• En el último apartado de “El Manifiesto Comunista”, Karl Marx y Friedrich Engels (1848) reflexionaban en torno a las políticas de alianza de los comunistas. Al respecto, daban cuenta de alianzas con las burguesías que luchaban contra las fuerzas reaccionarias, las que podían sostenerse con la claridad de que una vez estas últimas fueran derrotadas, la lucha de los comunistas versaría contra las primeras. Esta lucha implica que la preocupación por la acumulación de poder debiese ser una preocupación constante, “sin dejar un solo instante de laborar entre los obreros”; sin embargo, aquella preocupación se vuelve, en determinados periodos históricos, la preocupación central del periodo. Es el caso del Chile actual, donde la recomposición del movimiento popular se vuelve el objetivo estratégico del periodo.

     

    La dictadura cívico-militar y el largo periodo transicional han tenido por resultado un movimiento caracterizado por su debilidad, anclada en la destrucción del tejido social de los hogares, en la débil organicidad a todo nivel, en la ausencia de partidos políticos como herramienta del pueblo, y en la destrucción de la plataforma de recursos que permitiera su coordinación para la lucha por una vida mejor. Pese a lo anterior, en el actual ciclo de movilizaciones abierto el 2006-07, se ha caído en la ilusión de un avance del pueblo. Las movilizaciones masivas y recurrentes en el último periodo, han hecho suponer un avance del movimiento. Analistas, investigadores y opinólogos de izquierda han caído en dicha ilusión toda vez que tras cada movilización (pingüina, universitaria, Freirina, Magallanes, Aysén, Chiloé, etc.) se exaltan y lanzan lecturas grandilocuentes del “ahora es cuando”. El progresismo ha sido la corriente política más entusiasta con estos sucesos (tanto dentro como fuera de la Nueva Mayoría) y se han auto-atribuido el rol de “continuar con la posta”, llevando las demandas del pueblo al Estado burgués. Dicen ver una oportunidad para mejorar la vida de todos y, por eso, se constituyen como partidos y pactos políticos con distinto nombre (Todos a la Moneda, Vota AC, Frente Amplio, Nueva Mayoría, etc.) para disputar el sistema político.

     

    Organizaciones del pueblo son coaptadas por el progresismo y son orientadas a escaramuzas en las que tarde o temprano fracasarán. Y es que pueden llevar adelante un programa progresista que efectivamente mejore las condiciones del pueblo, sin embargo, caerán rendidos a las crisis económicas y a los contragolpes del enemigo. Esto porque, actualmente, el movimiento es débil y el enemigo es poderoso. Es en este marco que como centro de investigación Fragua publicamos la siguiente nota, cuyo objetivo es presentar los criterios que utilizamos para evaluar la fortaleza y debilidad de los movimientos sociales basados en los principales hallazgos del Programa de Investigación Político Científico “Movimientos populares y sociales”. Esto con miras a aportar a lo que consideramos una evaluación necesaria a la hora de construir nuestras tácticas y estrategias. Considerando todo lo anterior es que sostenemos que solo el fortalecimiento del pueblo, es decir el desarrollo de una capacidad creciente de control sobre las relaciones sociales en que nos involucramos, permitirá llevar adelante las transformaciones que necesitamos. 

     

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  • Miércoles, 15 Enero 2014 Entrevista a Franck Gaudichaud

    El segundo entrevistado de la serie de entrevistas a investigadores sociales sobre "Las tareas del movimiento popular", es Franck Gaudichaud. Es miembro del equipo editorial de Rebelión.org, doctor en Ciencias Políticas y actualmente forma parte del Nuevo Partido Anticapitalista en Francia. En 2005 concluyó su doctorado sobre el movimiento popular chileno en la Universidad París 8, bajo la dirección de Michael Löwy. Es actualmente profesor titular en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Grenoble, Francia.

    Es autor de Poder Popular y Cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano en Chile; de Operación cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur y de Chili 1970-1073.  También fue editor y coordinador de El volcán latino-americano. Izquierdas, movimientos social y neoliberalismo en América latina, y de América latina: Emancipaciones en construcción, Instituto de altos estudios nacionales – IEAN, Quito, 2013. También es miembro del Comité de redacción de la revista Dissidences y de la revista ContreTemps, así como colaborador de Le Monde Diplomatique (París).

     

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  • Lunes, 21 Octubre 2013 Entrevista a Rolando Astarita

    La entrevista a Rolando Astarita forma parte de una serie de entrevistas realizadas a investigadores sociales, las cuales buscan reflexionar en torno a las tareas del movimiento popular hoy en Chile. Se pretende ir construyendo un espacio de debate y reflexión que permita un desarrollo teórico sistemático dentro del proceso de acumulación de fuerzas del movimiento popular, ya que el desarrollo teórico y la disputa ideológica son esferas de la lucha de clases y, a la vez, necesarias en el proceso de construcción de la sociedad socialista. 

     

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  • Críticas a la televisión chilena hay muchas:desde demandas legales contra las formas inmorales que los canales emplean para conseguir el ansiado rating, hasta cuestionamientos políticos frente a la deficiente calidad de los contenidos, o más bien, ausencia de “programación cultural”. Todas ellas tienen un rasgo común, ser críticas desde la “alta cultura”, esa conservadora que se irrita poco cuando se le pasa a llevar con una talla de mal gusto, o si se es más progre, que trata que el populacho se eduque bien para que de una vez seamos desarrollados. El problema pareciera ser así algo superficial, y la soluciones propuestas no son diferentes, siendo bastante aceptada la progresista que busca regular la parrilla programática, es decir, exponer programas televisivos con más “contenido” que las personas, seguramente, verán. Pareciera que esta postura desconoce absolutamente que el problema que enfrentan está lejos de ser algo superficial, por el contrario, refiere a la configuración misma de la sociedad chilena. La televisión es mucho más que preferencias individuales de consumo, no es un tema de oferta y demanda, opera en tanto transmiteciertas ideas sobre la realidad, preocupaciones y formas de vida deseables, que las personas pueden tomarlas o no para elaborar sus proyectos de vida. Es decir, es una influencia, y por ende hay ciertas condiciones que aumentan o disminuyen su importancia. El problema es que en Chile las condiciones históricas hacen que esa influencia sea de alto impacto, teniendo efectos políticos profundos sobre todo para estratos populares. Por esto, si queremos entender cuál es el problema es necesario saber ¿Qué escenario presenta Chile para esta influencia?

     

    Para comenzar a responder esta pregunta, hay que hacer un poco de memoria. La televisión comienza a hacerse parte de la vida de los chilenos a fines de los 70, precisamente cuando se impone el Estado subsidiario y neoliberal, en dictadura. En este contexto, los canales de televisión estaban absolutamente intervenidos, siendo funcionales al proceso. ¿Qué ofrecía entonces a los televidentes? una invitación a “reír, cuando todos estaban tristes” por parte del “Jápening con Já”, reír cuando estaban torturando y asesinando a hombres y mujeres comprometidas con el proyecto socialista chileno. “Platita poca pero segura” entregaba el “Festival de la Una” a quien quisiera participar en sus concursos, en un contexto donde el Shock neoliberal y la subsidiariedad de la política social mostraba su peor cara a los sectores más vulnerables. Ejemplos que reflejan el rol funcional de la televisión a la destrucción de los espacios de organización política y a la pauperización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, procesos necesarios para instalar el modelo sin resistencia.

     

    Ahora, el proceso político de la dictadura no sólo operó en el ámbito de las estructuras socio-económicas, sino que también constituyó nuevas subjetividades, emprendiendo una “guerra social” (véase: “La alcaldización de la política” de Verónica Valdivia et al) Al respecto, es ejemplificador el impacto que tuvo y tiene en la memoria chilena el programa “Sábado gigante”. Este espacio significó, pese a lo que diga Don Francis, mucho más que “sana entretención” para la población. A primera vista se conforma como un espacio donde “gente común”, de todo chile, exhibía sus problemas y preocupaciones. ¿Qué podría haber de malo en ello? Bueno, esto lejos significar un rol bondadoso de la televisión, cumple una función importante para el modelo ya instalado. Frente a la desarticulación de las instituciones clasistas donde las personas se reconocían con sus iguales, se exhibe desde estas plataformas una versión de un nosotros y de la historia reciente, pero a diferencia de la época anterior, desde un discurso dominante que tiene la potestad de intervenir los contenidos y formas que se emiten. La televisión responde a las demandas de integración cultural que antes eran parte de un proyecto de clase, y que el Estado subsidiario había dejado de viabilizar. La dictadura así remató a su enemigo, el marxismo, estableciendo un mecanismo implacable de integración cultural que no requiriera esas organizaciones “desviadas” que tanto mal habían causado y que transmitiera una versión funcional de identidad e historia común. En estas condiciones, la influencia de la televisión fue implacable, dejaron el camino listito para la sociedad neoliberal.

     

    ¿Hoy en día, en “democracia”, ha cambiado algo este panorama? Bueno, hay ciertas cosas que Sí cambiaron. Por un lado, ha existido un aumento sostenido de la penetración de la televisión por cable en los hogares, convirtiéndose en un bien accesible para segmentos populares. Se ha afirmado al respecto que este fenómeno provocaría una tendencia a la fragmentación de los “consumidores de televisión”, al elevar la oferta programática. Por otro lado, los jóvenes ven cada vez menos televisión, mientras que los sectores adultos mayores y de mujeres desocupadas son quienes más televisión consumen (Fuente: VIII Encuesta nacional de televisión, CNTV). Una interpretación apresurada al respecto sería que la televisión pierde importancia en los hogares, salvo en segmentos inactivos o desocupados. Lamentablemente, no es tan fácil como “apagar la tele y prender la mente”. Aunque aumenta la prevalencia de la televisión por cable en los hogares, los canales preferidos por los chilenos siguen siendo los nacionales, sobre todo, en los estratos populares. Así también, aun cuando los jóvenes ven menos televisión en formas tradicionales, se está gestando con fuerza el fenómeno de la “televisión social”, lo que implica que en realidad ven más televisión pero vía internet, comentándola y compartiéndola en redes sociales. La televisión sigue estando presente de forma importante en las vidas de las personas.

     

    Columna TV

     

    Ahora bien, un hecho paradójico es que lejos de asumir sin cuestionamientos lo que la televisión ofrece, las personas critican no sólo el pobre contenido que es emitido, sino que también las formas de transmitirlos. Existe gran disconformidad apreciable en el hecho de que un 61,9% del total de la población encuestada se encuentra insatisfecho con la televisión abierta, y si vamos al detalle, un 56,1% de los estratos medios bajos y un 47% de los estratos bajos se encuentran insatisfechos (Fuente: VIII Encuesta Nacional de Televisión). Las razones de esto no son menores ya que se critica directamente el contenido, y sobre todo, la farándula y las peleas en televisión (con un 17,4% en sectores medios bajos y 13,2% en sectores bajos). Quién lo diría, a la gente le molesta la farándula.

     

    A estas alturas, el lector debe estarse preguntando con justa razón ¿si existe tanta insatisfacción, por qué la gente sigue viendo televisión chilena? Es posible mencionar varias causas de este fenómeno, pero existe una en particular que es histórica y determinante, y refiere al hecho conocido por todos de que poco han cambiado las condiciones desde la dictadura. El académico de la universidad católica Valerio Fuenzalida, afirma que la gente no solamente busca ver televisión como medio para entretenerse, si no que el mayor placer asociado al consumo televisivo reside en comentar con otros lo que se ve (puedes revisar su columna aquí). Por eso prefieren ver televisión abierta, que todos ven, antes de televisión por cable, la que es evaluada de mejor calidad. Así también, la televisión chilena nos une en festividades, en causas nobles y frente a catástrofes. En ella podemos ver nuestra identidad como país, solidaria, esforzada. La tele nos cuenta nuestra historia. La televisión sigue siendo un mecanismo integración cultural en nuestra sociedad, que se ha consolidado con los años. Por esto, el problema de la televisión es algo extremadamente complicado y que por supuesto, va más allá de la oferta/demanda como afirma la postura proge. En estas condiciones, la influencia de la televisión es altísima, y con ello sigue instalando preocupaciones y formas de vida deseables a las personas. Influencia que actualmente, frente a la alta concentración de los medios de comunicación, está en manos empresariales, lo que hace a la tele funcional a la hegemonía. Y cómo negar esto, si basta con ver unos minutos televisión para notar que la identidad e historia que formatean corresponde a un sujeto despojado de historia y condición de clase, que difícilmente cuestiona la acumulación capitalista.

     

    ¿Y tú, de qué vas a hablar mañana?  Es el nuevo slogan del MEGA que se Repite una y otra vez en la tanda comercial. Nada más ni nada menos que un acertado juicio sobre la realidad actual, la tragedia cotidiana de que la conversación del día lunes en la pega, sea esa talla de “El muro” de Kike Morandé, o lo que hizo esta modelo nueva en “Primer Plano”.  Y no es por “mal gusto” ni menos por pasividad de los televidentes. La demanda legítima por integración desde el mundo popular que visibiliza la tele, influye en la posibilidad de constituirse como una clase para si. Si queremos disputar este espacio no basta con atacar los contenidos de la televisión, se tiene que desmontar el mecanismo de integración y de control hegemónico que representa. Para esto debemos reconstituir esta memoria, estas prácticas, generando un encuentro ahí donde la gente se ve efectivamente y no mediada por un aparato, en los espacios que comparten como clase. Sólo la organización del movimiento popular puede disputar el lugar que la tele “se ha ganado” en los livings de las familias chilenas: dejando atrás el protagonismo televisivo y devolviéndoles el protagonismo histórico.

  • “Este anuncio es, como siempre, más farándula de seguridad que medidas reales”, fue la réplica de una parlamentaria UDI frente a los $440 millones que el gobierno de la Nueva Mayoría está invirtiendo en una campaña comunicacional de seguridad ciudadana. Y es que esta problemática se ha vuelto una preocupación central para los gobiernos de turno desde finales de los años ’90, siendo un debate no exento de controversias entre los diferentes sectores políticos, y cuya importancia ha ido permeándose a la sociedad civil llegando a transformarse en una “demanda ciudadana”. Frente a un tema que ha sido monopolizado y hegemonizado por la derecha y que se nos aparece como una demanda universal- ciudadana- de la sociedad hacia el Estado chileno, la izquierda revolucionaria poco ha dicho (o no ha querido decir) sobre tan controversial problema que parece afectar la cotidianidad de las personas y, en específico, a las clases populares. No debería sorprendernos que mientras las tasas de victimización son más altas en los sectores populares, la percepción de inseguridad ha aumentado en sectores de clases medias y altas   Es importante, entonces, escapar a los sentidos y lugares comunes del discurso de derecha y del discurso progresista y observar cómo y quiénes articulan y configuran esta demanda, y de qué forma las clases populares se insertan en esta retórica de la seguridad ciudadana.

