariedad de las Pymes y el peligro latente de conflicto? En las condiciones del neoliberalismo chileno, las Pymes están enfrentadas a la guerra de capitales, pero no solo entre ellas sino que con el gran capital (nacional y extranjero), el que contrato tras contrato trata de captar la mayor parte posible de los beneficios producidos. Así, la precariedad de las Pymes tiene que ver menos con las presiones en los costos laborales que con el proyecto de desarrollo chileno (concentrado en la triada commodities, retail y sistema financiero), la apertura de las fronteras (competencia de capital trasnacional con empresas que venden en el mercado interno) y la dependencia del gran capital. En estas condiciones, aumentos en los salarios en las Pymes derivan casi directamente en una reducción de los beneficios del capital (no se ve compensado por dinámicas de crecimiento en productividad), con lo que se hace evidente que la disputa salarial es expresión de la lucha de clases, de los intereses contradictorios entre capitalistas y trabajadores.

 

Sobre esta base, emergen en Chile las voces que reclaman el regreso del proyecto neo-desarrollista, de un Estado nacional-populista y de la renacionalización del cobre y otras industrias estratégicas, pues sería la hora de superar la hegemonía basada en el régimen de acumulación rentista. De sus ruinas, nos dicen, emergerá una nueva clase de emprendedores que base sus ganancias en procesos cada vez más productivos y eficientes, y no en la propiedad de la tierra (commodities) y del dinero (financiero), ni tampoco en una mano de obra poco calificada con salarios miserables.

 

A primera vista, pareciera que los capitalistas de las MIPYMEs están potencialmente en disputa entre dos fuerzas: existe posibilidades para una alianza con las fuerzas progresistas de la sociedad chilena (hoy personificadas en un agregado de diferentes sectores de las clases medias que sostendrían el proyecto neo desarrollista) en contra del malévolo gran capital que acumula con la ruina de las mayorías (el ya repetido argumento del 1% contra el 99%). Los progresistas jalonarían la guerra de capitales y apelarían al apoyo estatal (“las ganancias del gran capital se sostienen, en parte, sobre sus precarios emprendimientos”); mientras los defensores del statu quo, los representantes del capital en general, activarían la lucha de clases (“los trabajadores vienen a quitarles lo que con tanto esfuerzo han construido”).

 

Una distinción similar se observó con el paquete de reformas en la dictadura: la apertura comercial unilateral a ultranza puso en peligro la débil producción nacional con el ingreso de mercancías extranjeras a menor precio, lo que habría concitado la oposición de los capitalistas cuyas mercancías se vendían en el mercado interno (guerra de capitales); sin embargo, la reducción de los costos laborales cristalizada en la Reforma Laboral de 1979 constituyó un mecanismo compensatorio donde la lucha de clases primó sobre la guerra de capitales. Con ello, la dictadura aseguró el apoyo de todos los capitalistas, aun cuando sus políticas beneficiaran principalmente a una fracción de ellos (para mayor profundización, ver la tesis doctoral de Daniel Lederman “The Political Economy of Protection: Theory and the Chilean Experience” (2005)).

 

Si bien en ciertos periodos históricos la balanza pareciera inclinarse hacia la guerra de capitales en el posicionamiento político de los agentes, como ocurrió en el marco del proyecto de Industrialización por Sustitución de Importaciones chileno; estos procesos tendieron a la agudización de la lucha de clases y ordenamiento de los agentes en función de sus intereses como capitalistas y trabajadores: es lo que se observó, por ejemplo, en el paro patronal y la respuesta obrera en 1972 en el gobierno de la UP.

 

Esto nos obliga a las fuerzas con pretensión revolucionaria a llevar adelante una política que reconozca la guerra de capitales (es real; por más que la neguemos en el discurso, no desaparecerá), pero que no olvide que la lucha no es solamente contra el gran capital o sus clases dirigentes, sino que contra la totalidad de la clase capitalista y las relaciones que ella controla y sobre las que se sostiene la explotación capitalista. Así, no vincular la discusión actual de la RL con la lucha de clases nos puede llevar directamente a defender los intereses de fracciones del enemigo, asegurándoles tanto la legitimidad de la explotación, como una mayor captación de la masa de beneficios que hoy el gran capital acumula casi exclusivamente.

 

En este contexto, las indicaciones ”pro Pyme” se anclan en la lucha de clases, aun cuando quienes las sostienen la nieguen y busquen la cooperación de trabajadores y capitalistas en las Pymes en función de la supervivencia de la empresa: el trabajador tendrá empleo (amenaza del hambre) y el empresario podrá seguir acumulando (amenaza de quiebra). A su vez, tampoco dan cuenta de la guerra de capitales ni del proyecto de desarrollo del país, elementos que tensionan la unidad del capital chileno: acepta y naturaliza sin más la precariedad de las Pymes, y lo que es en parte un conflicto intra capitalista, es mostrado solo como un conflicto entre capitalistas y trabajadores, el que, sin embargo, en las Pymes es deseable siga siendo de baja intensidad… según ellos.