Jueves, 04 Agosto 2016

La Unidad Popular en el contexto regional: viabilidad histórica y dificultades de un proceso

Leonora Rojas

Licenciada en Antropología Social, Universidad de Chile. Magíster (c) en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos. Universidad Alberto Hurtado

Uno de los peligros que existe al analizar cualquier proceso histórico a nivel nacional, es caer en una suerte de nacionalismo metodológico, donde no se toma en cuenta la interacción de distintas formaciones económico-sociales; donde se reduce las tendencias globales a su expresión en el proceso local o viceversa; o bien, donde se radicaliza la distinción entre tendencias globales y tendencias internas, no pudiendo abordar su co-constitución. Con la intención de no caer en este peligro, se sostiene que el proceso de la Unidad Popular en Chile debe ser comprendido a la luz de las tendencias globales y las experiencias de otras formaciones económico-sociales del continente latinoamericano.

 

En la presente columna se describe el contexto regional latinoamericano, considerando el estado de la lucha de clases de otras experiencias en la región; así como también las estrategias adoptadas en materia de política exterior por el gobierno de la Unidad Popular. Con ello, se busca evaluar la viabilidad del proyecto popular en Chile al alero de lo que sucedía en el mundo, y en los países latinoamericanos en específico, así como de las posibles dificultades que en ese marco debían ser enfrentadas por el gobierno de Allende.

 

Este texto tiene un carácter descriptivo, bajo el argumento de que es posible y necesario identificar tendencias generales del modo de producción capitalista y tendencias regionales, entre las que se enmarcan la crisis del proyecto de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y la creciente inflación; así como también se debe dar cuenta de las especificidades de cada formación en el marco de tales tendencias. A su vez, ello requiere abordar cómo la política exterior chilena nos habla de la lectura que se realizó en aquel entonces de la situación internacional, predominando la preocupación por evitar cualquier intento de ofensiva e intervención externa directa que pudiera afectar y cambiar el rumbo del proyecto popular.

 

 

El contexto Latinoamericano: diferentes estados de la lucha de clases

 

El modo de producción capitalista, a mediados de los años 60’ del siglo pasado, comienza a sufrir una crisis estructural a nivel mundial, que en América Latina se expresa en un “atolladero económico”-en palabras de Anderson. Este atolladero es visto como el producto del agotamiento del proyecto ISI y de la creciente inflación, los que comenzaban a generar presiones distributivas crecientes sobre los modelos de acumulación de capital local.

 

Ya al finalizar la década del 60, el proceso de industrialización se había estancado producto de la “estructura dependiente” de la economía latinoamericana, con el excesivo traspaso de plusvalía hacia las economías metropolitanas y la sobre-explotación del trabajo, los que funcionaron como barreras para el desarrollo industrial local. A su vez, se desata la crisis de acumulación capitalista local, agudizándose junto a ella las contradicciones entre capital y trabajo. Con ello, América Latina entra en un proceso de crisis no solo económica sino que también del sistema de dominación, el que es puesto en crisis mediante la irrupción del movimiento de masas en la escena política.

 

Lo que nos interesa argumentar es que esta crisis vino acompañada de una agudización de la lucha de clases en la región latinoamericana, respondiendo a las especificidades propias de cada formación social. Además es importante tener presente que las coyunturas bajo las cuales se desencadenaron procesos de avance de la clase trabajadora (procesos revolucionarios) o de retroceso de la misma (procesos contrarrevolucionarios), no coexisten temporalmente en todos los casos. Así, entonces, si bien es posible identificar la existencia de etapas históricas asociadas a los modos de producción, también es posible observar una especificidad propia de cada una de las formaciones sociales insertas en la coyuntura regional. La lucha de clases y el desarrollo capitalista se dan de manera diferenciada en la región latinoamericana, estando, no obstante ello, articuladas entre sí. Algunos países en los cuales es posible observar coyunturas de agudización de la lucha de clases con clases trabajadoras fuertes son Bolivia, Perú y Argentina.

 

El caso de Bolivia merece especial atención, pues para 1970-1971 la coyuntura revolucionaria desemboca en que el general Juan José Torres asuma la presidencia con el apoyo de “los 4 pilares de la revolución” (organizaciones obreras, organizaciones de campesinos, movimiento estudiantil y un sector de los militares). Dicha coyuntura tenía como antecedente la experiencia revolucionaria de 1952, protagonizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Partido Obrero Revolucionario (POR) que luego adquiriría un rumbo más moderado. No obstante ello, para 1972 la dictadura militar de Bánzer marcaría un hito importante, en tanto interrumpirá y “detendrá” el proceso revolucionario que se venía gestando en este país.