     

    A finales del año pasado, un estudio realizado por Paz Ciudadana-Adimark lanzó las cifras de las tasas de victimización a nivel nacional y por regiones, las cuales alcanzaron los niveles más altos desde el año 2000 (43,5%). A esto, se suma la salida a la luz de los  resultados oficiales de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), abriéndose aún más las puertas a un debate que tiene como centralidad definir políticas públicas para abordar una problemática que se ha constituido en la primera prioridad a nivel nacional según la encuesta CEP  de agosto 2015 (60% de los encuestados): la seguridad (delincuencia, asaltos y robos). El aumento en el indicador de temor, según el índice de seguridad ciudadana, se concentró en los sectores de clases altas y medias,  malestar que no se hizo esperar, y en julio de este año dos cacerolazos en comunas del sector oriente se transformaron en la “voz” de las clases más atemorizadas, cumpliéndose el sueño ciudadanista de la democratización de las expresiones de “protesta social”.

     

    Una de las principales controversias dentro del debate tiene que ver con las diferencias o el “desfase” entre las tasas de victimización (los delitos de los que las personas son objeto)- lo que comúnmente se denominan los “datos duros” u objetivos- y la percepción de inseguridad de la población (lo “subjetivo”). Ello, porque las tasas o índices de victimización según ambas encuestas (aunque difieren significativamente) son menores al porcentaje de personas que dice sentirse insegura, no siendo clara la relación entre el alza en la victimización y el alto temor que las personas sienten de ser víctimas u objeto de algún tipo de actividad delictual. Así, un 72% de la población encuentra muy probable el ser víctima de algún delito violento (Encuesta CEP 2015), especialmente en los sectores medios y bajos. Este último punto que  torna relevante considerando que las políticas públicas que abordan la problemática están focalizadas justamente a disminuir la percepción de inseguridad en la población más que a la prevención misma del delito. Estas alternativas se plantean frente a un escenario en que las políticas de control y represión son una constante en el capitalismo, especialmente en aquellos regímenes de acumulación que tienden a disminuir el costo de mano de obra, y cuya desigualdad afecta, incluso, los cursos de acción formales dentro del capitalismo.

     

    Y es que la demanda de mayor seguridad y protección- tanto “civil” como social- en las formaciones sociales capitalistas recae en el Estado, como principal garante del bienestar de una “sociedad civil” cada vez más atemorizada no sólo por agentes externos sino que, principalmente, por agentes internos. Así, frente a los efectos perversos del capitalismo es el Estado quien absorbe las demandas de solución a las problemáticas que el mismo sistema produce y reproduce, en formaciones sociales en las cuales la individualización y el repliegue a la unidad doméstica exacerba la sensación de inseguridad y de pérdida de control de la propia vida en un contexto altamente cambiante e incierto, en relación a los puntos de referencia de pertenencia y a la continuidad contextual.

     

    El discurso político en relación a la seguridad ciudadana, en la derecha y la izquierda más progresista, se nos presenta de diferente forma. En el caso de la primera, la retórica  apunta a la defensa de la propiedad privada como valor, acusando que la delincuencia sería un problema de voluntad y que no respondería a las desigualdades estructurales del sistema capitalista, sino que a un discurso igualitarista que de alguna forma funcionaría como un promotor o sustento para creer que “los bienes materiales distribuidos en nuestra sociedad tienen un origen inmoral e injusto” ; con ello, la premisa fundamental es que quienes roban lo hacen porque este discurso legitimaría el “arrebatar” bienes materiales que no se poseen.  Mientras que en los sectores de la izquierda más progresista, la premisa que más se baraja como explicación a la problemática del temor radica en el manejo mediático que se ha hecho del tema, y a las intenciones políticas detrás de la “instalación” del miedo e inseguridad en la sociedad chilena a través de la vía comunicacional. Así, no sólo se potencia el argumento de la importancia de los medios de comunicación en la formación de opinión pública, sino que también la tesis de la paranoia colectiva creada intencionalmente por una elite nacional que tiene el monopolio de la información y cuyo caballo de batalla de control de la sociedad estaría en el poder comunicacional. Esto, de la mano del discurso del carácter estructural de la delincuencia y de la necesidad de reformas preventivas y de reinserción que apacigüen la problemática al alero de las posibilidades democráticas.

     

    Sin embargo, ¿qué es lo que se escapa en ambos análisis?, ¿dónde podemos aportar mayor especificidad y desde una perspectiva que sitúe a las diferentes clases y sectores sociales en esta problemática enceguecida por el aparente universalismo ciudadanista? Es en la experiencia de la “inseguridad” y en la consiguiente construcción de la demanda donde encontramos una posible salida a los sentidos comunes que analizan la temática.

     

    Dentro de las clases altas y segmentos medios, la percepción de inseguridad y temor ha aumentado en el último tiempo, a la par del aumento de sus tasas de victimización. Si analizamos el discurso de la “seguridad ciudadana” dentro de estas clases, vemos que sectores de las clases medias y altas demandan al gobierno de la Nueva Mayoría más seguridad; demanda que se articula en torno a la “mano dura”, es decir, el reclamo por agentes y políticas más represivas y de control de la criminalidad, que van desde crear más cárceles, aumentar contingentes policiales y aumentar las penas, hacia cambiar la reforma procesal penal para hacerla más efectiva. Este discurso, que suena altamente represivo en términos institucionales, se contradice con una retórica que eleva por sobre todos los valores estructurales de la sociedad capitalista las libertades individuales y la existencia de la propiedad privada como una de ellas: la libertad negativa, ganada naturalmente, que no puede ser impedida de su ejercicio por nadie.  Así, la defensa a la propiedad privada se vuelve fundamental, en tanto esta se constituye en la condición misma para su existencia y reproducción como clase. Con ello, se observa que a medida que sus condiciones de existencia y calidad de vida se ven perjudicadas, logran transformar a la seguridad en una demanda “ciudadana”.

     

    Asimismo, se visibiliza el argumento meritocrático asociado a la criminalidad, donde si bien se reconoce la existencia de un contexto desigual, la defensa a la propiedad emerge como la protección de bienes cuya tenencia ha requerido esfuerzo,  frente a una “otredad” haragana y apática frente al deseo de la propiedad: la dualidad del “buen pobre” frente al “mal pobre”. Así, existe una crítica moral a esta otredad que debería ser abordada desde la institucionalidad: el Estado, la escuela y la familia.

     

    Por su parte, otros sectores de clase media apelan a discursos más preventivos, resaltando la importancia de la reinserción social de los “delincuentes” y de la mejora de condiciones de vida de la población- en general-y de los sectores populares o empobrecidos-en particular-como una forma de evitar una problemática que se considera estructural: la falta de oportunidades y la delincuencia como última salida. Tareas que, nuevamente, son relegadas a la institucionalidad estatal.

     

    Ahora bien, en las clases más bajas, la problemática adquiere un cariz diferente, pese a que el relevamiento de la “mano dura” sea igualmente o, me atrevo a decir, más importante que en el resto de las clases cuando se trata de resolver la problemática de la seguridad y la criminalidad. No es de sorprenderse, entonces, que comiencen a emerger también desde estos sectores de la sociedad discursos autoritarios y represivos (el castigo). Por el contrario, parece ser algo completamente esperable si se tiene en consideración que el “elemento hostil” convive cotidianamente con ellos, aun cuando discursivamente también aparezca como una “otredad” ¿A quiénes se demanda seguridad? Sorpresivamente, no existe una demanda articulada en torno a la problemática, siendo que: son la clase social con mayor temor (según las encuestas) y las que se ven más afectadas por ella (altas tasas de victimización); y, que la solución no es derogada al Estado, ni al gobierno de turno, pues no se visibiliza como posibilidad. Esto, porque la sensación de abandono por parte de las instituciones estatales es bastante alta, razón por la cual no se confía en la capacidad resolutiva por parte de ninguna de las instancias existentes.

     

    Así, y a diferencia de importantes sectores de las clases medias y altas, las clases bajas ya no ven que la inseguridad y la criminalidad dependan de voluntades políticas ni de reformas posibles en la institucionalidad vigente, transformándose con ello en una problemática que escapa a todo control: se vuelve, así, en un problema y  en una demanda de orden. Y es que el temor ya no es la pérdida a la propiedad ni de las libertades, sino que a la posibilidad de “vivir en paz” en un contexto considerado peligroso, caótico, sin ley, sin moral y “sin respeto a la autoridad”. El exterminio o el castigo de esta “otredad” dentro de la propia clase emergen, entonces, como un discurso frecuente, donde la responsabilidad recae no sólo en las “manos propias” (ajusticiamiento “ciudadano”) sino que principalmente en las única “entidades” consideradas independientes de la sociedad y de la política capaz de resolver conflictos: carabineros y las fuerzas armadas; es decir, que los carabineros tengan mayor atribuciones al momento de ejercer violencia, y/o que los militares vengan a resolver un problema que ya pareciera tener vida propia y estar fuera de control.  No es de sorprender, entonces, que las instituciones con mayor aprobación y legitimidad en Chile sigan siendo carabineros, policía de investigaciones y las fuerzas armadas.

     

    Frente al “problema” de la inseguridad y la criminalidad, entonces, no hay que olvidar que la demanda emerge principalmente desde las clases altas y grupos medios; mientras que las clases bajas, lejos de articular una demanda, construyen un discurso desde la experiencia cotidiana de la criminalidad, donde la “funcionalidad ideológica” del mismo hacia el dominio de las elites políticas y la clase capitalista parece perderse ante una institucionalidad que no gana ni en legitimidad ni en posicionamiento como instancia política resolutiva de problemáticas sociales dentro de estas mismas clases. Es difícil considerarse ciudadano cuando no se forma parte de la sociedad civil, aun siendo el sector social más afectado por una problemática  cuya solución conlleva la generación de una demanda que implica la negación de la propia clase. Así,  la hegemonización discursiva recae en aquellas clases que sí pueden transformar un problema en demanda, y generar la posibilidad de solución a través de su posicionamiento en la agenda pública.

     

    Frente a la problemática misma de la criminalidad y la “delincuencia”, no hay que olvidar que ambas son inherentes al capitalismo, asociadas a la falta de acceso a demanda de bienes y servicios y la consiguiente resolución por medio de la generación de mercados negros y apropiación ilegal. El Estado, en el capitalismo, remueve la necesidad de apropiación ilegal, transformándose en el redistribuidor por excelencia de la propiedad, a la vez que monopoliza y reproduce la estructura delito-carcelaria que el mismo sistema forma y produce. Este carácter estructural de la criminalidad, si bien se vislumbra en el discurso de algunos sentidos comunes de algunos sectores sociales (aunque no con los mismos matices que presentamos en esta columna), las soluciones no se ven en la erradicación del capitalismo, sino que en las reformas y “correcciones” dentro del marco democrático que el Estado debe garantizar dentro de las formaciones sociales capitalistas. La demanda de seguridad ciudadana está impregnada de la retórica de las libertades y derechos característica de la eterna promesa de las democracias liberales, pero que pasa por alto las diferencias de clase y la forma en la cual la “inseguridad” y la criminalidad afectan distintamente la vida cotidiana de personas cuya posición en las relaciones sociales no es la misma, y donde ni la “cercanía” con la “otredad peligrosa” ni los efectos de las medidas tomadas afectan ni afectarán de igual forma a las diferentes clases sociales. Ante a este escenario es importante no pasar por alto estas diferencias y considerar la relevancia de abordar una demanda y un discurso hegemonizado por un componente autoritario y populista frente al “retorno de las clases peligrosas”; que, por una parte, excluye a las clases populares de los beneficios posibles de ganar ante una demanda que la considera el foco del problema, y que, por otra, potencia peligrosamente la auto-negación de las clases populares.

  • El reciente anuncio de la Presidenta sobre el proceso constituyente vino a dar una claridad relativa sobre una de las promesas de campañas que más expectativas y sospechas han generado desde su elección en 2011. El anuncio presidencial permitió conocer la forma en que este proceso se llevaría a cabo, despejando una de las mayores inquietudes en los distintos sectores políticos. El panorama parece ser recibido con conformidad en la DC, con recelo en el sector del empresariado y con disgusto en los sectores más progresistas al interior de la Nueva Mayoría (PC y PS), quienes apostaban a la creación del plebiscito. Sin embargo, ¿cómo se encuentra el movimiento popular ante este proceso?

     

    Debemos reconocer ante todo las condiciones actuales en que se ha estado dando el proceso. La necesidad de una nueva Constitución fue una demanda levantada desde algunos sectores de los movimientos sociales desde el año 2011. Si bien el movimiento “Marca AC” , fue uno de los más emblemáticos y que tuvo mayor relevancia en el año 2013 en las elecciones presidenciales, este no era el único. La promesa de transformar la Carta Magna que ata al país desde 1980 a una política autoritaria y una economía “libertaria” fue un llamado al cual atendieron no sólo distintas organizaciones de izquierda, sino que también a sectores del progresismo e incluso la derecha. Como es de suponer, la multiplicidad de proyectos e intereses de grupos y clases en una transformación constitucional incluía también una propuesta difusa sobre el cómo y el para qué. En la actualidad, la demanda no ha acumulado la suficiente fuerza ni repercutido en la población de forma tal que llame a la movilización masiva : Ya sea en el propio ejercicio de la movilización, ya sea en el interés. Si consideramos la última encuesta CEP de Agosto 2015, Sólo el 5% declara que una Reforma Constitucional es uno los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar.

     

    Por otro lado, como era de esperarse, la Nueva Mayoría debió reconocer y rendir cuentas ante el sector del empresariado más cercano. Así se entiende la reunión entre el ejecutivo y el CEP, la cual sirvió para aclarar algunos puntos bases sobre el alcance de la mismo proceso. Entre los objetivos de la reunión se encontraba el dejar en claro que la “propiedad privada” no sería trastocada, evitando cualquier similitud con los procesos de nacionalización o estatización de los países de la región que también han pasado por un proceso constituyente.

     

    Algo está claro: el sector del empresariado, al menos el que se encuentra más cercano a la Nueva Mayoría y representado en el CEP (Luksic, Matte y Saieh), ya ha comenzado a establecer cuáles son los puntos de disputa a los que apuestan, contando, entre ellas, el desplazar la responsabilidad del Estado sobre lo que se han llamado derechos sociales (educación, salud, vivienda, etc.) hacia fines, modalidad en la que el Estado puede adoptar distintas políticas que no implique un peligro fiscal, ni entorpecer el emprendimiento personal. El proceso constituyente no solo es una oportunidad para los sectores dominados para mejorar sus condiciones y establecer posibilidades de transformación, sino que también significa una posibilidad para los sectores dominantes para intervenir y para perfeccionar los mecanismos de dominación y explotación. Y con esto no nos referimos solo a formas de “oxigenar” o reemplazar de políticas específicas (como algunos derechos sociales), sino que también mecanismos estructurales.

