Jueves, 04 Agosto 2016

El comportamiento del Estado en las elecciones municipales 4 de abril de 1971

Marcela Quero

Licenciada enAantropología Mención Antropología Social, Universidad de Chile. Magister(c) en Educación Mención Curriculum Escolar, Pontificia Universidad Catolica de Chile

El objetivo de esta columna es revisar los sucesos anteriores y posteriores a las elecciones municipales del 4 de abril de 1971, donde es posible identificar decisiones  de sujetos que ejercieron roles políticos de importancia en el proceso de la Unidad Popular. El interés radica en saber por qué estos sujetos tomaron las decisiones que tomaron en el contexto de la lucha de clases concreta durante aquel momento histórico, y cuáles fueron las consecuencias sociales de dichas decisiones.

 

Se entenderá que toda explicación coyuntural es multifactorial, es decir que múltiples mecanismos entran en juego en la formación de tal coyuntura, siendo los mecanismos de la esfera de la producción los que determinan en última instancia las interacciones sociales y la lucha de clases, contexto en donde los sujetos toman decisiones. Esto no implica que la producción sea el primer ni el último campo de acción humano, sino que es el más importante desde un punto de vista del éxito de las acciones y en torno a los aspectos mecánicos del devenir estructural de las sociedades, es decir, las personas tienden a él. Otros elementos relevantes son el salario, la productividad y unidades domésticas, aspectos militares, cantidad de armas y organización militar, entre otros.

 

Dejando de lado las acusaciones de culpabilidad y trabajando con la premisa de que la derrota que vivió la clase trabajadora sufrida hace más de cuatro décadas no era inevitable, es que se analizan los sucesos anteriores y posteriores a las elecciones municipales de abril de 1971. El objetivo último es obtener referencias para las decisiones políticas en la actualidad a partir de este proceso, el más álgido de la lucha de clases en el siglo XX chileno.

 

 

Elecciones municipales 4 de abril de 1971: libertad política e institucionalidad

 

Luego del triunfo de Salvador Allende y de la coalición de partidos que lo apoyaba –Partido Comunista, Partido Socialista y Radicales, entre otros- en 1970, las fuerzas allendistas obtienen el 48,6% de los votos en las primeras elecciones municipales del 4 de abril de 1971. Ello se enmarca en una serie de eventos relevantes para la lucha de clases del periodo, entre los cuales se puede nombrar: (1) los primeros días de 1971, el Ministerio de Agricultura, con Jacques Chonchol a su cabeza, se traslada a Cautín durante 45 días para acelerar la Reforma Agraria en la región, ello en respuesta a las presiones de mapuches y campesinos a través de las corridas de cercos y la toma de fundos, donde la toma del fundo Rucalán por la comunidad Nicolás Ailío resulta un hito fundamental. (2) El 28 de abril del mismo año, los trabajadores se toman la empresa Yarur y la declaran “Territorio libre de explotación”, haciendo valer el programa de gobierno y el compromiso de Salvador Allende de su expropiación en el marco de la política de nacionalización de empresas y bancos y la creación de las áreas social y mixta de la producción. El gobierno, por su parte, logra llevar a cabo esta política a través de los resquicios legales instituidos en la junta de gobierno de 1932, pues el intento de promulgación de una ley fracasa. Además, debe reducir de 253, como decía el programa, a 90 empresas las a expropiar, bajo el criterio de tener un activo neto superior al millón de dólares. (3) El 12 de mayo de 1971, estudiantes de derecha anuncian una manifestación en la ciudad de Concepción, frente a lo cual es convocada una contramanifestación por organizaciones de izquierda. El portavoz de gobierno condena todo tipo de violencia y el alcalde de la ciudad, ambos del Partido Comunista, prohíbe cualquier manifestación y llama a carabineros a reprimir a uno y otro bando, lo que da por resultado un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria muerto. (4) Este tipo de actitud del gobierno se repite en los casos antes citados. Frente a la toma de Yarur, Allende responde “los procesos (revolucionarios) exitosos se hacen con una dirección férrea, consciente, no al lote”; y frente a las ocupaciones de tierra, el presidente llama a tener paciencia y esperar el proceso legal. (5) El 16 de julio de 1971 ocurre uno de los hitos más recordados del proceso, pues se publica la ley n°17.450 de estatización de la gran minería del cobre con el apoyo unánime del Congreso Nacional, lo que daba luces de un proceso que se veía prometedor.