 

En Perú, la dictadura militar reformista y de carácter nacionalista del general Velasco Alvarado termina con el gobierno de Belaúnde en el año 1968, impulsando procesos como la reforma agraria y ciertas nacionalizaciones económicas estratégicas con el apoyo expreso de la clase trabajadora. Su derrocamiento en el año 1975 por otra dictadura que intentó revertir las reformas realizadas en la llamada “Revolución de las Fuerzas Armadas”, marcará el fin de este proceso, pero el comienzo de levantamientos populares encabezados por los grupos más radicales de la izquierda peruana.

 

Mientras tanto, en Argentina la clase trabajadora y sus aliados luchaban por el fin de la dictadura militar que asolaba al país desde 1966, encarnándose en hitos como el Cordobazo en 1969 y el Viborazo- o segundo Cordobazo- en 1971. La radicalización y el protagonismo de la CGT y de los sindicatos, en conjunto con el nacimiento de fuerzas de izquierda revolucionaria como los montoneros, las FAR, las FAP y el ERP, lograron la renuncia del dictador Onganía en 1970, y la posterior y breve llegada a la democracia en 1973 con el gobierno de Perón, la que solo durará hasta 1976.

 

Dentro de los países que presentaban cierto retroceso de la clase trabajadora frente a ofensivas contrarrevolucionarias, podemos mencionar dos ejemplos claves: Brasil, y Paraguay. El caso de Brasil se instala como la dictadura militar que da inicio a la ola de ofensivas contrarrevolucionarias en la región. El golpe militar de 1964 derrocó al régimen populista y reformista de Goulart, miembro del Partido Laborista Brasileño, cuyo gobierno había comenzado reformas que se inclinaban hacia la clase trabajadora. La dictadura de Castelo Branco fue especialmente represiva hacia los partidos y organizaciones de izquierda, y hacia ciertas fracciones activas del movimiento obrero. Ante este retroceso, hubo una migración masiva de intelectuales brasileños de izquierda hacia Chile, entre los que se cuenta a teóricos dependentistas cercanos al marximo, hacia el Chile de la Unidad Popular.

 

El caso de Paraguay resulta excepcional en cuanto a la temprana emergencia de la dictadura de Alfredo Stroessner en el año 1954. Sustentándose en las fuerzas armadas de Paraguay y en el hegemónico Partido Colorado, contando con el apoyo de Estados Unidos, y dadas las débiles organizaciones y partidos proletarios, Stroessner logra gobernar el país por más de 30 años, hasta 1989.

 

Así, en la década del 60, la heterogeneidad del estado de la lucha de clases en las distintas formaciones económico-sociales latinoamericanas, se encuentra atravesada por el agotamiento del proyecto desarrollista ISI; así como por la agudización y profundización de la lucha de clases. Con ello, el proyecto socialista se encontraba instalado y las fuerzas sociales que lo sostenían avanzaban o retrocedían según las condiciones específicas de cada país. Dado esto último, la política revolucionaria también resultó heterogénea. Al respecto, resalta el apoyo dado por Fidel Castro a la vía chilena al socialismo, la que si bien contrastaba con el proceso revolucionario en Cuba, se justificaba por las condiciones específicas chilenas y su trayectoria fuertemente legalista.

 

 

La política exterior del gobierno de la Unidad Popular.

 

Este contexto regional heterogéneo, atravesado, además, por la presencia de la URSS y de Estados Unidos, abría tanto posibilidades como dificultades al proyecto de la vía chilena al socialismo. Entre las posibilidades, en primer lugar, se observa el carácter regional y epocal de la agudización de la lucha de clases, dentro de la cual uno de los casos resulta ser la experiencia de la Unidad Popular en Chile. En segundo lugar, el proceso chileno contó con un colchón internacional sobre el cual apoyarse para llevar adelante sus políticas: despertaba simpatía entre los países de Europa Occidental, a la vez que recibía el apoyo no sólo de Cuba, sino que también de la Unión Soviética en tanto la nueva estrategia promovida desde allí apuntaba justamente a una vía pacífica al socialismo. Entre las dificultades, se observa la relevancia adquirida por Estados Unidos en el continente como garante de las fuerzas contrarrevolucionarias; así como también el cambio en su estrategia de intervención desde la acción militar directa a medios indirectos de intromisión, los que se sustentan en las fuerzas locales defensoras de los intereses de la clase capitalista.