     

    Considerando a los sectores que tienen hoy la capacidad para intervenir en el proceso, el panorama parece gris y derrotista, pues la lucha se centraría entre los sectores de la clase dominante del empresariado y los sectores de clases medias. Estos últimos, apuntan principalmente a la cristalización de control político en el aparato estatal y al mejoramiento de determinadas condiciones de vida a través del fortalecimiento de lo público en los derechos sociales o con un capitalismo de “rostro humano”.

     

    Sin embargo, es preciso reconocer que el proceso no está del todo cerrado. La propuesta no es representativa de los bloques dominantes y menos lo es dentro de la misma Nueva Mayoría (pueden identificarse las diferencias entre la molestia de los bloques progresistas del PC y el PS frente a la conformidad de la DC). Por lo tanto, es probable que los mecanismos de cómo se definirá la nueva Constitución estén más abiertos a la transformación y que sean un resultado de la negociación de estos grupos en el poder (incluyendo a los sectores de las clases medias altos y profesionales).

     

    La lucha de intereses en los grupos de poder genera una apertura que ofrece posibilidades de distintas índoles (principalmente en el mejoramiento de las condiciones de vida en la superación de un Estado subsidiario), pero también algunas trampas. El movimiento popular tiene el riesgo de agruparse bajo el alero hegemónico de los sectores progresistas y de clases medias, las mismas que se atribuye la representación del movimiento. En este sentido, la política revolucionaria que apunte a aprovechar el espacio del proceso constituyente debe reconocer que las fuerzas sociales de las clases populares se encuentran hoy poco desarrolladas y sin una plataforma clara que pueda tensionar el proceso y contrarrestar los mecanismos de ambigüedad legal que permitirían perfeccionar el modelo a futuro y mejorar las condiciones de vida y dignidad, buscando tensionar las estructuras de explotación más allá de su oxigenación.

     

    No podemos negar el potencial del proceso constituyente, pues sus posibilidades recaen no solo en aminorar los daños que produce el Estado subsidiario, sino que también el mismo proceso ofrece la oportunidad de avanzar en la organización y conciencia de las clases trabajadoras y populares. Pero tampoco es prudente confundir. Una cosa es aprovechar las ventanas de oportunidad, esta vez de la discusión constitucional, para fortalecer al pueblo en la construcción de organizaciones que estén en función de sus intereses; y otra distinta es construir organizaciones populares cuya finalidad sea la participación del proceso constituyente, en el cual dada la correlación de fuerzas actual, se ve poco promisoria. No es banal el cómo aprovechar esto (asumiendo que fuera posible) y que no toda demanda que se instale en la esfera pública expresa un fortalecimiento popular.

     

    El cómo aprovechar esta instancia requiere de un ejercicio político de reconocer qué tipo de demanda instalada en la esfera pública puede presentar una oportunidad para el fortalecimiento popular y, a la vez de cuáles son las capacidades para ello.

     

    El potencial para la construcción del movimiento popular en una fuerza de peso se encuentra en varios espacios. Las movilizaciones populares tienen la opción y posibilidad de atrasar el proceso y boicotear las instancias de elite, dando un sustento para crecer como movimiento, en (auto)organización y conciencia en los distintos territorios, distinguiéndose las alternativas progresistas liberales y aquellas provenientes de matrices neodesarrollista que buscan perpetuar un capitalismo, pero esta vez con rostro humano.

     

    En el caso de los investigadores sociales, estamos llamados a reconocer los temas contingentes y desarrollar un análisis desde lo político y científico que aporte a que el movimiento pueda aunar las fuerzas populares, y que estas mismas fuerzas puedan movilizar más agentes dentro de un proyecto revolucionario para la disputa contra el Bloque Histórico de poder.

     

    Hoy las banderas de la democracia liberal se defienden como la única opción frente a la corrupción de las viejas guardias y la desigualdad económica y política. Como izquierda revolucionaria necesitamos denunciar la falta de participación real en los procesos y la falta de equilibrio en cada uno de sus momentos. Es necesario que como movimiento popular se desarrollen las capacidades el arte del repliegue y despliegue estratégico pues debemos reconocer las capacidades propias para embarcarse en disputas donde puede peligrar lo poco construido al día de hoy.

     

  • La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para establecer negociaciones entre Bolivia y Chile sobre la salida al mar para el país mediterráneo. Esta resolución implica necesariamente que Corte de La Haya no se puede pronunciar sobre los resultados de esta negociación.

     

    El impacto generado por la gestión mediática de la Demanda Marítima Boliviana, así como la resolución señalada, han causado una serie de reacciones de toda índole, en la que la “Guerra de las Naciones” se enciende con todo tipo de artillería, desde “memes” (con un contenido altamente ofensivo) por parte del público general, hasta declaraciones grandilocuentes por parte de los políticos de ambos países, como la propuesta de un Feriado en Bolivia o incluso la reacción del Ex – Ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien arenga la trifulca con su frase: “Si Bolivia quiere mar, que venga a buscarlo”.

     

    Al momento de escribir esta columna, es poco lo que se sabe sobre las verdaderas consecuencias de trae la demanda boliviana, estancándose el debate en una contienda legal y diplomática. Con todo, es pobre escenario para hacernos una opinión informada y racional, más allá de cómo funcionan jurídicamente las disputas territoriales y cómo se resuelven estas en el plano diplomático. En consecuencia, nos preguntamos: ¿qué efectos tendría en el plano económico y político la una salida al mar a Bolivia? ¿El acceso de mar a Bolivia solo tiene efectos negativos que, en estricto rigor, se reducen a perdida de territorio no utilizado? ¿Qué sucede con la integración entre ambos países? Estamos a oscuras, poco se ha investigado, poco se ha dicho sobre los efectos concretos, positivos y negativos, más allá de las, muchas veces, calurosas discusiones de corte patriótico-nacionalistas.

     

    Lo cierto es que las consecuencias para Chile, o por lo menos las mediatizadas al momento, se limitan a que Bolivia utilice territorio que actualmente pertenece al país, pero no aparecen reclamos justificados sobre consecuencias negativas, más allá de la idea de “integralidad del territorio”. No se ha dicho que el efecto en los sectores populares son nulos, y que solo se podrían ver afectados los intereses del Bloque en el poder, al momento que pierden parte de un territorio posible de explotar y, por sobre todo, los capitalistas Bolivianos aumentan su competitividad.

     

    Si observamos algunas de las soluciones que se han propuesto para este dilema, como el intercambio de gas por mar, tampoco se ha profundizado en el debate. Poco se ha dicho sobre cómo una negociación que decante en una salida al mar para Bolivia podría favorecer en temas de energía, tan en boga hoy en día por nuestra deficiente matriz energética, así como para las relaciones bilaterales en términos económicos y políticos. Pero este tipo de solución, es decir, transformar la demanda en una transacción económica ¿podría llamarse integración? El proyecto, al parecer, dista de un verdadero contenido, llamémoslo por ahora, bolivariano, ya que la integración tendría un alcance beneficioso para quienes controlan la energía en el país.

     

    Es aquí donde se requiere abrir la discusión. Consideramos, por esto, limitada la posición de parte del progresismo chileno (desde el PC a las organizaciones de la Clase Media), que basado en el romanticismo latinoamericanista, hablan de integración y de dar mar a nuestros hermanos. Es fundamental entender que una resolución positiva para Bolivia no es un avance a favor de la integración consciente de los pueblos latinoamericanos y lejos está de ser una victoria para los sectores populares chilenos y bolivianos. En este sentido, se suele recurrir al argumento de que 7 familias son las dueñas del mar chileno, por lo que no es problema entregarlo a Bolivia. No obstante, prácticamente todas las riquezas chilenas pertenecen a privados, pero nadie consideraría viable entregar los recursos minerales a quien los pidiera por el hecho de ser privados. De ahí la Soberanía ocupa el lugar fundamental en esta disputa, la que no puede trasladarse en este debate al enfrentamiento entre intereses de las clases sociales en Chile, dado que esta tarea nos compete como pueblo, en el desarrollo de nuestras demandas y organización.

     

    Por su parte, Bolivia, actual ejemplo económico latinoamericano al ser medido por los parámetros de crecimiento y desarrollo propios del paradigma monetarista capitalista, defiende los intereses nacionales, sin duda justificados, pero enconando la discusión en las nociones liberales del Derecho y no en los intereses y las reclamaciones en base a la emancipación de las clases sociales que verían los beneficios directos de la salida al mar.

     

    Bolivia, con un crecimiento más elevado que el resto de los países del subcontinente en el último periodo, ha sido objetivo de una alta Inversión Extranjera Directa (IED), mermando los activos de capitalistas nacionales y el Estado. Si bien se ha constituido una robusta nueva burguesía indígena, en una economía que dista mucho de los patrones tradicionales por los que han transitado gran parte de las economías latinoamericanas (basandose en la liberalización de sus mercados y la reprimarización de su economía),mantiene las contradicciones fundamentales del capitalismo rentista, integrando a su relato económico las formas privadas en conjunto con las estatales, comunitarias y cooperativas. De estas emergen nuevos sujetos y nuevos intereses, los cuales integrados al discurso político Boliviano, dan cuenta de carácter del proyecto del MAS, en la que la unidad de las clases pasa a ser una apuesta hegemónica/electoral y no una concesión estratégica por el desarrollo del socialismo “indigenista”.

     

    Por otra parte, la modificación del patrón de acumulación Primario Exportador Rentista que, tanto en Chile como en Bolivia, estrangula las posibilidades de desarrollo, no parece ocupar un lugar importante en la agenda del MAS, intensificando la explotación de los recursos naturales, contradiciendo el sentido de equilibrio con la naturaleza, propuesto por el Gobierno.

     

    Es en este escenario que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) da el espaldarazo a la demanda, junto con los sectores agrícolas, agrupados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Mientras, la CEPB en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio (CNC) solicita al Gobierno coordinar acciones para actuar conjuntamente con él. En efecto, el Gobierno y la CEPB conjuntamente elaboraron la Ley de Conciliación y Arbitraje, promulgada en Junio pasado, que garantiza la inversión privada nacional y extranjera a la vez que facilita los trámites para las exportaciones. Pareciera ser que la demanda, mediatiza como de todos los Bolivianos, responde a los intereses de un grupo pequeño de Bolivianos, las clases dominantes en plano económico.

     

    Con un desempleo sumamente bajo (alrededor de un 3%), pero con un crecimiento explosivo del empleo informal (85%), la CEPB manifiesta su interés por seguir “acompañando el proceso de construcción de políticas laborales”, vale decir, de la superexplotación. Y es en el marco de alianza entre el Gobierno y los Capitalistas Bolivianos que en julio pasado, Alan García Linera, Vicepresidente de Bolivia,  les ofreció tranquilidad en sus inversiones, para que en conjunto aumenten el PIB de la nación mediterránea.

     

    Acceso soberano al mar para Bolivia reescribe las oportunidades económicas para la nación vecina, además de reescribir el imaginario político, pero son los sectores populares los menos llamados a cosechar los beneficios comerciales de esta demanda. La inversión destinada al consumo interno se ve postergada por las “ventas atadas” (principalmente a Argentina y Brasil), lo que requiere cumplir con exportar, reflejando la escasa preocupación por el desarrollo del consumo interno en una nación que, si bien ha avanzado significativamente, aún concentra los males más aberrantes del subdesarrollo y la dependencia. En efecto, las exportaciones estarían de la mano de los rubros donde el sector privado tiene mayor injerencia (Minería, Manufacturas y Agricultura).

     

    No nos confundamos. Bolivia con Mar es nuestro anhelo, pero también lo es una Bolivia para su pueblo y un Chile para su pueblo, vale decir, la superación del capitalismo aquí y en Bolivia, en una Latinoamérica donde nuestros pueblos puedan abrazarse libre de retóricas disputas patrioteras.Por ahora nos queda develar el escaso debate en torno a las consecuencias, para dar cuenta de un montado escenario mediático donde los ganadores son las clases dominantes y políticas de Bolivia y Chile. Después de todo, al Gobierno Boliviano le asegura mantener su popularidad y bajar las tensiones entre las clases de ese país, así como al Gobierno Chileno le suma un par de puntos de aprobación ante el desplome de su popularidad.

  • Jueves, 04 Agosto 2016 La Tragedia de Tsipras

    Desde que la crisis de la deuda griega se hizo más que evidente en 2010, el país ha estado sumido en un agujero económico del cual no ha podido salir. Las fuertes políticas de austeridad impuestas por “La Troika” (FMI, Banco Central Europeo y la Comisión Europea) como condición a los salvatajes financieros no sólo fueron infructuosas, sino que profundizaron aún más la crisis económica del país. Para principios de este año la tasa de desempleo superaba el 25%, lo que para una economía con una bajísima tasa de participación (un poco más del 50%  de las personas “en edad” de trabajar se hacen parte del mercado laboral) y que se considera “del primer mundo”  son resultados catastróficos. El panorama laboral para los jóvenes era aún peor, de hecho, la tasa de desempleo juvenil superaba el 50%.

     

    La coyuntura derivó en un pueblo griego tomándose las calles de forma masiva; exigiendo el fin a las medidas de austeridad y reconociendo en la troika a su mayor enemigo. En este contexto, una fuerza política que aunaba diversos grupos políticos (la ansiada “unidad en la izquierda”) se presentó a las elecciones nacionales como la alternativa que buscaba acabar con las políticas de austeridad; este grupo era el, ahora mundialmente conocido, Syriza (o Coalición de Izquierda Radical).

     

    Liderados por Alexis Tsipras, buscaron cautivar a las masas con un programa que si bien; no se podría definir como socialista (en su sentido estricto, no en las desviaciones que se han apropiado de la clasificación en nuestro país); si iba en contra de los intereses de la vanguardia burguesa europea y su proyecto de acumulación neoliberal (mayor regulación financiera,  mayores cargas impositivas para grandes empresas, nacionalizaciones, entre otros) además de hace un “popurrí” bastante superficial de diversas demandas principalmente asociadas con las clases medias (e.g. pro-energías renovables, anti-militar, pro-derechos humanos) y, por supuesto, renegociar la deuda y acabar con los pagos a “la Troika”. El 25 de Enero del 2015,  Tsipras era elegido como el primer ministro con una votación que superaba ampliamente a sus contendientes y el mundo, expectante, ponía sus ojos sobre la península helénica.

     

    Lo que parecía el comienzo de una historia épica, pronto se transformó en una verdadera tragedia griega. En Julio el país se declaraba “oficialmente” en default; ante lo cual la Troika ofrecía un nuevo rescate, con nuevas condiciones mucho más “invasivas” que solo políticas de austeridad (consideraban desde los precios de los fármacos hasta el número de estudiantes por sala de clases).  En un plebiscito convocado por el gobierno, los griegos fueron enfáticos optar por el rechazo del nuevo plan de rescate (más del 60% de los votos optaron por el “no”); sin embargo; el 10 de Julio Tsipras aceptaría las condiciones impuestas por la Troika, y con ello, un nuevo rescate financiero para Grecia.