 

En definitiva, se observa un complejo proceso de movilización social anclado en la agudización de la lucha de clases. En este contexto, ¿por qué no es cristalizado el proceso con la disolución del Congreso y la convocatoria a una Asamblea del Pueblo, tal como el programa de gobierno lo establecía y tal como fracciones del Partido Socialista y sectores de la clase obrera solicitaban? ¿Qué alternativas y referentes se manejaban en aquel momento y qué herramientas se tenían? Para responder estas preguntas, podemos identificar al menos dos elementos fundamentales de la acción de la Unidad Popular como gobierno, (1) la legalidad y las libertades políticas, y (2) la institucionalidad.

 

(1) Con respecto a lo primero, ¿qué significa para Allende y sectores de la Unidad Popular el haber conquistado la legalidad y las libertades políticas? En el discurso del 1º de mayo de 1971 Allende destaca que por primera vez en la historia, dentro de los cauces legales y de las leyes de la democracia burguesa, se había alcanzado el gobierno y las libertades políticas. Se habla principalmente de las características procedimentales mínimas de un régimen democrático, entre ellas, las reglas que regulan el paso del poder político de manera pacífica por medio de elecciones regulares; la existencia de un sistema de partidos de amplio espectro; la negociación para solucionar los conflictos políticos y sociales; y la participación política a través del sufragio. A diferencia de otros periodos históricos en Chile, estos elementos se hacían efectivos sobre todo con la participación política de la ciudadanía a través del sufragio. Allende le confiere aquello un gran valor, pues compara la realidad con las décadas anteriores. Antes de 1958 se mantenía excluidos del voto, por ejemplo, a campesinos, y existía los “cotos vedados” controlados social y políticamente por terratenientes, lo que les aseguraba una base electoral que los dotó de un gran poder político. Así, se consideraba los recientes avances de la clase trabajadora como cristalizaciones del proceso de lucha de clases que debían ser resguardados y defendidos como fines en sí mismos, y no asumirlo como medios del proceso revolucionario que excedía al aparato estatal y su institucionalidad.

 

Pero, ¿era dicha libertad política parte de la libertad revolucionaria del horizonte estratégico de construcción del socialismo? Respondemos que no. Primero, aquellos elementos no vuelven democrático un régimen de por sí, pues la libertad revolucionaria en un contexto de democracia de los trabajadores y para los trabajadores significa algo distinto. La libertad revolucionaria supone definir necesidades concretas en la realidad concreta, poniendo énfasis en el qué se produce, quién produce, para quién, cómo, cuánto, etc. La libertad se realiza “por” y “en” referencia a otros, así uno solo se puede desarrollar plenamente si todos los demás también pueden hacerlo. Este desarrollarse plenamente significa una superabundancia creativa sobre lo que es materialmente esencial, rebasa aquello y se convierte en su propia referencia. Con ello, los avances democráticos, consideramos, no resultan un fin en sí mismo de democratización, sino más bien un medio, una herramienta, que la clase cristaliza para avanzar y vencer a la clase capitalista.

 

(2) Ahora entrando al segundo punto en torno a la institución estatal, ¿qué significa para Allende y la coalición de la UP el haber ocupado una parte del Estado? También en el discurso del primero de mayo de 1971, se señala, “una parte del Estado está en manos de los trabajadores a través de los partidos populares y de la Central Única, que representa todos los niveles de la organización sindical. Y si digo una parte del Estado es porque hay otros poderes independientes, como el Judicial o como el Legislativo, donde no tenemos mayoría. (…) Hoy, tienen que entenderlo, los trabajadores son Gobierno; el pueblo es Gobierno. El sector público no está financiando a una minoría. Está poniendo los excedentes económicos al servicio de ustedes, al servicio del pueblo y de Chile. Por eso es necesario mirar desde otro lado de la barricada, para asumir la responsabilidad, la enorme, la trascendente responsabilidad que implica ser Gobierno”.