 

Teniendo en cuenta esta situación, el gobierno de la Unidad Popular debía prepararse a la desestabilización apoyada por Estados Unidos, la que podía expresarse en el aislamiento político y el bloqueo económico; así como en la estimulación de los países vecinos como potenciales adversarios, de tal forma de desencadenar conflictos militares. A este respecto, hay que mencionar que si bien había ciertos gobiernos de los países vecinos que podrían haber simpatizado con el proceso chileno, había relaciones diplomáticas que no venían bien desde administraciones anteriores, a lo que se suma la inestabilidad de la permanencia de dichos gobiernos. Es el caso del ya mencionado ejemplo de Bolivia, donde el gobierno izquierdista de Torres fue depuesto por el régimen reaccionario de Bánzer en el año 1972. Además, potenciales fuentes de conflictividad se arraigaban en antiguas sensibilidades, en especial en los casos de Bolivia, Perú y Argentina. En el caso de los primeros, pese a la presencia de gobiernos de izquierda, existía la posible emergencia de sentimientos chauvinistas producto de la aún fresca “herida” de la Guerra del Pacífico y de acuerdos políticos que no habían sido zanjados de la mejor forma. Mientras que en el caso de Argentina, así como en los de Brasil y Paraguay, la dictadura de Onganía era abiertamente contraria al gobierno de la Unidad Popular.

 

Frente a esta lectura, el gobierno de la Unidad Popular pretendió generar, públicamente, buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de tal forma de eliminar cualquier pretexto que pudiera legitimar o facilitar acciones contra el proceso chileno. Con ello, la cancillería del gobierno se abocó a la suscripción de tratados internacionales con Estados Unidos, pero también a ampliar las relaciones exteriores chilenas a través de tratados con países latinoamericanos y con países como Rusia y China. En cuanto a los posibles conflictos con los países vecinos, el gobierno avanzó en buscar soluciones a conflictos anteriores, así como también en una mayor integración del continente. Respecto a lo primero, destacan los acuerdos por las islas del Canal Beagle con Argentina, y las conversaciones diplomáticas con Bolivia respecto a la salida al mar. Respecto a lo segundo, la cancillería fomentó instancias y procesos de integración económica como el Acuerdo de Cartagena con países andinos. La doctrina que sustentó tal política fue la del pluralismo ideológico, fundada en el principio de la autodeterminación y de la no intervención extranjera, cuestión que resultaba eficaz en términos prácticos para evitar la “ideologización” de los conflictos en el continente.

 

 

Un balance final: la real importancia de los factores externos en la derrota del proyecto de la Unidad Popular.

 

El proceso de la Unidad Popular en Chile debe ser comprendido más allá de los límites nacionales, pues es expresión de una época cuyas tendencias estaban marcadas por el agotamiento del proyecto desarrollista ISI y la agudización de la lucha de clases. Pero también porque lo que estaba sucediendo en los diferentes países de la región, obligaba al gobierno a implementar una política exterior que viabilizara el proyecto socialista, tanto apoyándose en las posibilidades del entorno como haciendo frente a sus dificultades. Así, evidenciar la heterogeneidad del estado de la lucha de clases en las diferentes formaciones económico-sociales de América Latina se vuelve relevante, primero, en términos estratégicos al momento de evaluar las relaciones diplomáticas con otras formaciones sociales; y, segundo, por la influencia que otras experiencias tienen sobre los procesos vividos dentro de cada país.

 

La viabilidad inicial que los factores externos proporcionaban a la vía chilena al socialismo y al desarrollo obrero subsecuente era objetiva, y frente a las dificultades presentes las estrategias adoptadas fueron efectivas en relación a lo que el gobierno de la Unidad Popular se propuso en materia internacional. Sin embargo, ninguna política externa podría haber impedido la intervención de Estados Unidos y, más importante aún, ninguna política exterior podría haber evitado la derrota del proyecto etapista. La intervención externa del imperialismo estadounidense operó sobre factores internos desestabilizadores pre-existentes, profundizando y favoreciendo el golpe cívico-militar, pero no siendo el responsable del mismo. Una mirada hacia los factores internos y a las estrategias y tácticas adoptadas tanto por el gobierno de la Unidad Popular como por la clase trabajadora y el movimiento popular, pueden dar algunas luces de la derrota.

 

 


Su crisis definitiva se tiende a ubicar, para América Latina, con la crisis de la deuda de 1982.