     

    Lo anterior generó un quiebre al interior del partido, derivando en la salida de algunos sectores más “radicales” (según la prensa internacional) y en un acercamiento de Tsipras a algunos partidos del “centro político” (aunque mantuvieron el nombre Syriza). La crisis interna llevó al primer ministro a convocar elecciones anticipadas en las cuales, el “nuevo y más pragmático” Syriza liderado por Tsipras, resultaría electo con un 35% de los votos y un histórico 44% de abstención.

     

    Aquellos que en un principio mostraron esperanza por el proyecto progresista de Syriza, se vieron profundamente defraudados por su devenir. La gran mayoría de las críticas (principalmente a través de la web y las redes sociales) apuntaban a un solo culpable; Alexis Tsipras (“¡Traición!”, postearon algunos; “¡Cobarde!”, twitteaban otros). Es mi más profunda convicción,  que desde la vereda revolucionaria no podemos caer en este tipo de simplificaciones y conspiracionismos a la hora de hacer análisis político.

     

    ¿Cómo puede ser que la voluntad de un hombre haya podido doblar la mano del pueblo y del proyecto político que lo sostenía? O más aún ¿Cómo puede cambiar la voluntad de un hombre con pretensiones transformadoras en un tiempo tan acotado? Las respuestas a estas preguntas son probablemente muy complejas para abordarlas extensivamente en una columna de opinión, pero creo que el proceso griego evoca un componente estratégico que creo es clave en la búsqueda de estas; el instrumentalizar superficialmente el Estado mediante estrategias electorales para convocar a “masas votantes” vis-avis la formación de fuerza social organizada.

     

    Lo primero que debemos tener en cuenta es que las condiciones económicas de Grecia para el periodo previo a la elección de Syriza eran excepcionales. Lo anterior, y con justa razón, desencadenó la expresión activa de malestar de gran parte del pueblo griego;  jóvenes (desempleados, muchos profesionales de clases medias), pensionados y clase obrera popular, entre sus principales exponentes. En este sentido, no sería una exageración afirmar que el movimiento era de composición heterogénea pero en el cual compartían la noción de que las condiciones de austeridad debían acabarse.

     

    El conflicto se caracterizó por huelgas generales y manifestaciones masivas concentradas principalmente entre 2010 y 2012. Al mismo tiempo, Syriza, que venía saliendo de una fuerte crisis interna y que contaba con escasa representación parlamentaria, encontró en las movilizaciones una ventana para insertarse en el conflicto, lo que resultó en un fuerte impulso electoral para el partido; en 2012 ya eran la segunda fuerza con mayor presencia en el parlamento[1].

     

    El partido había encontrado su “masa votante”; los movilizados. Desde ese entonces, las demandas de los movilizados pasarían a ser la base del programa del partido. Esto explica el carácter heterogéneo del programa  que giraba principalmente en torno a la re-pactación de la deuda y el fin a las condiciones de austeridad. De esta manera, la masa votante llevó a Syriza a la victoria en las elecciones nacionales. Hasta aquí me gustaría resaltar que Syriza es impulsada por un proceso de conflicto, y no al revés, por lo que su proyecto político es amorfo (responde a los intereses de todos y al mismo tiempo no responde a los intereses de nadie). Aun siendo este el caso es innegable que el programa (y los intereses de los movilizados) entraba en tensión con el proyecto neoliberal europeo y la reacción de los defensores de este no se haría esperar.

     

    La unión monetaria europea genera un espacio de análisis interesante; ya que hace muy difícil diferenciar entre capital nacional (i.e. Griego) y regional (i.e. Europeo). Sin embargo, no es difícil identificar que los capitales que se benefician más que proporcionalmente de la unión monetaria residen en aquellos países más productivos. Un claro ejemplo de lo anterior se puede observar en las tasas de cambio, donde estos países siempre observaran un tipo de cambio más depreciado (debido a la existencia de los países menos productivos) de lo que observarían si no estuvieran en la unión monetaria, por lo que se encuentran en una posición relativa muy competitiva. Esta es una razón importante de porque el sector exportador alemán ha crecido notablemente durante los últimos años. De hecho, es precisamente Alemania el país que más beneficiado se ha visto por este sistema, y por lo mismo no es de extrañarse que la reacción ante el proyecto griego viniese principalmente de tierras teutonas y no así desde Grecia.

     

    La vocería de la reacción se concentró en Angela Merkel (Canciller alemana) y Wolfgang Schäuble (Ministro de finanzas); quienes amenazaron a Grecia de una forma bastante particular. En otras palabras dijeron lo siguiente: “Ustedes sálganse del Euro, de todas maneras nosotros estaremos bien y ustedes probablemente seguirán en crisis”. Lo más terrible de esta amenaza es que, al menos en el corto-mediano plazo, era probablemente muy cierta. La pelota ya estaba del lado de los griegos y Tsipras tenía que decidir.

     

    Ante tan compleja decisión, Tsipras buscó recurrir a su “fuerza popular” para  proceder. Su fuerza que residía en su masa votante. Es en este momento en donde se puede observar la amorfia del proyecto político de Syriza en todo su esplendor; la masa votante sólo tiene respuestas discretas (si o no), sin embargo detrás de estas existe un continuo de intereses contradictorios entre sí, probablemente unos se vean beneficiados, otros perjudicados y otros queden igual por la decisión que tome, y estos, dentro de la masa votante son irreconocibles. Justo cuando se tiene que tomar la decisión, es cuando se cae en cuenta que el proyecto no encuentra un sujeto político y por lo tanto no existe una fuerza social organizada en torno a este. Tsipras está completamente sólo, el sí o el no a esta altura importa poco, y tiene que tomar una decisión que va a repercutir sobre la vida de muchos.

     

    Volviendo a las preguntas que levantamos unos párrafos atrás; esta historia no tiene que ver con la voluntad de contradecir a un pueblo entero ni con un repentino cambio de voluntad, sino que simplemente; con la voluntad de no cometer los mismos errores.

     

    Esta es la tragedia de Tsipras.

     

     

    [1] “Un pie en la calle y otro en el parlamento” dirían algunos.

  • La Reforma Laboral (RL) ha dado que hablar. Dirigentes gremiales, columnistas, políticos, sindicalistas, abogados, etc. discuten la estrechez / radicalidad de la reforma, hablan de sus consecuencias y pretenden hacer ver los “reales intereses” que se encuentran tras las distintas posiciones. El último round fue dado en función de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tras el acuerdo que el pasado 15 de Septiembre sellaron senadores “pro Pyme”, el gobierno y la Conapyme: un set de 30 indicaciones específicas a las Pymes entre las que se cuentan el relajamiento de la información financiera a disposición de los trabajadores, el aumento del quórum mínimo exigido para la formación de sindicatos en empresas de hasta 50 trabajadores (de 8 a 25), y la necesidad de una negociación “de buena fe y en forma pacífica”.

     

    Tras estas indicaciones se encuentra el argumento de que la precariedad de las Pymes en Chile haría que su continuidad esté en peligro ante las potenciales presiones de los trabajadores luego de la RL. Otro argumento, planteado por el senador Eugenio Tuma (DC), es el de la supuesta existencia de relaciones “más colaborativas” en las Pymes que las observadas en el gran capital. Y es que el senador reconoce, sin explicitar, la presencia de la lucha de clases y de cómo es un peligro latente que el conflicto se active, sobre todo considerando las condiciones laborales y los salarios miserables de los trabajadores chilenos. Y aquí volvemos al primer argumento: posibilitar un fortalecimiento de los trabajadores en las Pymes, por mínimo que sea y en las actuales condiciones, pone en peligro la existencia de las Pymes y, con ello, los empleos que estas ofertan.

     

    Si bien estos argumentos tienen algo de realidad,  pecan de desconocer o negar sus causas profundas: la lucha de clases y la guerra de capitales. Por un lado, la primera remite a la contradicción capital / trabajo, la que se articula en el hecho de que los capitalistas obtienen sus beneficios del trabajo ajeno: poco importa si trabajan o no, con las horas que dedican a ello (algunos superan con creces las 8 horas diarias) no es posible que generen la cantidad de dinero que se apropian. Es lo que se conoce como “explotación capitalista”, la apropiación legitimada de los capitalistas de parte del producto del trabajo ajeno, donde quienes venden su fuerza de trabajo reciben a cambio un salario.

     

    Por el otro lado, la guerra de capitales da cuenta de la existencia de competencia entre capitalistas, la que, en el tipo ideal, deriva en la virtuosa “destrucción creativa”, donde la pérdida de algunos es la limpieza del sistema productivo de los ineficientes. Es lo que ocurre en los ciclos recesivos de la economía, aquellos que Velasco y Bachelet pretendieron suavizar aumentando el gasto público tras la crisis del 2008 bajo la lógica de compensar los dolorosos ajustes de la destrucción creativa a través de una red de seguros articulada desde el Estado.

     

    ¿Qué tienen que ver estos dos procesos con la precariedad de las Pymes y el peligro latente de conflicto? En las condiciones del neoliberalismo chileno, las Pymes están enfrentadas a la guerra de capitales, pero no solo entre ellas sino que con el gran capital (nacional y extranjero), el que contrato tras contrato trata de captar la mayor parte posible de los beneficios producidos. Así, la precariedad de las Pymes tiene que ver menos con las presiones en los costos laborales que con el proyecto de desarrollo chileno (concentrado en la triada commodities, retail y sistema financiero), la apertura de las fronteras (competencia de capital trasnacional con empresas que venden en el mercado interno) y la dependencia del gran capital. En estas condiciones, aumentos en los salarios en las Pymes derivan casi directamente en una reducción de los beneficios del capital (no se ve compensado por dinámicas de crecimiento en productividad), con lo que se hace evidente que la disputa salarial es expresión de la lucha de clases, de los intereses contradictorios entre capitalistas y trabajadores.

     

    Sobre esta base, emergen en Chile las voces que reclaman el regreso del proyecto neo-desarrollista, de un Estado nacional-populista y de la renacionalización del cobre y otras industrias estratégicas, pues sería la hora de superar la hegemonía basada en el régimen de acumulación rentista. De sus ruinas, nos dicen, emergerá una nueva clase de emprendedores que base sus ganancias en procesos cada vez más productivos y eficientes, y no en la propiedad de la tierra (commodities) y del dinero (financiero), ni tampoco en una mano de obra poco calificada con salarios miserables.

     

    A primera vista, pareciera que los capitalistas de las MIPYMEs están potencialmente en disputa entre dos fuerzas: existe posibilidades para una alianza con las fuerzas progresistas de la sociedad chilena (hoy personificadas en un agregado de diferentes sectores de las clases medias que sostendrían el proyecto neo desarrollista) en contra del malévolo gran capital que acumula con la ruina de las mayorías (el ya repetido argumento del 1% contra el 99%). Los progresistas jalonarían la guerra de capitales y apelarían al apoyo estatal (“las ganancias del gran capital se sostienen, en parte, sobre sus precarios emprendimientos”); mientras los defensores del statu quo, los representantes del capital en general, activarían la lucha de clases (“los trabajadores vienen a quitarles lo que con tanto esfuerzo han construido”).

     

    Una distinción similar se observó con el paquete de reformas en la dictadura: la apertura comercial unilateral a ultranza puso en peligro la débil producción nacional con el ingreso de mercancías extranjeras a menor precio, lo que habría concitado la oposición de los capitalistas cuyas mercancías se vendían en el mercado interno (guerra de capitales); sin embargo, la reducción de los costos laborales cristalizada en la Reforma Laboral de 1979 constituyó un mecanismo compensatorio donde la lucha de clases primó sobre la guerra de capitales. Con ello, la dictadura aseguró el apoyo de todos los capitalistas, aun cuando sus políticas beneficiaran principalmente a una fracción de ellos (para mayor profundización, ver la tesis doctoral de Daniel Lederman “The Political Economy of Protection: Theory and the Chilean Experience” (2005)).

     

    Si bien en ciertos periodos históricos la balanza pareciera inclinarse hacia la guerra de capitales en el posicionamiento político de los agentes, como ocurrió en el marco del proyecto de Industrialización por Sustitución de Importaciones chileno; estos procesos tendieron a la agudización de la lucha de clases y ordenamiento de los agentes en función de sus intereses como capitalistas y trabajadores: es lo que se observó, por ejemplo, en el paro patronal y la respuesta obrera en 1972 en el gobierno de la UP.

     

    Esto nos obliga a las fuerzas con pretensión revolucionaria a llevar adelante una política que reconozca la guerra de capitales (es real; por más que la neguemos en el discurso, no desaparecerá), pero que no olvide que la lucha no es solamente contra el gran capital o sus clases dirigentes, sino que contra la totalidad de la clase capitalista y las relaciones que ella controla y sobre las que se sostiene la explotación capitalista. Así, no vincular la discusión actual de la RL con la lucha de clases nos puede llevar directamente a defender los intereses de fracciones del enemigo, asegurándoles tanto la legitimidad de la explotación, como una mayor captación de la masa de beneficios que hoy el gran capital acumula casi exclusivamente.

     

    En este contexto, las indicaciones ”pro Pyme” se anclan en la lucha de clases, aun cuando quienes las sostienen la nieguen y busquen la cooperación de trabajadores y capitalistas en las Pymes en función de la supervivencia de la empresa: el trabajador tendrá empleo (amenaza del hambre) y el empresario podrá seguir acumulando (amenaza de quiebra). A su vez, tampoco dan cuenta de la guerra de capitales ni del proyecto de desarrollo del país, elementos que tensionan la unidad del capital chileno: acepta y naturaliza sin más la precariedad de las Pymes, y lo que es en parte un conflicto intra capitalista, es mostrado solo como un conflicto entre capitalistas y trabajadores, el que, sin embargo, en las Pymes es deseable siga siendo de baja intensidad… según ellos.

  • En los últimos cinco años, han emergido una serie de nuevos centros de pensamiento que se reconocen de derecha, centro o izquierda. A su vez, se ha publicado diversos libros y columnas de opinión que se proponen producir ideas nuevas que aporten a la posición política que dicen defender. Aparecen, de esta manera, nuevos actores y figuras en la esfera del discurso político, con la intención de influir en el curso de las propuestas partidarias y del sistema político en general. Se observaría, entonces, la necesidad de oxigenar y actualizar la construcción de la política implementada en los últimos 25 años, la cual hoy se encontraría, según ellos, en una fase terminal.