 

Como se puede observar, Allende y la coalición de la UP sostienen que el poder popular del pueblo ya estaba presente en uno de los puestos del Estado –en el ejecutivo-, mientras en otros no –en el legislativo y judicial-. Se puede observar que se entendía que el carácter de clase lo daba la pertenencia de los puestos claves del Estado por una u otra clase. Se comprendía al Estado – a primera vista- como una cosa a ser tomada, como un instrumento neutro y pasivo , de ahí que para revertir las relaciones de fuerza frente al capital, los trabajadores debían apropiarse del aparato estatal y conducirlo a su favor. Es decir, se entendía que las clases mantenían una relación de exterioridad con el Estado, no confiriéndole autonomía y dejando entonces oscurecida la decisión política-táctica de llamar a una Asamblea del Pueblo, pues observaban como alternativa real el conducir el proceso a su favor dada la apropiación del y desde el ejecutivo. Sin embargo, se observa que el Estado se comportó como una relación en donde se condensaron materialmente las clases y fracciones de clases y donde se manifestaron sus contradicciones, en este caso entre aparatos y ramas del Estado y dentro de cada una de ellas. Ello derivó en la dominación compleja de un aparato o rama del Estado sobre otro. Esto no quiere decir que el Estado no haya funcionado también como instrumento-máquina de la clase dominante, pero dicho comportamiento al parecer es más evidente en periodos históricos menos álgidos en la lucha de clases. Ello se condecía con la dirección que el movimiento obrero se había dado a sí mismo durante la Unidad Popular y luego de décadas de constitución como fuerza social, lo que se observa en las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores de mayo de 1972 donde el Partido Comunista obtiene un 31,8%, el Partido Socialista un 27,1% y la Democracia Cristiana un 26,6% de los votos, mientras organizaciones más radicales (el Frente de Trabajadores Revolucionarios, la Unión Socialista Popular, el Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento Sindical Libertario) obtienen un magro 3,5%. Así, los aparatos de conducción de la clase trabajadora, tanto en el gobierno como fuera de éste, estaban hegemonizados por lo que hemos llamados fracciones reformistas de la misma clase trabajadora, quienes compartían las apreciaciones aquí expuestas.

 

 

La Reconstrucción del Horizonte Revolucionario en la Actualidad

 

En definitiva, ¿por qué no se convoca a una Asamblea del Pueblo luego de las elecciones municipales de 1971? En esta columna se defiende que son dos lecturas erradas de las condiciones de aquel momento las que sostuvieron tales decisiones. Primero, se observaba como alternativa real la conducción del proceso revolucionario desde el Estado, el cual se comprendía como un instrumento neutral a ser utilizado por la clase trabajadora. Y, segundo, en el proceso de agudización de la lucha de clases, Allende y sectores de la Unidad Popular observan el peligro de perder los avances democráticos del movimiento popular cristalizados en el aparato estatal, lo que los lleva a legitimarse en el aparato existente con la pretensión de reducir dicho peligro. En este contexto, la disolución del Congreso y convocatoria a una Asamblea del Pueblo no era la alternativa más correcta a sus ojos, dado que podía hacer peligrar las posiciones ocupadas en el Estado y los mecanismos democráticos que hicieron ello posible.

 

Estas dos lecturas persisten en la actualidad, ya sea por un ansia de ciertos sectores políticos de izquierda por ocupar puestos del Estado; como por la valoración ensimismada de avances democráticos, sin preguntarse por las posibilidades de que estos avances sean instrumentalizados por la clase trabajadora a su favor. Así, este tipo de análisis y de crítica adquieren actualidad en la necesidad de abrir las posibilidades tácticas que aporten a la reconstrucción del horizonte revolucionario en la actualidad mediante la investigación social y el aporte de elementos que permitan leer correctamente los avances democráticos del movimiento popular en el capitalismo, así como también el comportamiento del aparato estatal.

 

 


Es preciso señalar que sólo a partir de los años setenta el debate sobre el Estado capitalista en la teoría marxista muestra un crecimiento exponencial, lo cual, evidencia una multiplicidad de enfoques y perspectivas que toman como base la teoría desarrollada por Marx, para explicar la naturaleza del Estado a la luz del desarrollo capitalista y las transformaciones en los planos económico, político y cultural.

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