     

    En la derecha política, durante el 2015, una serie de columnistas alzan la voz ante lo que perciben como una “crisis intelectual” del sector. A ello agregan comentarios y citas de libros recientemente producidos en torno a esta tesis, dando cuenta de la emergencia de nuevas ideas que pudieran abrir el paso a superar la crisis. Cristóbal Bellolio, como exponente de columnistas de una nueva derecha, argumenta que esta situación se debe a la desvinculación de los políticos profesionales (ensimismados en la lógica parlamentaria y electoral) con los nuevos intelectuales que tienen los poderes de dar un sustento doctrinario y de articular un relato en torno al proyecto derechista. Sin embargo, el miembro de Red Liberal ve una luz al final del camino tras un escenario que observa como dinamizado ante las nuevas y jóvenes apuestas que emergen fuera de los think tanks tradicionales como el CEP y el Instituto Libertad, fundando instituciones propias y dando oxígeno a las existentes.

     

    Por su parte, los autodenominados de izquierda también se han embarcado en la empresa de construir nuevas organizaciones productoras de ideas y comunicaciones. Quizás de una manera menos defensiva, en las columnas de opinión de este sector se expone visiones de corte más optimista, señalando que a medida que han pasado los últimos años se han multiplicado las organizaciones que están abocadas a dicha función. Además de los ya clásicos Fernando Atria o Alberto Mayol, estarían generándose un mayor número de organizaciones de este tipo, vale decir, organizaciones abocadas a abrir los límites de “la política de los consensos”, denunciando la corrupción en la política.

     

    No obstante, el problema no estriba en la construcción de nuevos relatos, en la actualización de los análisis o en la denuncia de la corrupción en la política; sino en la vinculación real entre política y ciencia, y entre política y transformación social, apuesta que hoy no es relevada en ningún centro de pensamiento de izquierda. Por un lado, no se cuestiona la actividad de investigación, dado que “los investigadores parecerían estar fuera de la explotación capitalista”, y por tanto no se sabe cómo ser parte de un proyecto político subsumiendo su praxis investigativa a las demandas inmediatas de grupos movilizados que se enfrentan al statu quo (si es que populares, generalmente de las clases medias en el Chile actual). De esta forma, hoy día no se reconoce el rol estratégico que tiene la investigación científica como praxis dentro de la construcción de un proyecto político revolucionario, y se reduce a una simple herramienta que otros grupos tienen a su disposición. Y, por otro lado, estos centros de investigación no se la juegan por una revolución en el país. Y es que después de los 70’, una de las bases del potencial del proyecto emancipador no se volvió a articular: la vinculación entre ciencia y política.

     

    No toda praxis investigativa y no todo conocimiento son estratégicos para avanzar hacia el horizonte revolucionario, por lo que necesitamos una revolución científica y política que ofrezca un programa de investigación que dialogue con el pueblo, con aportes sustantivos sobre la realidad.

  • Frente a la poco promisoria Reforma Laboral propuesta por el gobierno, sus opositores derechistas han articulado el recurrente argumento del peligro al desempleo como medio de deslegitimación de las reformas. A su vez, se despide el “veranito del economicismo” que celebraba el breve lapso de pleno empleo, donde el 6% parecía corresponder al desempleo natural, aquel desempleo persistente que es estructural al capitalismo. Por su parte, el progresismo y la centro-izquierda reconocen la posibilidad de llevar adelante políticas que contrarresten la caída del empleo; aunque siguen insistiendo en la necesidad de un cierto nivel de desempleo, el natural, el estructural, el friccional, aquel que es “productivo”. Este tipo de razonamiento no solo ignora la especificidad de este fenómeno en el 60% más desposeído de la población, y el dramatismo que implica para los hogares; sino también es sumamente arbitrario (¿2%, 3%, 6% u 8%?) y falaz, pues los supuestos rasgos positivos que se les asocia no son reales en el caso chileno.

     

    En condiciones donde el ingreso por la ocupación principal del 53,5% de los hogares chilenos es inferior a 300.000 pesos, y donde más del 60% de la población se encuentra endeudada con una carga promedio del 36% del ingreso mensual que asciende a un 45% en los hogares de menores recursos; el desempleo se vuelve una experiencia dramática (para mayor detalle, ver el informe de la Fundación Sol “Los Verdaderos Sueldos de Chile”, 2015). De ahí que la amenaza del desempleo sea un argumento relevante en el set de estrategias que lleva adelante la ortodoxia neoliberal contra las reformas de la heterodoxia, también neoliberal, de la NM.

     

    La amenaza del desempleo llega en un contexto de desaceleración económica, donde escuchamos a economista tras economista decirnos que las expectativas son peores que las de tiempo atrás. Y no es porque trabajemos o produzcamos menos sino principalmente porque la demanda de cobre cae y, por mecanismos de oferta / demanda, el precio cae con ella: la ilusión del boom de los precios de loscommodities empieza a esfumarse, la extracción de cobre pierde rendimiento. Por ahora se sostiene la producción, pues las rentas apropiadas por el capital han sido estratosféricas, además de cierto grado de compensación de la caída de los precios vía la evaluación del dólar (devaluación del peso, significa que exportar se vuelve más ventajoso que importar, pues cada dólar equivale a más pesos). Sin embargo, la inversión programada en el sector se ha visto estancada, principalmente por la resistencia social y política que ha existido frente a los proyectos de producción energética.

     

    A su vez, se acaba el ya mencionado “veranito del economicismo” y su lapso de pleno empleo, cercano al 6% de los últimos años. Y es que los economistas aciertan en el carácter estructural del desempleo en el capitalismo, sin embargo tienden a errar en sus estimaciones estadísticas cuando niveles más altos se vuelven persistentes: fue lo que ocurrió tras el creciente desempleo persistente en Europa luego de los 80’. Este problema de estimaciones tiene una base real, pues el nivel del desempleo estructural variará según el patrón de acumulación y las formas de las relaciones sociales de producción de los países en un momento dado, entre otros factores. Con ello, buscar “un” nivel de desempleo estructural que pueda ser visto en todas las sociedades capitalistas y en todo momento resulta un despropósito dada su inexistencia.

     

    Tras el ejercicio de la búsqueda del desempleo natural, los economistas tienden a justificar cierta racionalidad tras el desempleo, apelando a múltiples mecanismos como los salarios de eficiencia, los procesos de búsqueda de trabajo y las dinámicas de creación destructiva. Sin abordar las condiciones necesarias de su existencia, los economistas se lanzan a medir, a buscar vía efectos observables y cuantificables la presencia de estos mecanismos.

     

    Sin embargo, erran en tanto en Chile estos están prácticamente ausentes, sobre todo en donde se concentra gran parte del desempleo, los estratos populares. Como gran parte de los investigadores sociales chilenos, pareciera que tienden a generalizar propiedades, intereses y políticas de los estratos medios a toda la sociedad; con lo que los mercados laborales se les aparecen como segmentados, mas no estratificados. El progresismo económico, como crítica a la ortodoxia neoliberal en tanto neoestructuralismo, neoinstitucionalismo, neokeynesianismo, entre otros; se asienta como ideología de los estratos medios justamente en su afán generalizador. Las tesis del salario de eficiencia, de los procesos de búsqueda de trabajo y de la creación destructiva, son ejemplos de mecanismos que los economistas asumen como reales en Chile, cuando no existen, no están activados u operan en segmentos específicos de la población.

     

    Los salarios de eficiencia corresponden a la necesidad del capitalista / management de pagar un salario sobre el precio de mercado, cuestión que vía mecanismo de oferta / demanda / precio presiona el desempleo al alza: en vez de pagar a un segmento de trabajadores un salario sobre el de mercado, se puede contratar a más trabajadores a dicho salario. Al observar los mercados laborales chilenos, los sectores populares tienen empleos disponibles que requieren baja cualificación, o de skills de bajo costo de aprendizaje; lo que facilita su intercambiabilidad, su flexibilidad, su mercantilización. Dada la homogeneidad de los salarios que enfrentan y la variedad de sectores y quehaceres de baja cualificación, no se observa salarios de eficiencia como mecanismo generalizado en la economía, sino más bien con un carácter marginal (como se presentó al comienzo, más de la mitad de los principales ingresos de los hogares recibe un salario igual o inferior a 300.000 pesos).

     

    Por su parte, la búsqueda de trabajo identifica este tiempo como productivo. La búsqueda, tanto del trabajador que ofrece su fuerza de trabajo como del capitalista / empresa que la demanda, constituye uno de los principales mecanismos para un funcionamiento virtuoso del mercado: al poder comparar distintas ofertas, tanto los trabajadores como los capitalistas / empresas, adquieren información que les permite elegir entre las opciones. El precio ofertado (salario) constituye un factor determinante en la elección, cuestión que hace que se active el mecanismo oferta / demanda / precios. Sin embargo, esto requiere la existencia de una heterogeneidad de empleos y trabajadores, cuestión que en los estratos populares no es la constante. Y con ello no hablamos de los sectores marginales ni de aquellos que se identifican como “clases populares – trabajadores”, sino que de más del 60% de la población chilena que enfrenta grandes costos (resistencias) al llevar adelante las formas de vida y proyectos que oferta la sociedad como cursos de acción deseables y valorados. En estas condiciones, más búsqueda no deriva en un mejor match entre trabajadores y empleos, lo que, según los economistas, produce persistencia en los bajos salarios ante ausencia de mejoras en productividad.

     

    Por último, los economistas no han presentado evidencia contundente de procesos de creación destructiva que existan y deriven en mejoras de productividad ni en una diversificación de la matriz productiva chilena en las últimas décadas, ni horizontal (que produzcamos más cosas en otros sectores) ni vertical (que produzcamos cosas de mayor valor agregado). A su vez, luego de la crisis asiática no se ha recuperado el crecimiento de la productividad que se habría visto en la primera mitad de los 90’, y ha aumentado nuestra dependencia de los commodities, particularmente del cobre. Si bien en Chile existe una alta mortalidad de empresas, esta se concentra en la micro y pequeña empresa, donde existe una mayor proporción de personas de los estratos populares y medios. La gran empresa permanece incólume en los procesos de acumulación sinérgicos anclados en la apertura comercial que han producido entre la circulación interna y externa del capital: commodities hacia afuera (mineras, forestales, pesca, etc.), y comercio (supermercados, grandes tiendas, etc.) y crédito hacia adentro.

     

    Del patrón de acumulación descrito (rentista financiero exportador) emerge un tipo particular de desempleo, el que se caracteriza por una alta movilidad de trabajadores de estratos populares sin decantar aquello en mejores salarios a lo largo de su vida. Por su parte, los estratos medios si bien han enfrentado mercados más flexibles, siguen poseyendo (salvo ciertas excepciones) cierto poder de mercado anclado en sus credenciales educativas (títulos técnicos y profesionales) y poder organizacional (gremios, redes, carrera en empresas, burocracias, etc.). En estos sí se observa los salarios de eficiencia y los procesos de búsqueda de trabajo, pues dada su escasez relativa y especificidad de cualificaciones existe una mayor segmentación de los mercados del trabajo, por lo que se encuentran más protegidos del vaivén del mecanismo mercantil de oferta / demanda / precios.

     

    Y es con este tipo de argumentos que la heterodoxia neoliberal, parte del progresismo chileno, levanta argumentos legitimadores y de política pública para llevar adelante su proyecto, en esta ocasión, por medio de la Reforma Laboral. Si bien reconocen el carácter estructural del desempleo en el capitalismo, erran en reconocer sus características específicas en Chile. El seguro de desempleo, el desarrollo de capital humano y la diversificación de la matriz productiva son argumentos comunes al progresismo económico chileno en su intento por lograr la sinergia de la ansiada tripleta crecimiento, igualdad y cohesión social, sin enfrentar jamás las relaciones sociales de producción capitalista; rememorando una vez más el proyecto utópico de los estratos medios de una sociedad capitalista de derechos universales estable política y económicamente en el largo plazo.  Es en este marco que se debe comprender la discusión en torno al desempleo y su justificación racional con criterios de eficiencia económica, como un set de ideas que buscan ser hegemónicas en la sociedad haciendo parecer los intereses de los estratos medios los intereses de toda la sociedad.

  • “Gimme a Ci, gimme a El, gimme a Ei” gritan los mineros en la película de los 33, versión en inglés de nuestro clásico Ce Hache I y que causó curiosidad en los chilenos. Y es que hace unas semanas quedamos sorprendidos por el nivel de glamour que implicó el estreno de la película “Los 33”: una alfombra roja con artistas internacionales de la talla de Antonio Banderas, periodistas preguntando ¿a ti quien te viste?, con más de una polémica al estilo fashion police. Y no solo eso nos sorprendió. La película basada en la historiareal ocurrida en la mina San José -lugar en el que 33 mineros estuvieron al borde de ser sepultados vivos por las negligentes condiciones de seguridad en las que desarrollaban su trabajo – fue elaborada con los estándares cinematográficos más elevados, contando con increíbles efectos especiales y “actorazos” de talla mundial. Todo ello algo bastante raro en un país como Chile, poco acostumbrado al glamour de Hollywood. Entonces, ¿cómo una película chilena llegó a tener este nivel de producción?… Bueno, ese es el punto, la película no es chilena, fue producida por “Phoenix”, productora norteamericana.

     

    Es bastante paradójico el hecho de que una historia chilena como esta, tan trascendental en los últimos años, sea contada en formatos extranjeros; pero lo que es aún más paradójico es el hecho de que hay mayor probabilidad de que esta película sea vista por chilenos de esta forma, a que si fuera “made in chile”. Esto porque los chilenos prácticamente no ven cine chileno. De hecho, en el último tiempo ha sido un tema de debate la “crisis” en la que estaría el cine en nuestro país, debido principalmente a problemas de financiamiento y de “salas vacías”; es decir, poca plata para producir y poca demanda. Todo ello en un escenario de supuesta consolidación de la propuesta cinematográfica chilena, siendo un indicador importante el que se realizaron 20 películas el año recién pasado, las que viajaron por el mundo ganando importantes festivales internacionales. Los argumentos al respecto son diversos, y atacan en general a variables externas al proceso de producción, por ejemplo, la poca vitrina que tiene el cine chileno en las grandes distribuidoras o un tema de gustos del chileno promedio, que prefiere las cosas vulgares por sobre propuestas artísticas.

     

    Un argumento diferente para entender dicho dilema es el planteado por Saavedra[1], el que, en una frase polémica para los entendidos del tema, se refiere a las narrativas del cine chileno de los dos mil como una “intimidad desencantada” pasando de la militancia a la melancolía. Extrapolando esa tesis, uno podría afirmar que estas tramas densas emocionalmente donde el centro es el individuo, no son muy populares. Es decir, la causa del problema sería interna, referente a la producción del cine. Varios críticos a esta idea argüían que ya pasó el tiempo en el que el cine era “un instrumento para algo”, es un arte, y de hecho Chile ha logrado ser reconocido internacionalmente por su propuesta “artística”. Existiría una “sana diversidad”, donde autores chilenos conservan aún su sello en la creación que llevan a cabo. A partir de esto, la propuesta para enfrentar la crisis sería valorar más la identidad de los artistas, creando audiencia. Es decir, la culpa vuelve a recaer en elementos externos al proceso creativo. ¿Será tan así? ¿Es un problema de valoración? ¿De poco gusto o poca “cultura”? La respuesta no es simple, pero lo seguro es que este “romanticismo” en torno al cine de autor no es tan real como se piensa. Ello porque toda persona, al vivir en sociedad, es parte de ciertas estructuras y es al menos ingenuo pensar que se puede prescindir de ellas. En este sentido, es básico entender que, pese a las intenciones y voluntades que puedan tener los actores, existen recursos limitados para realizar sus proyectos, más aún en un campo tan específico como el cine. Por esto, la propuesta de la columna es indagar un poco en cómo estos recursos y posibilidades limitadas van moldeando esta creación artística.

     

    Y bueno, no podemos empezar a hacer este análisis sin hacer referencia a Hollywood: la evolución del cine a escala mundial ha implicado la hegemonización de este tipo industria cultural, ya que posee potentes medios de producción y comercialización a nivel internacional. Dicha industria opera elaborando formatos cinematográficos tipo Blockbuster con estructuras narrativas y audiovisuales definidas, que se reproducen a escala mundial. Así, nuestra industria y casi cualquier industria cinematográfica nacional, sin mecanismos que mermen el poder de mercado de las grandes productoras y distribuidoras, no podrían competir con Hollywood. En este contexto, ¿cómo podemos hablar de industria cinematográfica nacional en condiciones de mercado? ¿Cómo nos insertamos en este panorama?

     

    Para responder esto es necesario saber cómo se produce cine en Chile, cuestión imposible de abordar sin entender su dependencia del Estado, debido a que existen problemas asociados a la demanda y de los recursos para la producción donde deben intervenir políticas culturales. Dichos problemas fueron enfrentados por los gobiernos en base a las llamadas alianzas público-privadas. Ya resuelto relativamente el tema del financiamiento por la creación del fondo audiovisual el 2004, la forma de enfrentar el problema de la demanda fue mediante dos mecanismos: primero, integrar al país a los circuitos mundiales mediante la asistencia a festivales[2] y segundo, la “creación de audiencia”[3].  Para entender el paradigma detrás de estas políticas, son precisas las palabras del ex Ministro Cruz Coke quien afirma la importancia de “abrir más aún el abanico y generar las condiciones para que Chile pueda transformarse en un polo de desarrollo cinematográfico regional competitivo con los suficientes incentivos para atraer producciones audiovisuales internacionales, que dejan recursos, impulsan la profesionalización del sector y difunden indirectamente la imagen del país”[4]. En otras palabras, consolidar un cine que opere como mercancía.

     

    En el contexto de estos mercados –nacional e internacional-, es posible hablar de dos polos de formatos de producción cinematográfica, basándonos en las formas de financiamiento y de generación de retornos para el equipo productor: el cine de autor y el cine comercial[5].

     

    El primer tipo de cine es de aquellas películas “de autoría”, lo que significa que el director tiene una influencia significativa en su creación. La orientación principal para este tipo de cine es la internacionalización: se apela a la notoriedad en festivales internacionales, para ganar premios y conseguir financiamiento. El ganar un festival conlleva no solo una retribución económica sino que también en prestigio, los que permiten la continuidad de la realización cinematográfica de estos directores. Como consecuencia, a nivel de dirección es posible notar la tendencia a dos adaptaciones que operan en estas obras: primero, sobre todo en festivales para directores novatos, la supremacía de la forma por sobre la narrativa, del backstory por sobre la story, en tanto esta permite hacer notar la película fácilmente para productores y jurados[6]; y segundo, tramas descontextualizadas (en su mayoría), intimistas, que abordan temáticas individuales sobre vivencias particulares entendibles por las audiencias internacionales. Así, el producto final es un cine que poco expresa la cultura chilena más allá de vivencias individuales, des-socializadas.

     

    El segundo tipo de cine refiere al que se denominará comercial, porque su orientación directa es generar retornos mediante las entradas vendidas. Sus formas de financiamiento varían, se componen en parte por aportes públicos pero también por aportes privados directos o el “placement”, publicidad inserta en la misma película. Las temáticas están orientadas a la audiencia nacional, y por ello suelen conjugarse con el tipo de consumo cultural del formato televisivo, apuntando a partir de ello a distintos estratos. Por lo anterior, se podría imaginar que refiere un poco más a la realidad chilena como estrategia para cautivar audiencia. Sin embargo esto no es así, por la simple razón de que, al igual que la televisión, se enmarca en un mercado de ideas y proyectos, donde son hegemónicos formatos tipo blockbuster.

     

    ¿Cuál es el punto de esta caracterización?, se preguntará a estas alturas el lector. Bueno, el punto es que, pese a las apariencias, el cine de autor hecho para circular en festivales es de todas formas formateado por los cánones del “cine independiente europeo”, al igual que el cine en formato blockbuster hecho para formato theater: lo que cambia es la audiencia pero ambos operan en mercados.

     

    Y es que, en un país como Chile, el cine no puede operar por fuera del mercado ya que como producto que requiere altísima inversión de capital, necesita financiamiento y el canal que existe para ello es precisamente el mercado. La política pública en materia de cultura, al igual que cualquier política públicachilensis, trata al cine como mercancía, por lo que se limita a insertar al mercado nacional o internacional. Esto es lo que explica la orientación que ha tomado el Estado hacia, por un lado, la exportación de un producto que cumpla con los requerimientos de festivales internacionales, y por otro, la motivación para la inversión de productores internacionales en el país, vendiéndoles una industria cinematográfica con “sello propio”.

     

    ¿Es esto algo malo? No, solo es una realidad. Las personas que deciden hacer cine deben sustentar no solo sus producciones, sino que sus condiciones de vida y de su equipo… Ahora bien, lo que sí creo es que lo malo son las consecuencias de este “romanticismo” del cine de autor, y que identifican el problema de la poca relevancia de cine chileno en un tema de gustos. Esto porque, como se dijo, en el mercado internacional no existe la posibilidad para una industria local de competir con Hollywood, por lo que si no se disputan las formas de producción de cine de mercado, estamos permitiendo que el cine sea formateado, de una u otra forma, por quienes tienen más poder en él. Los productos culturales creados de esta forma favorecen a estos poderosos, por lo que en términos ideológicos no se disputa la producción de ideas y proyectos de vida que nos venden. Se podría decir que el cine de autor tendería a tensionar esta estructura, pero las condiciones en las que los directores pueden producir hace sus obras se adapten a formatos que finalmente no hacen sentido a las personas comunes. Esto explica que, pese a que el 2014 existió una política que fomentó las vitrinas para el cine chileno, fue el año con menor cantidad de asistentes.

     

    Entonces, ¿qué sacamos con tanta crítica? Recalcar que el cine, se le quiera o no, es una herramienta importante, y en el capitalismo es imposible que no se preste para la producción y mercantilización de ideas de la clase dominante. Una producción individual, irreflexiva, inorgánica, sin proyecto político, permite que estas ideas ganen, aportando al enriquecimiento del capital y a la circulación de ideas proclives a la dominación. Retomando las ideas de algunos cineastas mencionadas al comienzo, se dice que el cine es un arte, no es instrumental, pero me pregunto en estas condiciones, ¿instrumental para quién? A estas alturas, vale la pena recordar el proyecto de Cine films en los 70, que precisamente buscaba disputar de forma directa la colonización que generaba la industria hollywoodense en nuestro país. El certero Víctor Jara se reconocía a sí mismo como un trabajador de la cultura, jamás como artista, ¿qué es eso finalmente en una sociedad neoliberal y capitalista como la chilena?

     

    No se trata tampoco de demonizar al cine de autor e idealizar al pueblo, de hecho el “gusto” de los chilenos está influido de forma grave por formatos blockbuster. Y ese es precisamente el punto: se debe disputar este espacio de producción de ideas, usando al cine para desafiar las conciencias del pueblo. Y si no tenemos un proyecto de Estado que propicie ese objetivo político debemos generarlo nosotros mismos. Hoy en día eso no es ni siquiera un tema, existen por supuesto instancias de resistencia, pero no generan el impacto suficiente. Sin proyecto político, el capitalismo nos seguirá vendiendo la pomá. La historia de los 33 resultó desde sus inicios una idea rentable: tres mil millones de personas en el mundo vieron la gran hazaña chilena, de la mano de la idea cliché de que “con perseverancia nada es imposible”. Así, no es sorprendente que Chile se haya transformado por unas semanas en un pequeño Hollywood, y que nos cuenten en inglés la historia “heroica” de los 33 y nos transformen el Ce Hache I, en un gimme a Ce… y que, de pasadita, se hayan ignorado las condiciones laborales deplorables en las que funciona la mediana y pequeña minería. De esta forma solo podemos aspirar, como máximo, a que grandes productoras inviertan y aporten al “crecimiento económico”. El cine chileno transándose al igual que nuestras commodities: aportando a la acumulación capitalista antes que al desarrollo de la conciencia del pueblo.

     

     

    [1] Véase “Entrevista a Carlos Saavedra, autor de “Intimidades desencantadas” Por Marcelo Morales C. 21 de octubre de 2013. Link: http://www.cinechile.cl/entrevista-135.

     

    [2] Propiciado sobre todo por el plan de internacionalización del cine chileno, que básicamente inyectó recursos a las producciones nacionales para que circularan en festivales de cine internacionales. Para más detalles, véase: CinemaChile desmiente el “mal año” en taquilla del cine chileno. Antonia Laborde http://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/4798/CinemaChile-desmiente-el-mal-ano-en-taquilla-del-cine-chileno/

     

    [3] Asegurando la vitrina de las grandes distribuidoras en formato theather, mediante el convenio de desarrollo de la industria cinematográfica, con el fin de sopesar la condena a estar relegadas a festivales por su poca rentabilidad y llevando el cine a lugares inéditos, implementado todo ello por la agencia Cinema-Chile.

     

    [4] El despegue del cine Chileno, Cruz coke http://eltipografo.cl/2013/05/el-despegue-del-cine-chileno/

     

    [5] Es importante recalcar que son polos entre los cuales transitan las películas, por lo que pueden tener características de ambos tipos de producción. Es por esto mismo que se ha decidido no mencionar películas, ya que el análisis refiere a las formas de producción.

     

    [6] http://www.lafuga.cl/para-que-sirven-los-festivales-de-cine/304. Gonzalo Maza

  • El ya abordado realismo sin renuncia del segundo tiempo del gobierno de Bachelet ha tenido efectos en distintas reformas que, ajustadas al bajo crecimiento en palabras del oficialismo, han tenido que adaptarse en su profundidad mediante una mayor gradualidad de la ya planteada en el programa de gobierno. Esta plataforma política asumió una serie de acuerdos que congregó una importante mayoría electoral en el verano del 2014 siendo la legitimidad sustantiva de las reformas planteadas originalmente, situación que algunos grupos de izquierda ajenos al gobierno las han entendido como condición propicia para concretar cambios en, entre otros, el ámbito de la educación.

     

    En cuanto a la educación, la gratuidad ahora será garantizada en el actual gobierno solo al 50% más vulnerable de la población, y en torno a ello han surgido diversas voces críticas de los distintos sectores de la política chilena buscando en las debilidades del gobierno la posibilidad de instalar discursos propios y tensionar las directrices de la reforma. Si bien el realismo sin renuncia significaría en efecto que la idea de gratuidad universal no se desecha, los sectores progresistas fuera de la Nueva Mayoría que pretenden conformarse como un referente político alternativo al duopolio, sí la consideran como un retroceso en lo avanzado durante estos años en tensionar a la educación mercantil.

     

    Desde este sector se argumenta que el crecimiento económico (o más bien, la falta de él) no es excusa para abandonar en la práctica la tarea de asegurar gratuidad universal, dado que si se realiza un reajuste de recursos sería posible desmercantilizar el sistema educativo. El problema, para el progresismo, es la carencia de diálogo con las fuerzas democráticas de transformación; es decir, que la Nueva Mayoría y sus ministros no han abierto los suficientes espacios para aglutinar desde el gobierno a estos sectores centrándose más que nada en evitar los excesos del neoliberalismo.

     

    Se pretende discutir estas posturas políticas al considerar que tienen una visión mediada por alineaciones de intereses de grupos movilizados, en cuanto confunden los acuerdos sociales (base para la claridad de que hoy existen las condiciones para la realización de la reforma) con  la consolidación de intereses de ciertos sectores fundamentalmente de la  clase media (pero también de algunos grupos de clase alta y sectores populares buscando beneficios) excluyendo en el largo plazo los intereses de la clase popular-trabajadora, trayendo como consecuencia que su idea del “acuerdo público” en torno al cambio del sistema educativo no es suficiente para reformas estructurales y transformadoras. Esto, sin embargo, no implica necesariamente que pueda haber demandas alineadas con los intereses de las clases populares buscando movilizarlos como colectivos, pero en función de quienes conducen o pretenden conducir estas movilizaciones.  

     

    Considerando las medidas del gobierno, este progresismo argumenta que las condiciones para llevar a cabo una reforma educacional estarían dadas y que solo hay que capturar las bases políticas que se movilizaron por demandas de educación gratuita y fin al lucro durante los últimos años. Estas movilizaciones habrían confluido en un gran consenso social (el “acuerdo público”) en contra de la mercantilización de la educación y hoy para el país la claridad es esa: menos mercado en la educación y asegurarla como un derecho social mediante la gratuidad y el fin al lucro. Debido a esto, se le imputa a la ministra ser quien lleve adelante el proceso el cual sería conducido idealmente por las fuerzas movilizadas de la actualidad y que tienen los aprendizajes de los años anteriores.

     

    Estos elementos del discurso progresista sobre la reforma educacional abren diferentes preguntas para ir comprendiendo cómo hoy pretenden tensionar el proyecto del gobierno desde los márgenes de la institucionalidad. Primero, ¿qué sentido se le debería asignar a la educación que emerja de esta reforma educacional aglutinadora de fuerzas y procesos democráticos y movilizados? Se habla, desde ellos, de una educación democrática que ponga en el centro lo público y que combata la extrema desigualdad de Chile. Segundo, ¿por qué se habla de un gran consenso social? Aquí hay un punto central dado que es el principal fundamento para asegurar que hoy sí existen las condiciones. Como se mencionaba, lo que sucedió durante las movilizaciones del 2006 y 2011 demostró tal nivel de claridades políticas que hoy se puede afirmar que todo el país está en contra de la mercantilización de la educación y que ha sido suficiente con la instalación de demandas mediáticas como el fin al lucro y educación gratuita y de calidad para hoy tensionar y transformar el sistema educativo actual.

     

    Las preguntas por el sentido y por las condiciones de posibilidad de la reforma redundan en una situación clave para este sector político en Chile: El progresismo moviliza el argumento del “consenso social” correctamente identificando que puede traer beneficios a otras clases, pero ocultando en este ejercicio sus propios intereses como clase y bloque político que busca la hegemonía de estos movimientos, simplificando sus propuestas y descuidando incluso aquellos puntos que pueden significar en mejorar las condiciones de vida para clases populares.

     

    En ese sentido, y como se expuso en la Nota del Centro de Investigación Fragua de Sebastián Link, las reformas progresistas pretenden integrar a las clases medias al poder estatal, para obtener mayor control de instituciones que permitan reproducción de sus formas de vida y se identifica que el tránsito a ello está enmarcado en demandas fetichizadas por una valoración positiva a todo lo que huela a desmercantilización, sin evaluar cuán superficial es. Se valoran las medidas como positivas, ya sea en la práctica o en su espíritu, sin hacer consideraciones a largo plazo ni cuestionarse cómo profundizarían la desigualdad de acceso y uso de las credenciales desde el ya estratificado mercado educacional y laboral; ejemplo de ello son la creación de dos universidades estatales, sin preguntarse por su proyecto institucional; la creación de instituciones educativas reguladores, sin estipular la burocratización ni los criterios de calidad; o  los programas de nivelación, sin considerar el acceso a ellos ni la incertidumbre de la movilización social mediante la adquisición de credenciales.

     

    Estas clases medias que no representan a una mayoría social organizada (y que bien pudo significar un importante porcentaje electoral a favor de la Nueva Mayoría). Están más cerca de conseguir una política de alianzas o movilización de grandes masas que de pujar por intereses a largo plazo para las clases populares. Son el centro de este argumento para entregarle la posibilidad al gobierno de legitimarse como quienes llevaron a cabo la tan esperada reforma. Más bien, como el progresismo pretende conducir estos intereses, se termina considerando los derechos sociales como exigencias a la institucionalidad actual para ganarlas mediante secretaría, sin que por medio se alcance el objetivo de construcción de fuerza organizada (y no solo de masa), política que se alejaría tajantemente de un proyecto transformador/revolucionario de sociedad.

     

    Consideramos que si se ha de poner en el centro un proyecto popular y transformador de educación se debe considerar una perspectiva de totalidad en cuanto a las contradicciones que se viven en la sociedad chilena. Si la tarea es la transformación de la sociedad, quienes la asuman sabrán que eso no se logra ni “convocando a más personas” porque sí, ni con demandas que no se alinean con intereses de la clase popular-trabajadora en el marco de la lucha de clases. La construcción de mejores condiciones para las mayorías debe ser entendida como construcción de fuerza organizada y reflexiva, que logre la vinculación recién mencionada. De esta forma, se van superando dificultades, como la cooptación de mayorías por organizaciones con intereses contradictorios a la clase popular-trabajadora y la superficial desmercantilización en ámbitos específicos pero que no se vinculan a proyectos contra el capitalismo. Así, además, se deja de confiar en acuerdos y en legitimaciones del gobierno de turno para avanzar en transformaciones, sobre todo en escenarios donde ambas cosas fluctúan en niveles de apoyo.

  • Es difícil pensar que la Reforma Tributaria que el gobierno de Michelle Bachelet está llevando adelante no tenga un efecto progresivo sobre la distribución de los ingresos en Chile, ya sea vía recaudación y/o gastos.
     
    Y es que la situación en la que nos encontramos es extrema: por un lado, la mercantilización de la vida ha llegado a niveles nunca antes vistos en la historia nacional; y por el otro, la expansión mercantil ha tenido un resultado completamente predecible, un aumento radical de la desigualdad: el 0,01% más rico de la población concentra el 10% del ingreso personal total, mientras el 75% de los hogares tiene un ingreso que no supera los $797.000 pesos. El espacio para las migajas de las clases dominantes a través del Estado es amplio, y pretende hipotecar el desarrollo de las fuerzas del movimiento popular vía (1) reducción delmalestar social a través de una política pública clientelar, (2) esperanzas de un nuevo ciclo político y económico con más participación del Estado y pretensiones emergentes de progresistas de superar lo que el presidente ecuatoriano ha llamado la larga noche neoliberal; y (3) promover una mayor participación para que la ciudadanía pueda opinar del menú preestablecido de las elecciones. Un análisis desde la izquierda de la Reforma Tributaria requiere ir más allá de qué tanto menos miserables serán las condiciones del pueblo en nuestro país, así como también de los cambios en la, siempre impactante, desigualdad de ingresos en el capitalismo (con uno de sus extremos en su forma neoliberal). Resulta necesario pasar de la discusión en torno al ingreso familiar y/o individual, para pasar a una discusión estructural sobre el capitalismo, al hecho de que las personas que viven del trabajo de la gran mayoría de los chilenos están dispuestas a cualquier cosa por mantener su poder. Ya lo hemos visto, pues la Concertación ha venido a hacer madurar un modelo implementado por la dictadura militar, la cual hizo el trabajo sucio de (1) destruir las fuerzas articuladas desde la clase trabajadora durante el periodo anterior, y (2) implementar el proyecto neoliberal en Chile.
     
    ¿Es el problema la desigualdad? Por las diversas críticas que se han realizado desde la izquierda chilena, eso pareciera. Éstas se han centrado en los límites y en la estrechez de la reforma: que existe una disminución en el global complementario para los más ricos, que se excluyó la tributación sobre el sector minero o que las empresas van a seguir exentas del pago de impuestos en Chile. La crítica del gatopardismo hace su entrada bajo la rúbrica de que todo cambie para que siga todo igual, sin embargo de allí no se ha pasado a lo que realmente queda igual y que se pretende perpetuar bajo un rostro humano con la emergencia del progresismo dentro de la discusión del proyecto de dominación de la clase capitalista chilena. Lo que con las acciones del emergente progresismo queda igual es la correlación de fuerzas entre las clases centrales del capitalismo, la clase trabajadora y la clase capitalista. En momentos donde la fuerza constituida desde la clase trabajadora es sumamente precaria, lo que tiene su expresión en la estrechez de las reformas donde los mayores grupos de presión no han dejado de ser conducidos por sectores clasemedieros, cabe preguntarse cómo y en qué situación deja al movimiento popular las reformas que el gobierno de Michelle Bachelet está llevando adelante.

     

    Bajo la impronta progresista se pretende llevar la discusión en torno a (1) la oposición Estado y mercado, enfocando el debate en (2) la mejora de las condiciones de vida de la población y en disminuir la aberrante desigualdad nacional. Este discurso resulta atrayente para diversos compañeros honestos que con su trabajo cotidiano buscan construir una sociedad mejor, sin embargo sus peligros no son menores como ya se ha planteado hasta aquí. Y es que (1) la oposición no es Estado y mercado, pues más que oponerse, el Estado burgués se articula para posibilitar la acumulación y predominio del capital, manteniendo la tan necesaria cohesión social en la población. Además, un Estado más fuerte y un retroceso del mercado no implican mecánicamente mejores condiciones para la organización popular. La construcción de organizaciones que aspiren a la superación del predominio del capital no tiene atajos y debe ser enfrentada directamente a través de un trabajo que es arduo, cotidiano y, la gran mayoría de las veces, poco satisfactorio al corto plazo.


    Y respecto a (2) la mejora de las condiciones de vida, esto no se reduce a los niveles de ingreso y de consumo, con las consecuentes y miserables estadísticas en torno a múltiples líneas de pobreza; sino quedebe ser analizado desde las reales posibilidades que tenemos de construir y mejorar nuestras propias vidas, y no simplemente de recibir las siempre fluctuantes migajas del chorreo capitalista. Esto va más allá de controlar el tiempo o el contenido del trabajo propio, verdaderos límites cotidianos del trabajo alienado, pues implica el que desarrollemos las capacidades de construir las poblaciones donde vivimos, los colegios donde estudiamos y los centros de salud donde nos atendemos. En este sentido, ¿hasta qué punto las reformas promovidas por Michelle Bachelet mejoran la vida de las personas? ¿Hasta qué punto nos permite avanzar en ser dueños de nuestra vida? ¿Hasta qué punto nos dejan en una mejor posición como movimiento popular para poder avanzar más allá de los límites que el capital está dispuesto a ceder frente a lo que, hasta ahora, han sido demandas más bienclasemedieras y que han sido en su mayoría incorporadas al programa bacheletista?


    Y es que ya lo hemos visto, quienes viven y se apropian del trabajo de la gran mayoría tienen un amplio espacio para mejorar las condiciones del pueblo en Chile, sin embargo su límite está y estará dado por las fuerzas que pueda desarrollar la clase trabajadora tanto para avanzar en mejores condiciones de vida y en las posibilidades de la democracia burguesa, como para ir más allá de los límites a los que tales fuerzas están condenadas bajo la primacía del capital.

     

    Manuel García – Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
    Sebastián Link – Lic. En Antropología, Mg © en Análisis Económico, Universidad de Chile
  • Los anuncios realizados recientemente por el Ministerio de Educación sobre el carácter de las reformas educativas fue una cátedra de manejo político por parte de la Nueva Mayoría. Adelantándose a nuestros débiles lineamientos programáticos y nuestras inestables bases de las fuerzas sociales

     del movimiento estudiantil, el Ministro Eyzaguirre dejó expuesta claramente la debilidad de los argumentos de desconfianza -con la cual se escuda el estudiantado- y sobre el muro ideológico neoliberal que impide las transformaciones.

     

    El movimiento estudiantil que trató de argumentar la falta de compromiso, definición, de confianza política y anti-reformismo de la Nueva Mayoría quedó desconcertado frente a la iniciativa de “desmantelar la educación de mercado”. En este contexto, las reacciones fueron rápidas, pero aún mantuvieron la inercia característica del comportamiento de las dirigencias en los últimos años. El sector ciudadano-progresista tendió a profundizar la desgastada tesis de la desconfianza: “ver para creer”. El problema de dicho argumento es que las personas en el Chile actual ya poseen actitudes de confianza o de desconfianza de la clase política. Ya no se puede radicalizar el argumento, y aunque se pudiera esto no sirve de nada, pues es poco probable que las personas cambien su disposición política y actúen de una manera esperable para el movimiento estudiantil sólo con dicho argumento. Como correctamente han señalado otros sectores, si bien es justo desconfiar de la clase política, entendamos que esto no es solo producto de los antecedentes biográficos de las clases políticas. Se debe sumar factores como los intereses propios de las clases políticas en las reglas del sistema político actual, y más importante aún, los fuertes vínculos estructurales que tienen ellos con la burguesía, especialmente con el gran capital.

     

    Por otro lado, la crítica anti-neoliberal que se basa en una crítica inmediata a la institucionalidad y el llamado a unidad de los sectores no privilegiados por el modelo actual, trató de desmantelar las estrategias de la clase política sin mucho éxito, recurriendo al argumento de la amenaza de cooptación. El problema de este argumento es que al igual que el argumento de la desconfianza, no produce muchos cambios si no se identifican claramente los mecanismos específicos, es decir, cómo se va a cooptar y qué se va a cooptar. Esta falta de claridad se observa por ejemplo en las conclusiones expresadas por los estudiantes sobre qué se va a cooptar y cómo, consideradas en el programa de gobierno como cooptable. Es importante que entendamos y destrabemos los espacios de negociación y cooptación en relación a los múltiples intereses y su sustento organizativo; puesto que éstos son los que le dan forma y poder al movimiento popular.

     

    Finalmente, otro argumento es el de la oxigenación, el cual indica que las reformas educativas son posibles, pero son utilizadas por la burguesía para darle espacio de expresión al malestar social. Esto a su vez evitaría que la gente se siguiera manifestando, organizando y elevando sus niveles de conciencia. Sin embargo, si analizamos el desarrollo histórico y presente, la disminución del malestar social y las reformas comprometidas no se correlacionan de forma regular, ni en Estados que han sido represivos, ni en aquellos descritos como democráticos. Dicha evidencia nos impone el desafío de analizar la naturaleza de las conquistas sociales y su relación con la revolución.

     

    Los argumentos de la desconfianza, cooptación y la oxigenación son argumentos que guardan un grado de verdad, y tal vez por eso son tan atractivos a las dirigencias y sus fuerzas políticas. Sin embargo, tenemos que avanzar hacia definiciones que entreguen mayor claridad de lo que está pasando, especialmente, sobre las acciones de la burguesía, y las reacciones del proletariado y sus aliados (porque por ahora son reacciones). Cualquier tesis que depende unilateralmente de la organización o la unidad del proletariado, y por ende que reifica y da por sentado las estrategias de la burguesía y las condiciones necesarias de reproducción de ésta, abandona inmediatamente la tesis de la lucha de clase como un motor de la historia. La misión es entender la sociedad de forma materialista e histórica, mientras se hace (o se podría) hacer historia.

     

     

    2

     

    Para aproximarnos a la profundización sobre el análisis de coyuntura actual en la educación es necesario que tengamos claridad en torno a la unidad y la diferencia. Cuando se habla de educación se está haciendo referencia a instituciones concretas, con relaciones sociales particulares, y objetivos productivos y de circulación bastante diferentes. Usualmente en la discusión se habla de “La Educación” como esta gran unidad de las actividades educativas dentro de la formación social, como si todas las instituciones educativas trataran de lo mismo, y tuvieran los mismos procesos y sujetos. Si bien es justo desear que todas las actividades educativas fueran parte de una gran educación socialista, esto se puede constituir como un deseo engañoso y una reificación que ofusca los matices. Esta se debe analizar temporalmente y descomponer no solamente en términos legales o de ingeniería social, sino también por razones políticas. Esto quiere decir que el problema de los diferentes sectores de la educación no se debe entender solamente como diferentes régimen legales o diferentes desafíos organizativos que rigen las mismas actividades. Sino que entender que la organización misma de las relaciones sociales es profundamente diferente en lo concreto.

     

    De este modo, podemos identificar tres tipos de relaciones sociales educativas actualmente en Chile. Estas relaciones conforman tres tipos de instituciones, que son la forma aparente de éstas, y que representa la codificación en estatutos y leyes de las prácticas de facto sobre quién enseña, quién aprende, qué se enseña, cómo se enseña, cuál es el producto de esa enseñanza, y en general, quién tiene la autoridad y la potestad de decisión dentro de la institución. Mediante este método podemos distinguir tres tipos ideales, es decir, formas que representan tendencias útiles para el análisis, pero es necesario aclarar que no necesariamente las encontramos de forma pura en la realidad:

     

    1. 1- Instituciones de producción y comunicación cultural
    2. 2- Empresas educativas
    3. 3- Instituciones políticas administrativas que entregan servicios que no entrega el mercado

    Las instituciones de producción de conocimiento y formación educativa son universidades de investigación (actuales y planificadas); proyectos educativos privados y públicos, institutos tecnológicos de excelencia, colegios municipales de excelencia; básicamente cualquier institución que tenga por objetivo enseñar, ya sea por razones valóricas o por exigencias de especialización e innovación del sistema económico, cuyo principal interés es centrarse en la calidad de las prácticas educativas y/o conocimientos producidos por investigación. De este modo, las relaciones sociales se orientan en alcanzar estándares de calidad definidos mediante proyectos institucionales con mayor autonomía de otros sistemas sociales.

     

    Las Empresas Educativas son los colegios subvencionados, las universidades privadas de docencia, las innovaciones gerenciales en colegios municipales y gran parte de los Institutos Profesionales y Centro de Formación Técnica, pues éstas se orientan por la generación de utilidad y la lógica de firma acorde.

     

    Finalmente, las instituciones políticas que entregan un servicio que es considerado mínimo y necesario, (no por ello gratuito), y cuyo interés es satisfacer una demanda frente al Estado; demanda compuesta por familias que no tienen posibilidades de acceso a los otros circuitos de instituciones educativas. Estamos hablando de colegios municipales, universidades tradicionales de docencia, regionales y sin financiamiento, e instituciones privadas sostenidas por caridad.

     

    El punto acá es que las lógicas de organización en las relaciones sociales que componen estas instituciones son diferentes entre sí y. por lo tanto, las posiciones que generan y las formas en que afectan las personas tienen sus particularidades; y que estás no corresponde ni a niveles educativos, ni al tipo de administración del colegio.

     

    Solo después de estas consideraciones, la pregunta por la propiedad legal (privado/pública) hace sentido. En la medida que reconocemos las diferentes lógicas de las relaciones sociales, la pregunta de la naturaleza del código y la fuente que sustenta la autoridad dentro de la institución educativa se puede desarrollar en toda su extensión. Si la administración es privada o pública, impacta en las formas de inversión, reinversión, resolución de conflictos internos y la relación con el Estado Chileno. Sin embargo, estas dimensiones están mayormente influidas por las relaciones sociales internas, más que por la distinción legal de propiedad. La continuidad entre Estado y Mercado educativo no solo se acrecienta por los vínculos entre capitalistas y clases políticas, sino también porque actualmente existe una ideología educativa compartida entre ambos actores.

     

    Para cerrar este argumento es importante notar que vivimos en el capitalismo, una sociedad que posee estándares de eficiencia y monetariza las diferentes relaciones sociales e instituciones. Por lo cual, todas las instituciones comparten una exigencia de balance presupuestario, e incluso el imperativo de mínima capacidad de generar utilidad u otras formas de valor. Al mismo tiempo, todas producen educación, como transmisión de alguna clase de conocimiento. No tenemos que confundir las prioridades y objetivos que guían las relaciones sociales, con los productos principales y externalidades de la realización del proceso.

     

    Este análisis es el primer paso para entender las formas que adquiere el interés de las personas que entran a estas instituciones. Los sujetos que acceden a las instituciones culturales (1) tienen una relación más cercana a intereses discursivos y reproducción de una forma de vida, pero también un interés importante es la capacidad de acceder a posiciones de poder e influencia mediante la educación (tanto dentro de la institución como en la estructura social y política de la polity). Con esto no nos referimos a los grandes ideólogos o políticos, ni a los futuros actores individuales; sino a la gente que le interesa participar del gobierno municipal, ser agente de influencia en su comunidad, participar en organizaciones de la “sociedad civil” o el Estado, o poseer una empresa que también tenga orientaciones sociales. Básicamente que no se conforma solamente con votar y mantenerse en la periferia del ejercicio del poder.

     

    Las personas que acceden a las instituciones como negocios (2) entran como consumidores, por ende, la relación inmediatamente tiende a la maximización de utilidades o, dicho de otra manera, qué tan buena educación puedo obtener por el precio que estoy pagando. Esto no quiere decir que no se observen tendencias menores y esperables, como aquellos individuos que no accedieron al primer tipo de educación, pero llevan consigo el entendimiento de la educación relativamente similar que los del primer caso. Lo mismo es aplicable a los individuos que entran a las instituciones como servicio básico que, sin embargo, (3) mostraría una tendencia de un interés fundamentado en mínimas pretensiones de movilidad social, reproducción social, valoración del orden social, presión familiar y presión legal.

     

    Los intereses que traen los estudiantes maduran en estas instituciones e incluso son reorientados, debido a que estos se insertan en posiciones que estas relacionadas entre sí, en las lógicas descritas entre los tres tipos de instituciones. El interés no se debe entender como una posición subjetiva a priori, sino como mecanismos que impulsa la búsqueda de ciertos beneficios dentro de ciertas relaciones sociales. Si estoy en un negocio, me terminaré identificando como cliente y buscando mejor rendimiento de mi pago; si estoy en una institución de producción de conocimiento, me entiendo a mí mismo como parte de ese proceso, y busco influir en éste. Este mecanismo no se relaciona vis-a-vis con todos los intereses observados, sin embargo, ilumina ciertas tendencias de cómo se constituyen los conflictos dentro de estas instituciones, y qué tipo de disposiciones forma en relación a la institución y el beneficio obtenible. Además, bajo estas condiciones, los intereses se acentúan entre beneficiados (usualmente los sujetos de autoridad dentro de la institución educativa y una parte de los estudiantes) y no beneficiados (el resto de los estudiantes) dentro del proceso educativo específico. En el caso de las autoridades del proceso usualmente ellas siempre son beneficiadas. Mientras que, en los estudiantes, unos logran obtener los retornos esperados, en tanto, que otros no lo logran. La diferencia entre estudiantes pareciera ser definida por su capacidad de adecuarse a los estándares y exigencias internas.

     

    En ese sentido, los intereses de los no beneficiados, radicaliza los intereses de su posición: (1) los individuos que buscan influenciar la sociedad o avanzar rápidamente en la estructura social, acentúan el problema de la deuda y el no acceso a herramientas y espacios de influencia actual y futura; (2) los individuos que buscan mejorar sus condiciones de vida, y que entran a instituciones orientadas por lógicas de negocio, acentúan la relación percibida como insatisfactoria entre costos de la educación y posibilidades laborales que abre la educación dada; y (3) los individuos que son parte marginal de los servicios públicos, y del proceso general, acentúan su condición de marginalidad, poco acceso a mejor educación, y un sentimiento generalizado de exclusión.

     

    Como se ve, las reformas a la educación no tienen nada de revolucionaria por sí mismas. De ahí que los actores sociales (vanguardias políticas, aunque no se reconozcan como tal) buscan activar agentes colectivos y nuevos actores sociales mediante la invocación de posiciones objetivas y subjetivas que los agentes individuales sostienen. Esto sucede mediante los discursos de “la ciudadanía democrática”, “capitalismo con rostro humano”, “dos revoluciones”, “el pueblo” y los “trabajadores”. Esta invocación al poder del discurso, no significa que se borren los intereses particulares de los diferentes tipos de estudiantes no beneficiados por la educación. Menos aún borra el hecho que sectores particulares de los estudiantes, tengan además intereses y experiencias relacionadas con el mundo del trabajo, por ende, tengan una potencialidad revolucionaria.

     

    Sabiendo esto, es comprensible que los actores sociales (como vanguardia) se movilizan y desarrollan sus argumentos de cooptación, represión, desconfianza y oxigenación; sin embargo, se requiere un salto cualitativo de modo de relacionar estos argumentos con los intereses particulares de agentes individuales y agentes colectivos. A su vez, se debe mantener la claridad que el proceso de movilización, las alianzas y las formas discursivas no borra las posiciones e intereses objetivos previos, ni la fuerza material y emocional con que se manifiestan.

     

     

    3

     

    Con respecto al enemigo, hemos de tener cuidado con cómo entendemos las estrategias de las clases burguesas y sus segmentos políticos. Primero, no podemos afirmar que éstos quieren defender el status quo simplemente porque sí. Consideremos por ejemplo que los tres tipos de relaciones sociales educativos en su conjunto tienen como algunas funciones: (1) producir inclusión parcial y suficiente para sectores marginales, (2) formar cuadros técnicos-profesionales, (3) generar mecanismos de movilidad social y selección profesional, (4) sostener ideologías neoliberales (particularmente la meritocrática), (5) reproducir una serie de valores democráticos y de prácticas económicas que contribuyen al sentido común y fortalecen la hegemonía, (6) estimular la innovación científica y productiva en Chile, (7) crear espacios de discusión intersubjetiva cívicos, éticos y religiosos, y (8) ser un símbolo de la discusión política actual. Por ende, la constelación de relaciones sociales al ser mecanismos estratégicos tendería a ajustarse y a transformarse, más que cristalizarse en una posición.

     

    La educación, y las instituciones educativas, son parte importante de los proyectos históricos, incluso del gobernado actualmente por la burguesía chilena. Como tal, es imperfecto, susceptible a cambios y negociable. El interés a priori de la burguesía no es mantener la educación como bien económico, ni de extender la monetización en instituciones educativas o similares; sino que mantener su propia forma de vida, su poder en la sociedad y los patrones de acumulación que permiten esto. La educación no es separable de las nuevas necesidades reales y percibidas del proceso del trabajo, ni de la economía nacional, particularmente del sector de commodities y de las “nuevas economías globales”.Cualquier juicio sobre las estrategias y límites de maniobrabilidad de la burguesía debe responder a los límites reales de la reproducción ampliada del modelo capitalista, y del proyecto histórico que la Nueva Mayoría y los sectores burguesas más flexibles intenta proponer: ¿Existe la posibilidad de un giro de la economía nacional? ¿Chile puede seguir basando su economía en la extracción y en un bajo valor agregado? ¿Necesitamos más cuadros técnicos y profesionales? ¿Se desarrollarán nuevas áreas de servicios en Chile? ¿Qué tipo de forma de integración económica se privilegiará? ¿Se puede seguir presionando la tasa de explotación en cada sector? ¿Existen posibilidades de desarrollo tecnológico?, etc.

     

    Finalmente, quisiera hacer referencia a la educación no solamente como reflejo de la lucha de clases en sus condiciones económicas y políticas. Hoy por hoy, la educación posee un valor agregado meta-político. Es decir, no tan solo es parte de la política regular, sino de una dimensión simbólica extraordinaria. Éste es el botín simbólico más importante de los últimos 25 años, y quien pueda (re)presentarse a sí mismo como el actor más efectivo en las negociaciones y enfrentamientos en el proceso de reforma educativa, podrá ejercer una influencia clave en los años venideros. La situación actual nos ha llevado a que la educación no solo sea clave desde un punto de vista de la calidad de vida y la balanza general de la lucha de clase, sino también de la relación interna entre los bloques históricos.

     

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  • Existe una pregunta central que siempre debe ser respondida ¿Por qué investigar sobre nuestras sociedades y la condición humana? ¿Existe una necesidad primordial de investigar nuestra sociedad para luchar por ella? ¿Cómo el conocimiento de nosotros, la condición de emancipación y la construcción de una sociedad puede aportar a la lucha social? 

    Para aquellos involucrados en la investigación social la respuesta es usualmente obvia, sin embargo encierra una simpatía por lo que se hace, que todos tienen con respecto a sus actividades.  Por lo cual, debemos identificar de forma clara qué es lo que se puede conocer y qué utilidad nos plantea, para poder entender a qué rol se convoca cuando se plantea lo que tradicionalmente se conoce como lucha ideológica.

    En primera instancia, podemos señalar que el capitalismo tiene ciertas regularidades dentro de los procesos que lo conforman (procesos políticos, económicos y culturales). Estos procesos son reales y objetivos; es decir, son independientes de quienes lo observan y son propios del capitalismo. Por ello, el conocimiento de esas regularidades es un marco mínimo para la toma de decisiones de estrategia y táctica. Lamentablemente, muchos de estos procesos no son directamente aprehensibles en nuestra experiencia inmediata (en nuestras posiciones y roles que llevamos a cabo todos los días), sino que las personas debemos usar esas experiencias y generar un conjunto de nuevas experiencias (mediante herramientas de investigación) para poder dar cuenta reflexivamente de cómo estos procesos políticos, económicos y culturales operan (tanto en armonía, como en contradicción), y cómo afectan nuestras vidas y la posibilidad de liberarnos de la explotación y dominación, de la miseria en que vivimos.

    La realidad externa de estos procesos obliga, pues, a que el conocimiento de estos procesos dé una ventaja estratégica en la toma de decisiones, pero también permite estimular la consciencia de clase, puesto que uno de esos procesos es lo que denominamos la “lucha de clases”, elemento que se expresa tanto de manera evidente (en conflictos sociales) y de forma invisible (sueldos, dominación, ideología, entre otros).

    Por lo tanto, derrotar y superar el capitalismo es un proceso que necesita de un conocimiento de sus procesos y de sus regularidades. En primera instancia, como un conocimiento predictivo de lo que va a suceder y, en segunda, como una estimulación a la consciencia de clase, basada no tan solo en cómo es la sociedad y cómo puede ser, sino también en cuáles son los parámetros de lo humano y su emancipación.

    Con respecto a los objetivos de esta tarea, lo primero es entender los fundamentos del capitalismo y participar en la construcción de un movimiento popular. Esos dos objetivos están relacionados, pero no son estrictamente lo mismo. Lo primero habla de las regularidades y su evolución, lo segundo habla de la subjetividad proletaria, las posibilidades de acción colectiva y los efectos sociales de esta acción social en diferentes contextos.

    El primer objetivo nos lleva a una conciencia teórica de este fenómeno histórico conocido como capitalismo. Es una tarea descubrir cómo funciona y cómo hemos de comprenderlo en su unidad y su variedad, pero también la conciencia de sus fundamentos. Ello obliga a pensar en aquellas sociedades pasadas, presentes y futuras que no han sido capitalistas, especialmente en cómo sus regularidades se conectaban con una ética de lo humano y la posibilidad concreta del desarrollo de ésta.

    El segundo camino nos lleva a la construcción de una estrategia y un proyecto político, no tan solo como un mecanismo técnico de evaluación y predicción, sino también en la reflexión de la superioridad de la ruta revolucionaria y la meta socialista. Nos lleva a considerar y reflexionar sobre lo moral y lo político en la constitución de un movimiento como fuerza revolucionaria.

    (Esto es un extracto de nuestro texto teórico con respecto al papel de la investigación social en las luchas del movimiento popular Descargar)

  • La investigación sobre las revoluciones tiene como objetivo conocer cómo son los procesos de lucha popular que se han gestado dentro de formaciones sociales históricas, especialmente a lo referente al rol que han jugado los intelectuales. 

    Esto tiene como orientación práctica conocer las posibilidades que tenemos como investigadores, intelectuales y teóricos de participar en el movimiento popular, principalmente pensando en cómo se puede construir lucha ideológica.


    La investigación en su metodología revisa las experiencias de Vietnam (1890-1970), México (1840-1920) y Etiopía (1940-1980) mediante documentos históricos, sociológicos, etnográficos y económicos. Además, se propone un mecanismo de análisis que permita identificar desde un punto de vista cultural qué influencia ejercieron los sujetos históricos especialmente aquellos que están involucrados en los aspectos ideológicos de las sociedades descritas.

    Ficha México
    Ficha Etiopía